No hay coherencia entre las bases del PND y la propuesta del articulado presentado. El documento bases del Plan presenta diagnósticos en los que trata de reconocer algunas realidades de los diferentes sectores y territorios, pero en la propuesta de articulado estas realidades no son dimensionadas desde un enfoque integral de derechos como tampoco dan respuesta las estrategias, programas, metas e indicadores, financiación y los instrumentos de implementación ni al enfoque de derechos ni a los diagnósticos.

El PND da continuidad al enfoque de mercado, fortalece el modelo económico dominante y su política, favorece los grandes capitales, especialmente los foráneos, es privatizador, reduce la función social del Estado y transfiere a hombres y mujeres la financiación no solo de sus derechos sino de los negocios privados. Mientras se disminuye el gasto público, se incrementa la deuda y el pago del servicio.

La política económica del PND no desarrolla el sector productivo, ni el campo para producir riqueza y generar trabajo. Proyecta el crecimiento económico basado especialmente en minería, agroindustria, construcción e infraestructura, extracción de hidrocarburos con técnicas aprobadas de fracking que destruyen los recursos naturales de manera irreversible, flexibiliza las normas ambientales para la extracción de los recursos naturales, favorece los grandes capitales internacionales y limita la participación ciudadana en la protección del ambiente. Genera así, mayores inequidades, amplía la desigualdad, la pobreza, entregando además nuestros territorios.

El desarrollo del campo y su población se ignoran. Hay en especial un detrimento de calidad de vida de las mujeres rurales garantes de la seguridad alimentaria. El enfoque de la estrategia “campo con progreso” es distante de la política de inclusión agraria y de redistribución de la tierra para los y las campesinas. Pone el énfasis en dinamizar el desarrollo y la productividad del campo desde la regulación de la propiedad y el desarrollo de clúster y cadenas de valor agroindustrial sin tener en cuenta el fortalecimiento de la economía campesina.

EL PND con la recentralización quita autonomía a los territorios. Traslada responsabilidades a las regiones disminuyendo participación en los recursos y centralizando el manejo de ellos. Limita la presentación de proyectos de impacto regional al impedir que los esquemas asociativos puedan llevar sus iniciativas a los OCAD Departamentales y al OCAD Paz. Además exige y como requisito el aval de los concejos municipales., lo que también limita la autonomía.

En el PND la paz se encuentra relegada, presenta un viraje notable en el Acuerdo de Paz. Poniendo al centro la estabilización, en la desmovilización la seguridad y protección de bienes. La protección a las víctimas queda reducida a la red de servicios en la oferta social general para la población de menores ingresos.

En reparación se reduce el número de víctimas a atender. El Plan de Acción en derechos humanos dificulta el sistema integral de verdad, justicia y reparación. No se incluye el Consejo Nacional de Paz en la política de Paz y en los Pactos Territoriales no se incluye el componente de Paz. El concepto de convivencia está basado en el autoritarismo. Los acuerdos de paz no cuentan con financiamiento, no hay definición de la oferta estatal. Se corre el riesgo de no contar con una Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, una de las garantías en el cierre de brechas entre el campo y la ciudad para la consolidación de una paz estable y duradera.

Urge distinguir la participación ciudadana de la participación cívica. La primera es un derecho de la ciudadanía y sus organizaciones y la segunda, convocada en el pacto por la seguridad y legalidad, significa un retroceso que pone en riesgo la convivencia, la reconciliación y el derecho a una paz estable y duradera en los territorios.

EL PND propone una política laboral en detrimento de los y las trabajadoras. Hay varias referencias al trabajo en el PND pero ninguna favorece la creación de empleo en condiciones de trabajo decente. El Pacto por la Equidad plantea la creación de incentivos tributarios y no tributarios que no transforman las barreras de empleabilidad. Centra su énfasis en el emprendimiento. La bandera de la economía naranja promueve los emprendimientos y riesgos individuales, desconoce el aparato productivo como generador de ingreso y reduce la cultura a la rentabilidad.

Desvirtúa el mandato constitucional de inversión en educación, salud, agua potable y saneamiento básico al asignar múltiples programas dependiendo del Sistema General de Participación, lo que reduce la inversión para garantizar derechos.

En educación el PND muestra la educación como un Plan marginal. Presenta metas muy reducidas centradas en la educación superior y desconoce la educación básica primaria y media. La educación rural no se visualiza, el Estado y la sociedad siguen desconociendo el derecho a la educación. Es fundamental plantear metas referidas a la educación rural y la reducción del analfabetismo en el área rural. Así mismo, es necesario incluir la financiación de los compromisos adquiridos, profundizar y ampliar metas en ciencia.

El PND no se propone superar las brechas de género. A pesar de contemplarse un pacto por la Equidad de la Mujer, el tema no pasa de ser una mención, no destina recursos de inversión para la ejecución , no propone acciones para transformar la división sexual del trabajo, ni reconoce los aportes de las mujeres en la economía del cuidado, que deben ser revertidos en derechos; por el contrario, favorece la precarización y las dobles jornadas de las mujeres dedicadas al trabajo no remunerado y remunerado manteniendo así desigualdad, discriminaciones, exclusiones y subordinaciones.

El PND no atiende las propuestas de la diversidad de la población. La productividad, restitución de tierras, la transformación educativa y formativa para las comunidades Afro colombianas, raizales, palenqueras e indígenas golpeadas por el conflicto armado y secularmente abandonadas por el gobierno debe ser atendida.

Como representantes de la sociedad civil, instamos a las autoridades a tomar decisiones que defiendan los intereses y el bien general de la Nación. Consideramos que el PND debería centrarse en cómo se crea y se distribuye la riqueza del país, desde una mirada incluyente, equitativa, democrática, de derechos, que conduzca efectivamente al desarrollo de una Colombia sostenible, al bienestar y la vida digna de sus habitantes.

Bogotá, D.C., abril 29 de 2019

SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION