Dentro de las problemáticas que nos llevaron a aunar esfuerzos y converger en la Alianza por la Salud Alimentaria – Colombia están el incremento anual de las población con obesidad y enfermedades relacionadas, así como las muertes por desnutrición de niños y niñas; las cada vez más elevadas importaciones de productos comestibles, descuidando la producción nacional de alimentos, y evitando que existan circuitos locales de producción y consumo de productos; el poco fomento y protección de la agricultura campesina y familiar y las políticas de privatización y comercialización de semillas que atentan contra la soberanía alimentaria.

El trabajo de denuncia, e información que desarrollan las organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria – Colombia  ha venido sensibilizando e incidiendo en los Gobiernos departamentales y municipales que ahora visibilizan la necesidad de prestar mayor atención e incluir dentro de sus programas de formación y cualificación la concientización frente a los temas que giran en torno a la nutrición de la población, pero también de sus sectores más vulnerables tales como la niñez, las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes.

Por ello, la alianza ha buscado incidir en la legislación y la reglamentación de la normatividad relacionada con temas tales como: la prevención y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles; lactancia materna; alimentación infantil; ambientes obesogénicos; economía campesina y agricultura familiar; los derechos de los consumidores; la utilización de organismos genéticamente modificados en la siembra y cultivo de alimentos y  el derecho a la información en el etiquetado de productos comestibles, entre otros.

En ese sentido, la Alianza ha buscado exigirle al Estado colombiano la adopción de políticas agrarias que generen modelos de producción sostenible de alimentos, que respeten los procesos tradicionales de siembra y cultivo de alimentos, llevados a cabo por los pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades rurales y de la pesca artesanal.

También se ha buscado exigir la implementación de políticas públicas diferenciales que protejan a la agricultura familiar, que respeten y ayuden a proteger el ambiente, generando resistencia en los territorios, mitigando los efectos del cambio climático; y que se defienda y fomente la producción, el consumo nacional de alimentos y el comercio justo.

Además, la Alianza ha exigido al Estado colombiano que se ejerzan controles eficientes sobre las industrias que producen y comercializan alimentos, de modo que las mismas actúen respetando los derechos a la salud, ambiente sano y alimentación adecuada, para que en caso de incumplimiento, se impongan las respectivas sanciones.

Una labor titánica

Esta no ha sido una labor fácil de desarrollar dada la cantidad de interferencias que se han venido presentando en el camino, como fue el caso de las campañas en contra del exceso de azúcar, las cuales fueron vetadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, los medios de comunicación y las multinacionales, entre otros poderes.

En ese caso específico, la alianza lanzó una campaña de prevención frente al consumo excesivo del azúcar y uno de las piezas informativas fue un video que se publicó en algunos medios de comunicación, en el que se muestran las consecuencias del consumo excesivo de bebidas azucaradas. Inmediatamente, el video fue censurado por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC bajo la influencia de empresas como Postobón que utilizan el azúcar como materia prima de sus productos.

Pueden ver el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3wBWkMcBdkY

Pese a esta sanción, que desconoció sobre todo el derecho de los consumidores a estar informados, el proceso fue llevado a la Corte Constitucional colombiana, que finalmente falló a favor de Educar Consumidores (quien pautó la pieza informativa) y de la Alianza por la Salud Alimentaria y reconoció que la decisión de la SIC había sido desacertada; en la Sentencia T-543 de 2017 la Corte Constitucional de Colombia explica que las entidades del Estado no pueden censurar la información en temas de salud pública, la cual tiene una finalidad muy distinta a la información presente en los comerciales de productos  comercializados que tiene fines lucrativos; la Corte afirma también que con la censura la SIC violó el derecho a informar, el derecho a recibir información y le ordenó a esa entidad derogar la censura contra la campaña informativa sobre los efectos que tienen las bebidas azucaradas en la salud.

Las organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria – Colombia son:

RENAF, IBFAN, AGROSOLIDARIA, SWISSAID, ANMUCIC, RECAB, OBUSINGA, LA TULPA, CEIP, EDUCAR IDA Y VUELTA, BUENA GENTE PERIODICO, RED DE CUSTODIOS DE SEMILLAS DE QUINDIO,PACIENTES DE ALTO COSTO, SESAMO, Red Papaz, DE JUSTICIA, CENDUN, FUNCOP, SLOWFOOD,  EDUCAR CONSUMIDORES y las siguientes personas naturales:

Gloria Elena Eraso (abogada), Francisco Javier Bacca Eraso (zootecnista, custodio de semilla Nariño), Mercedes Mora (Nutricionista profesora de la universidad Javeriana), Hernando Bolaños Diaz (balboastereo), Rubén Darío Pardo Santamaría (profesor de trabajo social   (UNIQUINDIO)Diego Alejandro Gaitán Charry y Luz Stella Álvarez (profesores de nutrición de la universidad de Antioquia).