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La protesta social es un derecho humano, reconocido a nivel internacional, pero que se ha entendido por las autoridades de Colombia y los medios de comunicación comerciales como actos de violencia que requieren la represión y la muerte, en el marco de una seguridad represiva.

La realidad es que en todo el mundo hasta la policía protesta por sus reivindicaciones. Pero en Colombia cuando protestas  los estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, sindicatos,  habitantes de los barrios que reclaman servicios, incluso personas con discapacidad; reciben una fuerte represión por militares y policía, usando incluso armamento letal y prohibido por la legislación internacional.  

El Smad y el uso de gases lacrimógenos, caballeria y tanquetas ya son de uso común.

En lo transcurrido del año 2018, van más de 14 ciudadanos colombianos asesinados en los eventos de protesta en actos atribuidos a la fuerza pública. Todo ello en un marco de persecución y asesinato a líderes sociales. A la fecha van 322 lideres, hombres y mujeres que han sido asesinados.

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