Actualmente, 25 son los colegios en concesión*, *entregados a 9 concesionarios, que atienden 39.648 niños, niñas y jóvenes de la siguiente manera: 2.953 en preescolar, 16.433 en primaria, 14.737 en secundaria, 5.525 en educación media. El número de alumnos, con que inicio el programa de concesión en 1.999 fue de 7.007 con 450 alumnos en promedio por colegio en una sola jornada.

El valor de las construcciones de colegios en concesión, osciló entre los $2.347.846,407 y $4.905.713.042. El valor de las dotaciones se encuentra actualmente entre $614.918.078 y $930.651.895. El valor promedio por niño con que inicio la concesión es de $928.300 y
actualmente se paga por niño $1.916.411. En 1999, Bogotá pago $6.570.463.900 por el programa y al 2013 se pagará $75.423.445,000.

No se ignora que, desde sus inicios, el modelo de concesión fue concebido en función del propósito de superar el sistema de selección de personal docente y administrativo, la inflexibilidad del régimen laboral de los docentes públicos y la politización y sindicalización de los mismos, argumento falaz inspirado en las políticas neoliberales, según las cuales el sector público debe ceder espacios de gestión al sector privado que, supuestamente, es más transparente, eficiente y de mejor calidad. En otras palabras, impulsar un proceso privatizador a prueba de derechos laborales y prestacionales y que, conforme se concretó en el sector de la salud, convertir la educación en un lucrativo negocio.
Muy pertinente resulta ahora la preocupación expresada por el escritor William Ospina: “¿Cómo superar una época en que la educación corre el riesgo de ser sólo un negocio, donde la excelencia de la educación está concebida para perpetuar la desigualdad, donde la formación tiene un fin puramente laboral y además no lo cumple, donde los que estudian no necesariamente terminan siendo los más capaces de sobrevivir? ¿Cómo convertir la educación en un camino hacia la plenitud de los individuos y de las comunidades?” (Buenos Aires, 2010, conferencia: “Preguntas para una nueva educación”).
Similar visión inspiró al destacado maestro Abel Rodríguez Céspedes, cuando tuvo la oportunidad de liderar desde la Secretaría de Educación la revolución educativa en Bogotá. Para entonces dijo: “Entendimos que detrás del déficit de cupos escolares, de la inasistencia, de la deserción, de la reprobación y repitencia, de los bajos resultados en las pruebas de evaluación, estaban factores
como la insuficiencia de instalaciones educativas y el marcado deterioro de las existentes, la pobreza, la falta de relevancia y pertinencia de los programas de estudio, la baja calidad de la formación de los maestros y sus precarias condiciones de vida y de trabajo y, en general, las malas condiciones materiales y pedagógicas de la enseñanza y el aprendizaje. Constatamos que detrás de los problemas señalados se escondía la escasez de los recursos invertidos en la educación y la falta de compromiso y voluntad política de los gobernantes para resolverlos. En fin, llegamos a la convicción plena que lo primero que había que lograr para conseguir avances en la educación era convertirla en prioridad del gobierno y de la política pública. (…)”

En efecto, consecuente con sus convicciones, como Secretario de educación de Bogotá, impulsó una revolución educativa sin precedentes: construcción de magníficos colegios, renovación ampliación de los existentes, dotación de bibliotecas y equipos de laboratorio e informática, mejoramiento de la calidad de la educación, ampliación de la cobertura, gratuidad del servicioeducativo, mejora y ampliación de los restaurantes escolares, y otorgamiento de auxilios para reducir la deserción estudiantil, que se complementó con campañas contra el trabajo infantil y juvenil, etc., todo lo cual se asumió como política pública que aún persiste, con el protagonismo del sector público, es decir de la Administración Distrital, de donde debemos concluir que no existen razones de peso para cambiar.

Por el contrario, nuestra preocupación debe ser la profundización y extensión de esta política pública, que reconoce la educación como derecho inalienable, inherente y esencial de la persona y de la finalidad social del Estado que debe
garantizar su disponibilidad, el acceso y permanencia y su calidad y pertinencia.

Con fundamento en lo anterior, coincido con el Concejal de Bogotá Borys Montesdeoca Anaya de la Bancada Progresista, quien propone que los 25 colegios en concesión al culminar sus actuales contratos, vuelvan a ser operados por la Secretaría de Educación Distrital en el marco de la implementación progresiva, de la Jornada Única, de 8 horas diarias, que permitirá fortalecer y afianzar lo público en la ciudad como un hecho real de materialización del Estado Social de Derecho, consagrado en el tercer eje del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana.

Además, hay que resaltar que los docentes contratados en la modalidad educativa de concesión están bajo condiciones laborales indignas, que expresan el desconocimiento general que aún existe sobre el papel que juegan los educadores y la inversión pública que requiere la promoción y estímulo de su formación, investigación e innovación pedagógica, el cual entre otros factores, posibilita los procesos formativos de calidad y excelencia académica en los diferentes niveles de preescolar, básica y media.

De mi parte, desde el Congreso de la República, continuaré trabajando en defensa de la educación pública, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de su calidad, así como en procura de mejores condiciones laborales de los educadores y por la dignificación del ejercicio profesional de la docencia.

H. Senador Jorge Eliécer Guevara

Bogotá, D.C., 30 de Julio