EL GOBIERNO DUQUE Y SUS RESPUESTAS CIEGAS A LAS EXIGENCIAS DEMOCRÁTICAS DE LOS COLOMBIANOS
Por: Nixon Torres Cárcamo
Es evidente la torpeza estatal, del Gobierno Duque, de respuesta a las exigencias democráticas del pueblo colombiano, como los son entre otras:
1. Incremento al presupuesto de educación, para mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura educativa en básica primaria, básica secundaria y educación superior; el mejoramiento salarial de los trabajadores de la educación, que se refleje en su calidad de vida, entre otros reclamos.
2. Una reforma al sistema de seguridad social, que implique la desaparición del modelo de intermediación en salud EPS, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria; la abolición del modelo privatizado de las pensiones; el fortalecimiento del régimen de prima media con prestación definida, que representa COLPENSIONES, atacando la elusión y evasión de aportes.
3. La formalización del trabajo, acabando definitivamente con la prohibida tercerización laboral, conforme lo establecen las Sentencias C-614 del 2009, C-171 del 2012, proferidas por la Cote Constitucional.
Por: Rodrigo Acosta B.[1]
Que Bogotá repita de nuevo un programa neoliberal como lo orientan los candidatos continuistas Miguel Uribe Turbay y Carlos Fernando Galán, será decidido el 27 de octubre de 2019, pero en gran medida depende de la decisión de Claudia Nayibe López y de Hollman Felipe Morris.
El promedio de las 7 encuestas adelantadas desde abril de 2019 a hoy dan los siguientes resultados: Claudia López el 35,6%, Carlos Fernando Galán el 19%, Miguel Uribe el 12,9%, Hollman Morris el 9,4% y el voto en blanco el 11%; los resultados han sido dinámicos y Claudia llegó a un tope que pareciera el máximo. Es de esperarse que Hollman seguirá creciendo por el efecto Petro quien salió tardíamente a las calles y Galán por el centro; las maquinarias tradicionales de Uribe ya no dan más.
Boicot a la integración emancipadora
El empuje conservador y neoliberal en América Latina y el Caribe, aliado a los intereses imperialistas, ha desarrollado en los últimos meses nuevas iniciativas orientadas a establecer un nuevo tablero geopolítico regional y mundial buscando frenar y destruir los empeños de liberación nacional y continental de los procesos de integración y unidad emancipadora de la Patria Grande elaborados en los pasados quince años por los gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda.
Se ponen, de esta manera, frente a frente dos proyectos estratégicos de la región: el de la liberación o el de la dominación.
La reciente creación --22 de marzo pasado—del Foro Para el Progreso de América del Sur (PROSUR), impulsada apresuradamente por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, y aceptada por los de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, Mauricio Macri, Ecuador, Lenin Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Viscarra, en la cumbre de Santiago de Chile, fue precedida por la acción de Macri y Bolsonaro de debilitar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con la suspensión de su participación en la misma y continuada por Moreno con el despojo de su sede en Quito.
Si bien estos presidentes reconocieron el 23 de febrero, con gran repercusión en los grandes medios de comunicación empresariales, como presidente de Venezuela al fantoche de Donald Trump, Juan Guaidó, evitaron hacer el ridículo mayor impidiendo su presencia en la reunión de Santiago. Esto no significa, de ninguna manera, que la conspiración imperialista contra el gobierno revolucionario bolivariano y chavista de Venezuela presidido por Nicolás Maduro deje de contar con el concurso de los gobiernos de estos países, entre ellos sobresale el de Colombia que cuenta con nueve bases militares norteamericanas en su territorio.
Quebrar el proceso de la integración de la Patria Grande
El Foro Para el Progreso PROSUR, cuyo nombre rememora la Alianza Para el Progreso de los años sesenta impuesta por Estados Unidos en varios países de América Latina para afianzar su control regional en la Guerra Fría e impedir la influencia de la Revolución Cubana, busca desmantelar los avances revolucionarios de la Patria Grande. La formación y fortalecimiento, desde 2004, de PETROCARIBE, Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) permitió a América Latina y el Caribe convertirse no solamente en un proyecto profundo de integración regional al margen del control de Estados Unidos, sino en una fuerza con peso propio en estrategia mundial de la multipolaridad.
