Muchos funcionarios, se han dedicado a utilizar métodos autoritarios y a dar exclusivamente órdenes de restricción de los derechos de los ciudadanos, olvidando que hay otras maneras, más democráticas y más respetuosas de los derechos humanos, que debe utilizarse aún en los momentos de crisis como los que estamos afrontando. Dan órdenes, desde arriba, para restringir derechos y utilizan la represión, olvidando la situación real de las personas, las medidas concretas y las acciones inmediatas para tratar de ayudar de verdad a las personas de carne y hueso y dentro de estas a las más débiles y especialmente a las más vulnerables económicamente. Unos ejemplos, nos ayudan a ver lo equivocado que están haciendo.
Existe un consenso mayoritario en la comunidad científica, de que algunas de las medidas esenciales es la utilización de agua, jabón y desinfectantes. La pregunta elemental entonces es: ¿tienen todos los colombianos acceso a estos elementos? Y la respuesta muy clara es que no. La pregunta siguiente es: ¿qué está haciendo el gobierno nacional, los gobernadores, alcaldes y todas las demás autoridades para que todos los colombianos tengan estos elementos? ¿En qué lugar exactamente se los están entregando? ¿En sus casas? y ¿a los que no tienen casa, a los más pobres? ¿En qué cantidad y con qué periodicidad se los están entregando ya, para que puedan ir a reclamarlos? Y lo que es más importante, los ciudadanos necesitan que se los entreguen inmediatamente, hoy mismo, en el tiempo presente, y no que les hagan promesas futuras que tampoco cumplirán por qué ya los ciudadanos estarán muertos o en el mejor de los casos, habrán superado la enfermedad sin ninguna ayuda de la autoridad, sólo con su inmunidad biológica.
Existe, un acuerdo mayoritario entre la comunidad científica de que los tapabocas y los guantes de látex, ayudan a evitar el contagio o a propagarlo. Sabemos que muchos colombianos, no tienen dinero para comprar un poco de papa o yuca y mucho menos para comprar tapabocas y guantes; la pregunta entonces es: ¿Cuándo, dónde y cómo se están entregando, a esos colombianos que también tienen, como los Presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes, el derecho fundamental a la salud, y que deberían estarlos recibiendo, ya, gratuitamente estos objetos? ¿Dónde están los ministros, los gobernadores, los alcaldes, entregándolos?. Y aún los ciudadanos que pueden pagarlos se preguntan, cuando no los encuentran: ¿Dónde no están agotados y porque me los quieren vender a esos precios astronómicos? ¿Cómo se están controlando, ahora, no en el futuro, los suministros y los precios de estos bienes?.
Falta todavía lo más importante: como se trata de una enfermedad, que puede ser inclusive mortal, es fundamental determinar quiénes están enfermos y quienes no están enfermos; saber esto es fundamental para cualquier política pública racionalmente manejada. Saber esto, es lo primero que deberíamos tener claro y para saberlo es necesario practicar pruebas a todas las personas para conocerlo. No basta, con que algunas personas presenten síntomas, ya que se sabe que muchas personas son portadoras del virus, aunque no presentan síntomas, que no es lo mismo que no puedan contagiar a otras personas; ya que aunque no tengan síntomas pueden contagiar a otros, y aun que se sea joven se puede contagiar a otras personas. Por esa razón, debemos saber quiénes son los enfermos, aunque no tengan síntomas y la única manera de saberlo, es realizando pruebas a todas las personas. La pregunta entonces, es: ¿podemos practicarnos la prueba todos ya; donde podemos ir para que nos la practiquen; nos van a mandar a nuestras casas los elementos para realizar nuestras pruebas; quién va a asumir los costos de estas pruebas? ¿Los que no tengan capacidad económica, aun que no presenten síntomas, quien, como, donde, cuando, les van a hacer las pruebas a él y a su familia, para saber si están enfermos?.
Sobre estos y otros temas que nos preocupan a ciudadanos de carne y hueso, vemos muy pocas acciones realizadas por los gobiernos en todos los niveles: nacional, departamental o municipal. Muy pocas acciones prácticas, a favor de las personas más débiles sobre los temas fundamentales relacionados con los temas científicos para combatir la enfermedad y en cambio, mucha retórica represiva, antidemocrática y violadora de derechos. Veamos algunos pocos ejemplos de esta retórica.
El primero, la propuesta de una funcionaria, de que se cerraran los aeropuertos (otros proponen el cierre de todas las fronteras) para que se impidiera el ingreso de los colombianos que se encuentran en el exterior. Esto, no puede hacerse a la luz de la constitución actual, ni por el Presidente, ni por los alcaldes, ni por los gobernadores, y ni siquiera a través de una ley de la República, ya que el artículo 24 de la constitución establece que todo colombiano tiene el derecho fundamental a entrar y salir del territorio nacional y lo que es más importante, a circular libremente por el territorio nacional. En consecuencia todas estas propuestas de impedir ingresos a los colombianos e impedir su circulación por el territorio nacional son inconstitucionales.
El caso, que se reseña de una persona de Cartagena, y que según se afirma, había pedido en Bogotá que le practicarán una prueba, para saber si estaba enfermo o no y nunca se le hicieron y ahora quieren aplicarle una sanción penal. Es muy discutible que esa sanción sea legal y legítima si eso fueron las circunstancias reales de los hechos.
El anuncio, del fiscal General de la Nación, que amenaza con prisión a todos los colombianos que estén en la calle. Si no están enfermos y están circulando, y ejerciendo el artículo 24 de la constitución, que permite circular libremente a los colombianos por el territorio nacional, lo más probable es que estas sanciones sean ilegales, y legítimas e injustas. Miremos un poco más en detalle, que sigue después de la sanción o de la captura de estos ciudadanos y analicemos las dos hipótesis posible: la primera, que el ciudadano de verdad estuviera enfermo y circulando: ¿lo van a mandar a una cárcel o a un centro médico?, Y que pasa si se muera en la cárcel por falta de atención medica. Y qué pasa si se muere el y otros presos que se contagiaron por él en la cárcel. Si esto resulta así, lo más probable es que el Estado y los funcionarios que lo mandaron a la cárcel sabiendo que estaba enfermo, podría ser responsable de la muerte de esa persona, o de los otros presos. Pensemos, la otra hipótesis, que el ciudadano, no está enfermo, lo van a mandar a una cárcel para que se enferme y se contagie en nuestras cárceles ya hacinadas, donde no se puede mantener las distancias que recomiendan los científicos para evitar el contagio. Ninguna de estas dudas nos ha sido resuelta ni por el gobierno, ni por el fiscal ni por los gobernadores ni por los alcaldes, que amenazan todos los días a los ciudadanos con la cárcel. ¿Será que estos remedios, o medicinas represivas, son más mortales que la enfermedad que se trata de combatir?.
Veamos el caso de los abuelitos, como les están llamando ahora los mayores de 70 años a quienes se ordenó confinarlos y les están impidiendo su libertad de locomoción. ¿Será que los mayores de edad, por este hecho biológico, que no depende de ellos, pierden parte de sus derechos?. Creemos que no, que la libertad de locomoción no se puede restringir, con fundamento en la edad, que la única línea de diferenciación posible de trazar, es entre personas enfermas y personas no enfermas y que en consecuencia los mayores de 70 años, que no estén enfermos pueden disfrutar de su libertad de locomoción.
Es fundamental, que todas las autoridades colombianas, comenzando por el gobierno nacional y terminando en los alcaldes, entiendan que para enfrentar esta crisis, o cualquier otra que se presente, incluida la más grave que puede ser la guerra, se debe hacer respetando los derechos de los colombianos, desde una concepción democrática y no desde una autoritaria y represiva; y teniendo siempre presente nuestra constitución nacional, que tiene unos principios o valores muy claros para enfrentar todas las crisis, haciéndolas compatibles con los derechos. No sobra recordar que nuestro sistema constitucional hay una distinción clara entre los conceptos de pérdida de un derecho, suspensión de un derecho y limitación del derecho.
En Colombia la pérdida o privación de un derecho, sólo pueden hacerlo las autoridades judiciales, y por lo mismo no la pueden hacer los gobiernos, ni el nacional ni mucho menos los gobiernos locales, por muchos votos que tengan. En los estados de excepción, como el que decretó recientemente el gobierno nacional, la constitución nacional no permite al gobierno nacional que prive de derechos, ni siquiera que pueda suspender derechos y eso está expresamente establecido en el numeral 2 del artículo 214 de nuestra constitución; de modo que las únicas facultades que tiene el gobierno nacional, es la de limitar o condicionar el ejercicio de ciertos derechos; pero siempre sobre la base de que el derecho se puede ejercer y se puede ejercer aun que se le impongan ciertos gravámenes. Por ejemplo el ciudadano mayor de 70 años, que esté sano podrá circular, pero debe usar tapabocas, guantes, etcétera; lo que no se puede es suspenderle el ejercicio de su libertad de locomoción y confinarlos como se está haciendo; ni siquiera con el pretexto de que es para protegerlo en su salud. Y si esto no puede hacerlo el gobierno nacional, mucho menos los gobiernos locales. Veamos la norma en la parte pertinente.
“Art 214 C.N. numeral 2
2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.
Síntesis:
Consideramos que a los ciudadanos, especialmente a los más pobres no se les están dando los instrumentos necesarios y reales para hacer efectivo su derecho a la salud, que es un derecho fundamental de todos los colombianos, independientemente de su condición económica. Que las autoridades están abusando de la retórica y fallando en acciones concretas y en la entrega de bienes concretos a los más débiles; muchas palabras y pocos hechos. Que esta retórica, en una retórica autoritaria y represiva, que hace falta democracia y persuasión. La persuasión, es un elemento fundamental, para superar estas y cualquier otra crisis; sólo cuando se nos persuada que tenemos que cuidar de nuestra salud y de la de los demás; y cuando además se le entreguen los medios necesarios para hacerlo, a quienes no tienen las condiciones económicas para adquirirlos; todo ello acompañado de un conocimiento científico de la enfermedad y de la adopción de las mejores medidas técnicamente racionales, con el menor sacrificio de derechos, habremos triunfado sobre la enfermedad física y sobre la enfermedad antidemocrática. Si de verdad queremos lograrlo, tenemos que persuadirnos, que al lado de la lucha contra la enfermedad física, tenemos que llevar la lucha por el respeto a la democracia y que jamás, en ninguna lucha, se nos puede olvidar el respeto por los derechos humanos de los colombianos. ¡Más Racionalidad! ¡Más acciones reales a favor de los Más pobres! y ¡Más respeto por los derechos de los colombianos!
