"Con relación a la información suministrada a los medios de comunicación sobre la sanción en primera instancia de la Personería Distrital con un mes de suspensión del cargo, me permito informar a todos los habitantes de Bogotá y en especial a todos los ciudadanos de Usaquén, qué:

 

1. Llegue al cargo de Alcaldesa Local de Usaquén producto de un proceso de méritos que se inició en la Universidad Nacional cuando obtuve el puntaje más alto de los presentados por la terna conformada por los ediles. Fue por ello que el Alcalde Mayor de Bogotá, sin previa argucia política de mi parte, me eligió.

 

2. Me posesioné el 13 de abril de 2012 y asumí al día siguiente. Encontré una Alcaldía Local con convenios y contratos donde se evidenciaron falencias en temas de contratación, tales como ausencia de liquidación de contratos y/o convenios, deficiencias de las supervisiones, contratos suscritos sin ejecutar y todo ello a la luz de los ojos de los ediles sin que tal anarquía ameritara una actuación somera de parte de los mismos. Esto lo afirmo con fundamento al archivo documental de la Alcaldía, el cual existe gracias a esta administración, lo cual también fue un comportamiento contrario a la Ley Nacional de Archivo, sin que exista ni una denuncia disciplinaria al respecto por parte de los ediles de la época, seis de los cuales hoy siguen ejerciendo como ediles.

 

3. Encontré que se realizaron viajes a Turquía, por ejemplo, sin que se generara ni un solo impacto positivo para las poblaciones vulnerables de la localidad de Usaquén.

 

4. De igual manera encontré que se dejaron de registrar en propiedad horizontal más de 4 mil inmuebles lo que desencadenó en más de 6 mil solicitudes o derechos de petición represados de administraciones anteriores sin contestar, debiendo ser asumidas por mi parte.

 

5. Todos estos hallazgos los puse en conocimiento de la Personería y de la Contraloría como era mi deber.

 

6. Me pregunto entonces, ¿dónde estaba la edil Diana Olaya cuando se hacían viajes a Turquía? ¿Dónde están esos históricos derechos de petición y los grandes debates de temas que hoy están en manos de los organismos de control a la espera de decisiones de fondo?.

 

7. ¿Cuál fue la actuación diáfana, transparente y de actuación nutrida de la edil Diana Olaya, frente al debido control administrativo para ese entonces?

 

8. ¿Cuáles fueron los derechos de petición para vigilar y proteger el buen uso de los recursos públicos?

 

9. Fue en mi administración cuando comenzamos a levantar un estado del arte de la Alcaldía Local de Usaquén. Iniciamos un proceso de blindaje contra la corrupción y las prácticas clientelistas. Trabajamos día y noche en la elaboración de procesos de descongestión, de eficacia, eficiencia pero sobretodo de transparencia con resultados que hoy son reconocidos. Contratación a la luz pública y Alcaldía de puertas abiertas.

 

10. Realizamos inversiones en obras como el muro de Villa Nidia que hoy protege la vida de por lo menos 20 mil habitantes ejecutada dentro del los términos establecidos.

 

11. Hemos rehabilitado más de 8 kilómetros y realizado mantenimiento a más de 27 kilómetros de vías locales, con excelencia en la contratación y ejecución de las mismas.

 

12. Hemos entregado bonos tipo C que dignifican la vida de los ancianos de la localidad de Usaquén.

 

13. Hemos logrado un trabajo interinstitucional destacado con logros conjuntos como la recuperación de más de 70 mil metros cuadrados de espacio público.

 

14. Somos la localidad con mayores logros de impacto ambiental en el Distrito, mediante más de 1000 árboles sembrados y la recuperación de las quebradas que nutren el Humedal de Torca-Guaymaral.

 

15. Pese a estos y muchos logros más, se anuncia públicamente que se profiere en primera instancia un fallo que trasciende la órbita de la dignidad y el derecho humano porque ni trabajando las 24 horas, tanto funcionarios como contratistas, se podría dar cumplimiento a la demanda desbordada e injustificada que ha resultado de una persecución política por parte de quienes son los llamados a defender el estado de derecho en términos de equidad y justicia.

