También se alzó con $8.000 millones de créditos FINAGRO concebidos para proteger al campo colombiano, sin que las autoridades se hayan ocupado ni siquiera de recuperar efectivamente los primeros (AIS), pese a que las denuncias por tan ofensiva apropiación se conocieron desde el pasado 30 de noviembre.El reclamo fue elevado por el Representante a la Cámara Wilson Arias, quien denunció que el proceso de acaparamiento y extranjerización de la tierra en Colombia continúa hoy a cargo de empresarios italianos, chilenos, brasileros, estadounidenses y españoles. Juntos acumulan más de 134.000 hectáreas en una altillanura promisoria y ahora ferozmente disputada por la agricultura de gran plantación, o “Agricultura del siglo XXI”, como le denomina el gobierno. Hacen cola chinos, indios y argentinos, entre ellos el grupo Grobbo, recientemente cortejado por Juan Manuel Santos. “El gobierno promociona la entrega del país a las transnacionales, aún en asuntos tan caros a la soberanía como el uso y propiedad de la tierra. Tal vez por eso nuestras delicadas denuncias aún no tienen desarrollos”.
La concentración en la propiedad y el uso de la tierra tiene severas implicaciones en democracia económica y soberanía alimentaria, agudiza la pobreza rural y desplaza la economía campesina, la mayor proveedora de alimentos de nuestras ciudades. La disputa por la altillanura ha permitido el acaparamiento inclusive con fines especulativos, dice el congresista de izquierda. La hectárea que antes en Puerto Gaitán costaba $500.000, ya supera los $10 millones.
“Que también nos explique Pacho Santos cuántas hectáreas ha comprado y si tiene en pacto otras en la región, donde el sector financiero y grandes capitales nacionales han irrumpido como “nuevos llaneros” para obtener renta diferencial en la adquisición de una tierra que recibe descomunal inversión pública. La lógica rentista de Sarmiento Angulo, Santo Domingo y el Sindicato Antioqueño -ahora propietarios de la zona-, ya la conocíamos. Sin embargo, a Francisco Santos no lo identificábamos ni como terrateniente, ni como llanero, ni como banquero, aunque ‘La Silla Vacía’ dijo que había acaparado más de 10.000 hectáreas”
Estos “empresaristas” nacionales se han hecho a 215 mil hectáreas que aprovecharán el enorme “gasto público” que les hizo Uribe Vélez, y además los 2 billones 800 mil millones que les entregará el nuevo gobierno de Santos Calderón en obras de infraestructura, distritos de riego, navegabilidad del río Meta, sin que por ello generen empleo o redistribuyan riqueza.
La “última gran frontera agrícola” realmente está conformada por los últimos baldíos que teníamos, y que debieron ser entregados a colonos y campesinos pobres como ordenaba la Ley anterior. Pero para dárselos al gran capital y a la gran plantación, volvieron letra muerta la norma que limitaba el acaparamiento, la Unidad Agrícola Familiar - UAF, para entregarlos a los “nuevos llaneros” mediante la figura de la Unidad Agrícola Empresarial - UAE. Los pequeños propietarios que se hayan en la zona se verán compelidos a asociarse con la “agricultura del siglo XXI”, de otro modo desaparecerán como lo advirtió el Director del Incoder Juan Manuel Ospina.
No hay reforma agraria en un país con un Gini rural entre los más altos del mundo (nivel de concentración de la propiedad, en 0,87). Ni siquiera destinan aún recursos suficientes para la reposición a los desplazados, sometidos a la “sostenibilidad fiscal”. Pero la sola carretera Puerto Gaitán - Puerto Carreño, construida con la venta de la empresa estatal Ecopetrol y a la medida de esos empresarios nacionales y extranjeros, le costará a los colombianos la suma de un billón 800 mil millones de pesos, su utilización estará casi monopolizada por estos grandes capitalistas y por las privadas multinacionales petroleras, las que tampoco redistribuyen riqueza, ni tributan, y generan empleo basura. La gran plantación y el sector mineroenergético son altamente depredadores del medio ambiente y de los recursos hídricos. “Y al parecer, además están exonerados de cumplir nuestras normas en la Altillanura, como lo demuestran Pacific Rubiales y Mónica Semillas”, sostuvo el congresista del Polo Democrático Alternativo.
Equipo de Prensa
Oficina Representante Wilson Arias
Bogotá, agosto 31 de 2011
Tierras y créditos de Mónica Colombia
Por: Redacción Judicial
Para comprar más tierras, una empresa brasileña se desdobló en varias firmas y obtuvo créditos de AIS para financiar actividades en el Meta.
En junio de 2008, en la Notaría Décima de Bogotá se constituyó la sociedad comercial Mónica Colombia Ltda., con el objeto social de comercializar productos agrícolas y pecuarios. Esta empresa es subsidiaria de la firma Mónica Semillas de Bolivia, que a su vez pertenece al grupo brasileño Mónica. El congresista Wilson Arias le ha pedido al Ministerio de Agricultura que aclare cómo hizo esta empresa extranjera para acceder a 13 mil hectáreas de tierra y por qué fue beneficiaria de las líneas de crédito del programa Agro Ingreso Seguro.
Lo que empieza a aclararse es que por la misma época de la constitución de la empresa Mónica Colombia Ltda., sus principales socios, Rodrigo y Ricardo Cambruzzi y Sergio y Francisco Marchet, crearon otras empresas con fines similares, donde ellos mismos o a nombre de la empresa matriz, figuran como los principales socios. Se trata de las firmas Agrocaxias Ltda., Tilaba Ltda. y Monicol Ltda. De esta manera, y por separado, compraron varios predios en el departamento del Meta, sin desconocer el límite de compra para extranjeros.
La Ley 160 de 1994, que regula temas de reforma agraria, limita a mil hectáreas los predios que puede comprar una firma extranjera. Según lo informó ayer el Canal Caracol, el procedimiento de los socios de Mónica Colombiana Ltda. fue hacerlo por separado, a través de sus distintas firmas. Así se quedaron con 4.500 hectáreas ubicadas en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). En la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López se ratifican los negocios de los inmuebles La Esmeralda, La Ponderosa, Villa Paola, Chaparral, Villa Claudia y Rosa Blanca.
Pero a esta irregularidad que, en respuesta a un cuestionario del representante Wilson Arias, el Ministerio de Agricultura entró a indagar, se suma otra perla. El congresista quiso saber si Mónica Colombia y demás empresas adjuntas, fueron beneficiarias del programa Agro Ingreso Seguro, a través de la línea especial de crédito, o los incentivos de capitalización rural. En su respuesta, el viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez, ratificó que tanto Mónica Colombia Ltda. como las demás firmas recibieron ayuda a través del polémico programa.
Un cuadro adjunto entregado al congresista Arias señala que Mónica Ltda. recibió $692 millones en agosto de 2009. E idéntica suma recibieron las firmas Agrocaxia, Tilabia y Monicol Ltda. Todas quedaron clasificadas dentro de incentivos a la capitalización rural, pero la última de las empresas citadas recibió además $890 millones en marzo de 2009 como línea especial de crédito. La información fue entregada al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien ordenó trasladar los hallazgos a la Contraloría y la Fiscalía.
