La ciudadanía formuló desde el castigo con el voto, el cumplimiento de la silla vacía a los partidos de funcionarios corruptos, sanciones penales y disciplinarias hasta el  castigo indígena de amarrar y untar de miel y colocarlos en sitios donde las hormigas puedan hacer de las suyas.

Desde las 3:30p.m., cerca de 100 ciudadanos compartimos ideas alrededor de las inquietudes formuladas. El tiempo no permitió responder preguntas de mucha profundidad como ¿Qué ideas podemos proponer a la ciudad para que se refuerce el cambio de comportamientos? Sobre lo cual pretendo referirme.

Si bien el seminario fue participativo, creo que el escenario que se crea es del examen de los aspectos negativos olvidando el reforzamiento sobre conductas positivas de funcionarios y ciudadanos que actúen en la vida pública y social con transparencia. También el seminario deja por fuera la formulación de asuntos estructurales de la visión de una ciudad y de un Estado moderno sobre lo cual opino en breve: Bogotá si cuenta con instrumentos que podrían permitir realmente el control social, la participación y la veeduría ciudadana.

Mediante el Acuerdo 257 de 2006 conocida como la reforma administrativa de Bogotá se crearon por iniciativa del Consejo Territorial de Planeación de la época, el sistema distrital de participación, el sistema distrital de presupuesto participativo, el sistema de indicadores de impacto de la gestión pública.

Se trata entonces de abrir los espacios para que la ciudadanía sea gestora desde el proceso de planeación, ejecución y la rendición de cuentas. Es insuficiente la formulación del derecho a la información, que podemos calificar tan solo como el nivel mínimo de la participación.

Es de recordar como el Plan Distrital de Desarrollo cuenta también con la meta de reestructurar el sistema distrital de participación, tema sobre el cual tuve la oportunidad de escribir un libro que fue desestimado por la administraciones distritales pasadas quienes prefirieron sancionar por Decreto y sin participación alguna dicho sistema.

Por otro lado se queda corta la Veeduría al examinar solo a personas naturales desde la visión de la corrupción de funcionarios o ciudadanos. Esto por cuanto son las empresas organizadas frecuentemente como monopolios, caso de claro, las empresas de obras y vías  y otras que actúan en forma sistemática contra la ciudadanía sin que las autoridades se pronuncien con sanciones ejemplares.

Se tiene entonces que tampoco se trata de volver al mecanismo exclusivo de la licitación, a la cual la Veeduría se atiene y la Alcaldía Local de Chapinero se acoge más por miedo a las investigaciones que por razones sociales. El mecanismo de licitación es el que ha beneficiado y beneficia a los grandes monopolios del carrusel, por cuanto quienes adquirieron las habilidades y potencialidades para contratar y tienen el poder económico y financiero fueron precisamente esas empresas de la corrupción. La comunidad y las microempresas y fundaciones no tienen ese potencial por que siempre los poderosos y corruptos les han negado las posibilidades. Por ello la Veeduría debería reexaminar su posición en torno a los convenios de cooperación y asociación con comunidades organizadas que prestan sus potencialidades de esfuerzo humano frente a estos monopolios.

El proceso de debate realmente es interesante y participativo: por fin a la Veeduría Distrital se le ve con un proceso interesante de impacto frente a la ciudad.