 

16. La Alcaldía Local de Usaquén recibe por lo menos 2600 derechos de petición al mes lo que a todas luces causa una congestión administrativa que genera una sobrecarga laboral que no solo avasalla las labores del Despacho sino también afecta la carga laboral de todos los funcionarios que tienen la responsabilidad de responder. Esta situación, donde en muchos casos un solo peticionario diligencia varios derechos de petición con la misma letra para la misma solicitud pero con diferente firma, genera una congestión y afectación administrativa, y sobre el quehacer y normal desarrollo de las funciones locales, como quiera que se convierte en un imposible contestar a tiempo.

 

17. Aunque nadie está obligado a hacer lo imposible, y menos en lo público, respeto la decisión pero no la comparto por ningún motivo pues aquí hay una clara persecución política. Desde mi llegada a la Alcaldía de Usaquén, me impuse el reto profesional, moral y ético, de sacar adelante la localidad de Usaquén, y pese a las continuas presiones de sectores politiqueros que vieron afectado su proceder, --juré a Dios y a mi familia defender lo público por encima del interés particular--, inicié sendos procesos de descongestión administrativa, de transparencia, eficacia y eficiencia como valores no negociables por ningún motivo, lo que ha llevado a Usaquén a destacarse en los proceso de contratación y certificación, con felicitaciones públicas por parte de entidades de alta envergadura como la Cámara Nacional de Infraestructura, la Veeduría Distrital y Bureau Veritas.

 

18. En el caso de la sanción impuesta en primera instancia, me permito informar que a la edil Diana Olaya, se le ha contestado todo lo que se ha solicitado durante los debates que se han desarrollado en la Junta Administradora Local –JAL de Usaquén, y el hecho de que se profiera una sanción por contestar verbalmente, me indica que detrás de esto hay más que una sanción. Es una persecución a mi trabajo, a mi política anti clientelista, a mi trabajo de transparencia, respeto y dignidad por lo público como un recursos sagrado.

 

19. Se evidencia en este nivel una clara persecución política sin fundamento legal alguno, ya que si el caso es propender por la eficiencia de la gestión pública a favor del ciudadano, observando las garantías de un debido proceso, pilar y punto de partida de un estado social de derecho, tal rigurosidad jurídica y garantista contenida en la norma suprema, no se ha dado en mi caso, ya que sin explicación alguna se ha dado prevalencia a las denuncias en mi contra, sin cumplir el orden de las anteriores denuncias y de temas más graves y negativamente impactantes frente a las anteriores administraciones, por parte de la Personería Distrital, orquestándose así una persecución política resultado del coletazo a la misma persecución del alcalde Mayor, Gustavo Petro.

 

20. Hoy hago un llamado a la opinión pública y a las autoridades administrativas y disciplinarias para que siendo coherentes con una política de paz, no ataquen a las personas que hemos querido contribuir con actos transparentes, solidarios y comprometidos con el progreso y desarrollo de este país y en mi caso de esta Localidad de Usaquén.

 

21. Finalmente quiero llamar la atención de todos los bogotanos: ¿Por qué la diligencia de fallar contra los alcaldes locales de esta administración? ¿Dónde están los fallos contra los alcaldes locales y ediles posiblemente involucrados en el cartel de la contratación? Acaso es más nocivo y peligroso para la ciudad, contestar verbalmente un derecho de petición que saquear las arcas públicas que hoy afectan a más de 7 millones de ciudadanos?"

 

Julieta Naranjo Luján

Alcaldesa Local de Usaquén

 

Personería sanciona a alcaldesa

La Personería de Bogotá, en primera instancia, sancionó a la Alcaldesa Local de Usaquén, Julieta Naranjo Lujan, con suspensión del cargo durante un mes, por no responder las peticiones formuladas por una edil de la localidad. De acuerdo con las pruebas del proceso verbal, a la funcionaria le fueron presentadas más de una decena de peticiones, varias de ellas reiterando la solicitud, sin que estas fueran contestadas.

 

La investigación comprobó que la funcionaria no dio respuesta dentro de los términos legales a las solicitudes, incumpliendo los deberes del cargo y vulnerando las normas relacionadas con la respuesta a los derechos de petición de los ciudadanos. La decisiónadoptada en audiencia pública disciplinaria, en primera instancia, fue apelada.