Luego de derrotar al proyecto imperialista del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) defendido por el entonces presidente de EEUU, George Bush, en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005, se aceleró el proceso de integración emancipadora bajó el liderazgo de Hugo Chávez de Venezuela, Lula Da Silva de Brasil, Fidel Castro de Cuba, Néstor Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua y José Mujica, entre otros, y con un claro discurso bolivariano por la segunda independencia, se procedió a crear las instituciones correspondientes con el apoyo de los movimientos populares.
En 2008 se formalizó la existencia de UNASUR con todos los países de América del Sur y una estrategia integral que desarrolló políticas de comercio e integración económica y financiera, incluidos un fondo monetario y una moneda propios; de defensa militar con autonomía de Estados Unidos; de libre tránsito, migración y reconocimiento de la ciudadanía sudamericana; de lucha contra las droga y el terrorismo internacional; y de educación, salud, ciencia, tecnología y planificación conjuntas.
Por otra parte alcanzó logros de envergadura como la defensa de la democracia en la región, la solución de conflictos entre Venezuela y Guyana, la defensa de los gobiernos democráticos de Bolivia y Ecuador ante lo intentos de guerra civil y golpe de Estado y la pacificación en Colombia.
En 2010 se consolidó la CELAC como instancia de debate y consenso político entre los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, avanzando por primera vez en la construcción de la integración del conjunto de la Patria Grande como soñaron Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco Morazán, José María Morelos o José Martí y estableciendo el principio de declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz, cooperación e integración.
Inestable correlación de fuerzas
Si bien la iniciativa política en la disputa estratégica de los proyectos de integración favorece en la coyuntura al grupo de gobiernos conservadores y neoliberales de PROSUR tanto por su número como por su peso económico y geopolítico, es también cierto que varios de estos gobiernos son débiles como el del interino del Perú que se encuentra en una situación de alto rechazo del pueblo, el de Colombia con un proceso de paz muy frágil o el de Argentina que ha destrozado la economía del país y de la gran mayoría de la población, la misma que deberá elegir nuevos gobernantes en octubre de 2019.
La potencia y peso mundial de Brasil lleva a su Estado a la contradicción entre encabezar un bloque poderoso con todos los países de la región, como en la década pasada, o a convertirse en peón político de Estados Unidos a pesar de la gran dimensión e influencia económica de China. Bolsonaro encuentra fuertes críticas de sectores empresariales, académicos, políticos y militares ante esta situación que pone el territorio amazónico en manos de Estados Unidos y al mismo tiempo crea malestar social por sus posiciones reaccionarias y antipopulares.
A su vez, la crisis provocada en Venezuela por el bloqueo y el boicot comercial, financiero y económico ha influido en sus iniciativas de integración, aunque se mantienen sólidos PETROCARIBE y ALBA, en tanto que Bolivia y Uruguay apoyan con firmeza la integración sin exclusiones y, en el caso del primero, ha manifestado sin tapujos su total apoyo y solidaridad con el gobierno de Maduro y con el proyecto de integración emancipadora.
En el marco de CELAC, se mantienen su estructura y principios, particularmente con la clara posición de Manuel López Obrador de México de impulsar el acercamiento de los pueblos y países de la región frente a las agresiones norteamericanas, aunque en los últimos dos años se ha tratado de dañar la influencia de CELAC con las acciones impulsadas por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contra el gobierno democrático de Venezuela, sin lograr su objetivo.
Estrategias geopolíticas en la región
La agresiva política de Washington (Trump y CIA) en América Latina y el Caribe con la finalidad de recuperar terreno perdido frente a su notable retroceso mundial choca con la emergencia de un mundo multipolar, en el cual las potencias económicas y comerciales de China e India se hacen muy fuertes, la fortaleza militar de Rusia es incuestionable como en los casos de Ucrania, Siria o Venezuela, o la insubordinación de Turquía, la Unión Europea, Corea del Norte o Irán hacen muy difícil que el dominio norteamericano recupere el lugar estelar que tenía en el pasado.
Con la mirada puesta en las próximas décadas y hacia fin de siglo, cuando la influencia estadounidense, china y rusa en América Latina y el Caribe alcanza niveles de disputa y choques de estrategia geopolítica global es pertinente reiterar nuevamente la disyuntiva para nuestros pueblos: “el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados” como afirmara Juan Domingo Perón y argumentaran Jorge Abelardo Ramos, Andrés Soliz Rada y Norberto Galasso.
