Por éstos mismos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional Bogotá le formuló imputación de cargos por incurrir presuntamente en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La denuncia fue interpuesta por la presidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta Administradora Local de Usaquén. Durante la audiencia, la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento  por considerar que no se cumplen los requisitos para su imposición.

Sucede que el  28 de diciembre de 2016, la funcionaria suscribió contrato con Fonade para la adjudicación de las obras, al parecer, desconociendo el principio de economía al no realizar estudios previos de necesidad y conveniencia para garantizar el buen uso de recursos públicos.

Un caso similar al de Usaquén ocurrió en la localidad de Fontibón, donde la Alcaldesa también suscribió un contrato interadministrativo para reparación de Malla Vial con Fonade. A la fecha de la suscripción de dichos contratos, Fonade era señalado como el fortín burocrático del detenido Ñoño Elías.

Además, presuntamente, no realizó el estudio del impacto económico al suscribir un contrato para realizar las obras, lo cual condujo a un pago de gerencia innecesario de cerca del 10% del valor presupuestado para realizar la obras, correspondiente a unos $1.012 millones.

La funcionaria, posiblemente, no ejerció de manera directa la competencia administrativa delegada por el Alcalde Mayor de Bogotá de contratar las obras, sino que transfirió y pagó a Fonade la atribución de realizar los procesos de contratación.

En resumen, las presuntas irregularidades en la etapa precontractual, los mayores costos y contratar de forma directa, fueron calificadas como falta gravísima.