Nombrada Maria Fernando Campo como alcaldesa encargada de Bogotá y ante su conflicto de interés al disponer de acciones de ETB en su propiedad, no pudo presentar el conocido acuerdo de privatización  que se había anunciado radicar desde el primero de mayo día internacional del Trabajo y que a la letra coincide textualmente en un 100% con el ahora radicado por la otra alcaldesa adhoc Maria Cristina Michelsen,  nombrada por el Gobierno del Presidente Santos.

Hasta aquí en un primer término Samuel Moreno deja lista la iniciativa en desaire al Comité Ejecutivo Nacional y Distrital de su Partido de Gobierno el Polo Democrático, que había rechazado la iniciativa de socio estratégico y la de enajenación total de E.T.B. por la flagrante violación del programa de gobierno y del ideario de unidad del PDA.

Al lado de ello el Procurador General de la Nación con una arrojada intervención en política suspende con acelerada prontitud al alcalde, lo que ocasiona el nombramiento de la  Campo mediante el Decreto 1390 de 3 de mayo de 2011,  ex presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá  de Bogotá aliada del empresariado y desde luego asidua neoliberal.

En Decretos firmados por Santos y Vargas Lleras se nombra como Alcaldesa Ad -hoc del Distrito Capital de Bogotá, a Maria Cristina Plazas Michelsen, familiar del banquero Jaime Michelsen reconocido por sus auto préstamos del Grupo Gran colombiano, durante el Gobierno de Belisario. Con los Decreto 1755 de mayo 26 de 2011 y el 1921 de junio 1 de 2011 la  adhoc quien se desempeña como Secretaria del Consejo de Ministros, se le encarga  “para que conozca y decida lo relacionado con la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital, a través del cual se autoriza al Distrito Capital para enajenar la propiedad accionaria de la Empresa de Teléfonos de Bogotá -ETB.” Y posteriormente y cerrando el paso el ilegal Decreto establece que la alcaldesa Ad Hoc procederá a “la convocatoria a sesiones extraordinarias con sujeción al Decreto 1421 de 1993 y demás normas pertinentes, y sancionar y promulgar el acto una vez sea aprobado por el Concejo Distrital.”

Todo esto en un inusitado afán y con la violación de los mínimos legales: el nombramiento de la Adhoc Maria Cristina Plazas, no recae en persona alguna del Polo, como lo manda el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, y además se le faculta en un exceso de funciones públicas y sobre la excusa de un impedimento para presentar un Proyecto de Acuerdo y además de citar a unas también sesiones extraordinarias del Concejo de Bogotá,  abrogándose  derechos de un Alcalde Mayor conforme lo establece la Carta Política, el Estatuto Orgánico de Bogotá (D.L. 142 de 1993) y el mismo reglamento del Concejo de Bogotá quien ahora se le impone sesionar para estudiar un Proyecto que irrespeta los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Por otro lado ha sido visible la imposición del Presidente  Santos sobre una agenda “condicionante” y su supuesta preocupación en los asuntos de Bogotá, que intenta de fondo en el cuarto punto de la Agenda la privatización de E.T.B. Al respecto ha sido muy Clara López, al indicar que rechaza como mandataria a la privatización de E.T.B que representa una violación al programa de gobierno aunque la verdad se debió haber pronunciado sobre su rechazo a la privatización de E.T.B. y no aceptar la presentación del Acuerdo por la Ad Hoc.

Entiendo… son los momentos de la política pero es ahora cuando se debe entender  que en ejercicio del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 que establece que “el alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular…” la alcaldesa Clara López debería retirar el Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 que propone la enajenación total de las acciones que tiene Bogotá y sus entidades en E.T.B. y hacer una excepción de inconstitucionalidad  por las violaciones normativas impuestas por el gobierno nacional.

Quedan dos caminos frente al grave riesgo al patrimonio: en primer lugar que el Concejo de Bogotá en sano debate comprenda mayoritariamente o por consenso que se debate un Proyecto de Acuerdo ilegal e ilegítimo, y que se le ha impuesto una agenda externa a Bogotá con los afanes de quienes desean apropiarse de lo que es nuestro y que el concejo se abstenga de votar o voten negativamente el proyecto de acuerdo o incluso que ante la brevedad de un tiempo tan corto y acelerado sea archivado.

En segundo lugar que Clara López ex Presidenta del PDA y Alcaldesa encargada proceda a retirar el proyecto de acuerdo 172, en cumplimiento del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 que le manda a gobernar sobre la base del programa de gobierno, votado por cerca de un millón de ciudadanos y que contrario a la privatización apueste al fortalecimiento del patrimonio público de E.T.B., aún más que se exprese positivamente ante el derecho de petición que le he radicado en vías a que se declare el decaimiento del acto de nombramiento de la Ad Hoc y la ilegalidad de la presentación y debate del Proyecto 172, por cuanto no subsiste en la Alcaldesa Mayor ningún conflicto de interés en E.T.B. como si lo tenía la Campo.

Finalmente ya es la hora de que todos les digamos la verdad a las élites de banqueros enclavadas en E.T.B., al respecto me he venido expresando en el Concejo de Bogotá: 1. Existe una notoria premeditación del Presidente de ETB y su administración de promover un marchitamiento de la empresa, he de recalcar en las próximas horas los hechos concretos de mi afirmación y de presentar cifras desentrañando las falsas motivaciones que configuran  una falsedad ideológica para promover  la venta de ETB a precio de huevo. 2. Creo que es suficiente que Santander Investment se haya llevado del bolsillo de los bogotanos $4.800 millones en asesorías, lo lamentable es que para hacer lo mismo de nuevo  (valorar, hacer seguimiento a la privatización) hace quince días  contraten a otra banca ”Valor y Estrategia S.A.” por otros $395 millones a los cuales como es costumbre se le hacen infinitos otrosis y en plena falta de vergüenza le pidan al concejo que le ratifiquen esta banca de inversión.

Esto ya no debe ser un debate político de izquierda y derecha, o de neoliberales y estatistas, creo que esto ya debe ser un debate de todos contra  hechos de corrupción y desgreño administrativo en E.T.B.

Ya es la hora de un recambio en serio: que Clara cambie toda la Administración desde el Presidente y Vicepresidentes nombrados por  Samuel y que Clara también cambie toda la Junta Directiva nombrada por Samuel. Es la hora que el Concejo y las fuerzas vivas de la ciudad exijan colocar en la dirección a gente buena que desee defender y garantizar el fortalecimiento de E.T.B.

El Concejo no debería girar un cheque en blanco a los mismos ilegítimos de antes aún presentes, no podemos arriesgar un activo de la ciudadanía que  vale en libros 4,9 billones de pesos y que le dado importantes beneficios sociales a Bogotá D.C., no podemos dejar a E.T.B. a expensas de los especuladores de bolsa que han calibrado el valor de la acción de E.T.B. al mínimo de $515 pesos en el 2011, por que si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 172, el mecanismo fijado es el de la subasta al mejor postor que ya es conocido e integrado accionariamente con las bancas de inversión y al cual se le ha dado con anticipación el precio.

La sabiduría y la destreza política se pone al orden del día por el Concejo de Bogotá y la Alcaldesa Clara y al lado la fuerza de las ideas nobles y de la movilización social que son determinantes para detener las malévolas intenciones. Finalmente La gente de la Ciudad… y los trabajadores de E.T.B. deben expresar el  aprecio por la insigne E.T.B.