PROSUR no tiene identidad ni raíces en la lucha emancipadora y se inscribe en la lógica de la relaciones de dominación Norte-Sur, en tanto que UNASUR y CELAC son propuestas de unidad en el espíritu de la Patria Grande en la concepción de la Cooperación Sur-Sur.
Eduardo Paz Rada : Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
https://www.alainet.org/es/articulo/199334
Ponencia positiva para la creación del Consejo de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá
El 15 de marzo de 2019, la Comisión de Gobierno de la Junta Administradora Local de Engativá, con la presencia de todos los ediles y edilesas, dió aprobación a la ponencia positiva para primer debate del Proyecto de Acuerdo 01 de 2019, por medio del cual se propone crear el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y alternativa. La ponencia fue presentada por los ediles Miguel Ángel Ferreira y Belisario Neira Páez.
Veamos a continuación el texto de la ponencia
Bogotá D.C. 14 de marzo de 2019
Doctor
MIGUEL ÁNGEL FERREIRA
Presidente
Comisión Permanente Tercera de Gobierno
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ
Referencia: Ponencia para primer debate al Proyecto de Acuerdo 01 de 2019, “Por medio del cual se crea el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá, se establece su conformación, funcionamiento, principios; las líneas de acción y, se dictan otras disposiciones.”
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo que nos hizo la Comisión de Gobierno y conforme al reglamento interno de la Junta Administradora Local, Acuerdo Local 1 de 2013 y el Acuerdo Local 001 de 2018, nos permitimos rendir ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo 01 de 2019 de la referencia, en los siguientes términos:
Consideramos primero necesario resaltar el propósito esencial del Proyecto de Acuerdo cual es la creación del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá, como un espacio de participación de carácter consultivo para la administración Local.
El pasado 11 de marzo de 2019, nueve (9) ediles y edilesas presentaron el proyecto de acuerdo 01 de 2019, posteriormente la presidencia de la Comisión de gobierno designó a los ediles Miguel Ángel Ferreira y Belisario Neira Páez como ponentes en primer debate.
El 21 de diciembre de 2018, 22 medios comunitarios y alternativos presentaron una propuesta para la creación del citado Consejo, la cual fue dialogada en largas sesiones de trabajo con diferentes ediles, y durante dos días la Junta Administradora Local en la Comisión de gobierno y con la presencia de todos los ediles, ha escuchado a los representantes de los medios comunitarios y alternativos de la Localidad, quienes voluntariamente se inscribieron para participar.
Lo que se pretende con este proyecto de Acuerdo Local es la creación del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá, se busca así mejorar los niveles de participación de los medios comunitarios y alternativos que realizan su función comunicativa en la Localidad de Engativá, establecer unos principios, líneas de acción y aspectos relacionados con su funcionamiento. Los principios incluyen la libertad de expresión, la autonomía del ejercicio periodístico y su relacionamiento continuo con la población.
La Junta Administradora Local reconoce como desde el año 2007 los medios comunitarios y alternativos crearon un espacio denominado la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa, los esfuerzos realizados hasta la fecha han permitido progresos significativos en el inter-relacionamiento con las autoridades locales, así como el aumento en la calidad, cobertura y cantidad de los medios comunitarios y alternativos; pero se hace necesario otorgarles un salto cualitativo en el proceso participativo mediante la creación del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá.
Es de observar que el presente proyecto de acuerdo invoca diversas normas para hacer realidad tal fin pero se hace necesario ponerlas de relieve por su importancia fundamental:
· El Artículo 2° de la Constitución Política, establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Además de los artículos Artículo 20. Sobre la libertad de expresión, el Artículo 73 sobre la actividad periodística y el Artículo 74 sobre el derecho al acceso a la información y documentos públicos.
· La ley 1757 de 2015, que comúnmente denominamos el estatuto de la participación, establece las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática; ley fundamental por que además de desarrollar el precepto constitucional, principio, derecho y deber, orienta la necesidad de que las autoridades a todos los niveles procedan a garantizar el principio fundamental y a su vez crear los mecanismos necesarios para el ejercicio del control social, todo lo cual se cumple a partir de la instancia de participación que se propone crear mediante el presente proyecto de acuerdo local.
· El artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública; para lo cual podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
· El Acuerdo Distrital 257 de 2006, convoca a la Administración Distrital en todos sus niveles central, descentralizado y de las localidades a promover la participación ciudadana en cada una de las etapas de la gestión pública, a fortalecer los espacios y la interlocución e impulsar procesos de concertación entre los intereses ciudadanos y las iniciativas distritales.
· El Decreto 448 de 2007, Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, promueve el fortalecimiento de una cultura democrática en la gestión de asuntos públicos y colectivos y a su vez reconoce e integra las diversas formas de organización y movilización ciudadana, entendidas como el conjunto de organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, poblacionales, territoriales y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes - existentes a nivel distrital, local sectorial y poblacional, que representan a la comunidad del Distrito Capital y sus localidades en la deliberación, concertación, decisión, evaluación, seguimiento y control social a las política públicas y a las actuaciones de las autoridades de gobierno.
· A su vez el Decreto 503 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital." Indica en su artículo primero que “Adóptase la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, la cual será de obligatorio cumplimiento para los/as servidores/as públicos/as, entidades, dependencias e instancias de gobierno y de la administración pública del orden distrital y local”. Así mismo establece la Línea 1: Fortalecimiento de la Participación Incidente de la Ciudadanía. “Impulsar una amplia cultura política para que los miembros de las comunidades se reconozcan como sujetos de derecho, potencializando su ejercicio de ciudadanía, de manera autónoma, activa y permanente, participando en la vida política de su barrio, vereda, localidad en Bogotá, desarrollando capacidades de gestión para la exigibilidad de los derechos”
· El Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 292 del 21 de noviembre de 2007 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública, en materia de comunicación comunitaria en Bogotá, se ordena implementar acciones de fortalecimiento de la misma y se dictan otras disposiciones” de un lado faculta al alcalde a expedir la política pública como en efecto se hizo mediante el Decreto 150 de 2008, norma en proceso de actualización y de otro lado en diversos artículos establece en forma independiente los 13 principios, las estrategias y líneas de acción y crea la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria.
En desarrollo del Acuerdo anterior, y mediante el Decreto Distrital 149 de 2009 se establece la conformación de la Mesa Distrital, como instancia de participación asesora y consultiva, sus funciones y la forma sectorial de elección de sus representantes.
Con base en los anteriores fundamentos en 10 localidades de Bogotá, las Juntas Administradoras Locales aprobaron los hoy acuerdos mediante los cuales se crearon las instancias de participación de la comunicación comunitaria, otras 3 localidades disponen de decretos locales con el mismo fin y en solo 6 localidades incluida la de Engativá funcionan los espacios de participación conforme a actas de creación en desarrollo de los lineamientos distritales y solo en la Localidad de Sumapaz no existe el espacio descrito.
Es de resaltar también como el Concejo de Bogotá ha reconocido la importancia de los medios comunitarios y alternativos y es así como aprobó el citado acuerdo 292 de 2007 y en todos y cada uno de los Planes de Desarrollo y los acuerdos de presupuesto incluido el de la vigencia de 2019 han establecido artículos específicos que garantizan la participación y la democratización con el acceso de los medios a la difusión de la gestión pública.
Finalmente, la Junta Administradora Local tiene, de conformidad con Constitución Nacional artículos 318, 322, 323 y 324, el decreto Ley 1421 de 1993, por medio del cual se establece el estatuto orgánico de Bogotá, artículos 54, y artículos 64 a 83; y la Ley 136 de 1994, artículo 34 y artículos 117 a 140, la competencia para el estudio, análisis, aprobación o improbación de este tipo de iniciativas.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto rendimos ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo 01 de 2019 “Por medio del cual se crea el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá, se establece su conformación, funcionamiento, principios; las líneas de acción y, se dictan otras disposiciones” y damos paso al primer debate en la Comisión de gobierno.
Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de marzo de 2019.
(ORIGINAL FIRMADO)
Miguel Ángel Ferreira Belisario Neira Páez
Edil Edil
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ENGATIVÁ
La Jal está conformada por los siguientes ediles:
Iván Darío Castiblanco Molano
Adalberto Ramírez Camacho
Luz Marina Barrera
Lilia Avella Bojacá
Fabián Andrés Puentes Sierra
José Cornelio Hernández
Belisario Neira Páez
Miguel Ángel Ferreira Torrado
Ana Elsa Torres Melo
Pablo Emilio Molano Jiménez
Juan Crisóstomo Sierra
El sistema de educación superior en Colombia ha tenido grandes transformaciones después de la instauración de la Ley 30 de 1992 (Congreso de Colombia, 1992), en la cual se contempla la educación superior como servicio público y no como derecho fundamental, caracterización que conlleva a dos premisas: i) la posibilidad de la prestación del servicio por parte de privados; y, ii) la apertura a la mercantilización de la educación superior en el país.
Este proceso de convertir la educación superior en servicio y por ende en mercancía es reflejo de la profundización y radicalización del sistema socioeconómico capitalista en la década de los años 70, que será consolidada y constitucionalizada en varios países de nuestra américa en la década de los años 90 del siglo XX con la imposición de un sistema neoliberal en el que se pretende ampliar al máximo la mercantilización de cualquier espacio de relacionamiento de las personas con el fin de generar una ampliación del mercado para posibilitar una mayor acumulación de capital. (Estrada Alvarez, 2006).
Es así como se establecen términos como el capital humano que cosifica a las personas y pretende generar índices e indicadores de precios a la fuerza laboral conforme al adoctrinamiento de esta, como también comprende una violencia simbólica directa e interiorizada en la sociedad y es el pensamiento de que las personas con mayores logros académicos -cada vez más técnicos y menos reflexivos- pueden acceder a una mejor posición económica en la sociedad, lo cual ocasiona un ideal de logro individual y de competencia inscrita a la acumulación de técnicas relevantes para el sistema socioeconómico imperante y muchas de las veces en contradicción con las necesidades de la sociedad en conjunto.
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El 31 de octubre de 2018, el gobierno presentó una reforma tributaria para obtener $14 billones, que seguramente si nos mantenemos congelados nos tocará pagar a los pobres, asalariados, pensionados y la clase media. Este 8 de noviembre se desarrollan marchas en todas las ciudades y los motivos tienen fundamento.
Iván Duque le mintió a los colombianos, y en campaña presidencial, con el argumento de que no aumentaría los impuestos, se ganó la simpatía de 10 millones de colombianos que le creyeron. Alienados por el miedo al castrochavismo, propaganda promovida por RCN y CARACOL, de bruces humildes parroquianos, cristianos de ésta patria del sagrado corazón cayeron en la trampa.
Las reuniones con los representantes de los empresarios, de Asofondos y de la banca, los grandes financiadores de la campaña, hacían previsibles el impulso de nuevas acciones; se venía una reforma tributaria regresiva y otra pensional y laboral con grandes consecuencias y seguramente más micos en el próximo plan de desarrollo para hacer realidad los sueños de los dueños del sistema financiero.
(Fotografía: Rodrigo Acosta B, marcha contra la reforma tributaria, Plaza de Bolívar de Bogotá, 2018)
Veamos un breve análisis sobre las consecuencias y el carácter regresivo, de la reforma tributaria, mal llamada de “financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional”. Descargar en los siguientes links tanto el texto del proyecto de Ley como la exposición de motivos.
QUIÉNES SON LOS GRANDES RENTISTAS EN COLOMBIA:
Se espera que a final del 2018 los dueños de los bancos (que caben en los dedos de una mano) obtengan por utilidades la suma de $35 billones de pesos, de un patrimonio atesorado por $1.628 billones al 2018, con rentas fruto de la especulación de las altas tasas de interés que le cobran a los colombianos; esas utilidades de un solo año, representan el doble de lo que se quiere obtener por la reforma tributaria.
Al lado de ello, éste año las 5 personas mas ricas de Colombia quienes acumulan un total de US$25,1 billones de dólares es decir, $75.300 billones de pesos tendrán utilidades casi libres. Una acumulación de la riqueza exorbitante y en crecimiento, ellos poseen más de 20.000 veces, lo que se espera recibir por la reforma tributaria. Si se les aplicara a ellos una retención en los dividendos de las acciones, del 30% (que la reforma propone contra trabajadores y pensionados de clase media, que obtengan más de $5,5 millones), deberían pagar $677, 7 billones de pesos, que representa más de 48 veces la reforma tributaria (con cálculos de solo una utilidad anual del 3% sobre ese capital, las utilidades serían del $2.259 billones de pesos y por el impuesto del 30% sobre esa renta da un pago de $677,7 billones de pesos).
Pero el presidente Iván Duque y su subalterno ministro de Hacienda Carrasquilla no quiere tocar a sus financiadores de la campaña y para ello arman una reforma tributaria regresiva que aumenta la base del IVA al 85% de la canasta familiar y gravan los ingresos de los trabajadores y de nuevo contra las mesadas de los pensionados quienes ya pagaron durante sus años de servicios los impuestos correspondientes.
La estratagema que armó el Centro Democrático y sus aliados intenta llegar a lo siguiente: Duque Carrasquilla presentan la reforma, Uribe sale a decir no al IVA, negocian la mayoría del IVA de productos, y de paso imponen todo el paquete de los impuestos a los asalariados, pensionados y clase media.
Lo que no se le dice a los colombianos es que el recaudo tributario ha caído a causa de los problemas estructurales de la economía, por la imposición del modelo neoliberal que inició Cesar Gaviria, la propiedad se concentra en manos de pocos, no se incentiva la industria nacional, se imponen los tratados de libre comercio, ha bajado la productividad, se privatiza y desnacionaliza la propiedad y baja el empleo.
A falta de ingresos, entonces el país se viene endeudando, a tal punto que el servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones) alcanza el mayor porcentaje dentro del presupuesto nacional del año 2019, con el 26,7% equivalente a $66,4 billones de pesos; y los recursos de capital solo son de $65 billones, o sea el 35% del ingreso; se aumenta el presupuesto de guerra y se endeudará el país con otros $20 billones más, mientras se abandona las universidades públicas y la cultura.
Haga Click aquí para descargar la RESOLUCIÓN 1190 del 2018
La protesta social es un derecho humano, reconocido a nivel internacional, pero que se ha entendido por las autoridades de Colombia y los medios de comunicación comerciales como actos de violencia que requieren la represión y la muerte, en el marco de una seguridad represiva.
La realidad es que en todo el mundo hasta la policía protesta por sus reivindicaciones. Pero en Colombia cuando protestas los estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, sindicatos, habitantes de los barrios que reclaman servicios, incluso personas con discapacidad; reciben una fuerte represión por militares y policía, usando incluso armamento letal y prohibido por la legislación internacional.
El Smad y el uso de gases lacrimógenos, caballeria y tanquetas ya son de uso común.
En lo transcurrido del año 2018, van más de 14 ciudadanos colombianos asesinados en los eventos de protesta en actos atribuidos a la fuerza pública. Todo ello en un marco de persecución y asesinato a líderes sociales. A la fecha van 322 lideres, hombres y mujeres que han sido asesinados.
Crecen las remesas, fracasa la economía del país
Las remesas que envían los colombianos en el exterior representaron la tercera fuente de ingresos para el país en el primer trimestre de este año.
Por: Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS
En el año 2017 las exportaciones colombianas totalizaron 37.800 millones de dólares, siendo el petróleo el principal producto de exportación, con 13.046 millones de dólares; seguido por el carbón, con 7.390 millones de dólares; y el turismo, que logró el año pasado ingresos récord por 5.787 millones de dólares, ubicándose en el tercer lugar, mientras que las ventas de café escasamente ascendieron a 2.513 millones de dólares.
El Negocio de los mosquitos transgénicos
Ante la inminencia del cambio de autoridades en México, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se apresuró a lanzar una convocatoria para crear mosquitos transgénicos, con fines comerciales. No para analizar riesgos y considerar si deberían o no liberarse al ambiente, como sería el rol de una comisión gubernamental de bioseguridad ante una tecnología de alto riesgo, sino lo contrario. Para alentar la creación de mosquitos transgénicos y subsidiar con dinero público a empresas “nacionales o extranjeras” que como dice explícitamente el llamado, lo puedan patentar y vender. Cibiogem, después de una década de aprobar que Monsanto nos fumigue y alimente con agrotóxicos cancerígenos como el glifosato, se convirtió de pronto en paladín de la salud: el llamado, afirma, es porque existen pruebas de que los mosquitos transgénicos han sido exitosos en el combate al dengue. Esto es directamente falso: las evidencias muestran lo contrario (https://tinyurl.com/yc83wuuw).
La convocatoria pública está abierta hasta fin de julio 2018, para luego firmar un convenio con la opción elegida por Cibiogem, poco antes del cambio de gobierno, pero con una duración de 3 años (https://tinyurl.com/y95lj6g7). Entre las muchas aberraciones del llamado, está que Cibiogem no tiene mandato para este tipo de actividades, que implican desarrollar proyectos con el propósito de crear (o favorecer) una empresa con fines de lucro para construir transgénicos como negocio. Además, implica experimentar con mosquitos transgénicos en la naturaleza, para lo cuál se debe solicitar autorización a la Cibiogem, que será entonces juez y parte.
Decir convocatoria “pública” es una formalidad, porque está hecha de forma tan estrecha, que parece diseñada para subsidiar con fondos públicos a alguna compañía y/o grupo académico al cuál se ha contactado previamente, ya que los requisitos a cumplir son muy complejos en muy poco tiempo. Podría ser un contrato con la compañía Oxitec (propiedad de la empresa estadunidense de biología sintética Intrexon) o quizá con algún grupo promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates. Podría también ser un estímulo a proyectos que existen –con apoyo del Ejército de Estados UnidoS– para desarrollar mosquitos con impulsores genéticos (gene drives), una tecnología altamente riesgosa y controvertida, diseñada para extinguir especies enteras. (https://tinyurl.com/ybtrud4y)
Llaman a desarrollar mosquitos transgénicos para combate al dengue y otras enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegipti, con construcciones genéticas para disminuir las poblaciones de ese mosquito, o para impedir biológicamente que sean vectores de enfermedades, o para que produzcan “descendencia monosexual (sólo machos)” ya que son las hembras las que pican. En este último caso, abren la puerta a experimentar en México los impulsores genéticos, una técnica para engañar las leyes naturales de la herencia y conseguir que un carácter transgénico se expanda rápidamente, dirigida a manipular especies silvestres y diseñada para reproducirse agresivamente en el medio ambiente. El Convenio de Diversidad Biológica discute esta misma semana sobre los impactos de tal tecnología, cuya liberación no ha sido autorizada en ninguna parte del mundo (https://tinyurl.com/hp2gph5).
La convocatoria cita como ejemplo “exitoso”, los mosquitos transgénicos de Oxitec (OX513A) con los que la empresa ha hecho pruebas en Malasia, Panamá, Islas Caymán y Brasil. Los resultados reales de sus experimentos –no la propaganda de la empresa a la que se refiere Cibiogem– muestran altísimos costos, falta de consulta a las comunidades afectadas y sobre todo, ninguna evidencia de reducción del dengue u otras enfermedades, e incluso ¡aumento de los mosquitos trasmisores!
El modelo de operación de Oxitec ha sido conseguir una contraparte universitaria y/o institución pública, incluyendo municipios, para liberar mosquitos con letalidad condicionada, supuestamente solo machos (las hembras son las que pican y trasmiten la enfermedad), que aunque se crucen, no puedan desarrollar cría. Para ello liberan miles de millones de mosquitos transgénicos para “abrumar” a los mosquitos locales, muchísimo menores en número, pero se han escapado miles de hembras picadoras. Las pruebas en Malasia, fueron suspendidas por incertidumbre sobre los impactos y por altos costos. Igualmente fueron suspendidas en Panamá por razones similares. En Brasil aunque la muy parcial comisión de bioseguridad (CNTBio) aprobó experimentos, las autoridades de inocuidad en salud (ANVISA), no lo ha permitido. Un documento reciente de la organización GeneWatch, basado en informes obtenidos por acta libertad de información, muestra que en Islas Caymán, la población de mosquitos hembra (picadoras, transmisoras de enfermedad) en las áreas de experimentación ¡aumentó 150 por ciento! La idea del negocio es captar los fondos dedicados a prevención de salud en municipios, para desviarlos a estos dudosos proyectos, que además de no ser eficaces contra la enfermedad, son de alto riesgo para la salud de los ecosistemas. Urge cancelar esta absurda convocatoria, así como cancelar toda experimentación con mosquitos transgénicos, donde quiera que intenten hacerla.
- Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.
https://www.alainet.org/es/articulo/194025
Por: Ava Gómez y Bárbara Ester
En 2018 el ex-alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, irrumpió abruptamente en la liza política y desplazó del escenario a la alternativa progresista moderada que planteaba Sergio Fajardo. La clave del éxito de Petro se puede explicar por varios factores, entre los que la construcción narrativa efectiva -que confluye con un periodo de fertilidad de una opinión pública más abierta a la pluralidad- es de gran relevancia.
Por su parte, la joven lideresa de Nuevo Perú y ex-candidata presidencial, Verónika Mendoza, logró ocupar un lugar vacante en la política peruana: el de un(a) centro-izquierda/progresismo electoralmente competitivo. Esto quedó evidenciado en las elecciones generales de 2016, cuando alcanzó el tercer lugar en los comicios quedando a escasos 2,31 puntos porcentuales de Pedro Pablo Kuczynski.