En especial, el país avanza en reconocer la restitución de tierras como el centro nodal de la reparación de las víctimas, en donde la carga de la carga de la prueba le cae al poseedor y no a la víctima denunciante., pero es ahí donde está el mayor desafío. Según el informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a a las víctimas en lo corrido del año, se han indemnizado y reparado 55.600 víctimas y se proyecta finalizar el año con 110.000 víctimas. Se han creado 63 puntos de atención en el país con 25 unidades móviles, tres unidades nuevas, la de Restitución de tierras, la de Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.
Sin embargo, surgen varias preguntas que pongo en el tapete como retos y desafíos para la implementación de esta política, en particular me refiero a la esquizofrenia del país, las dos realidades, las dos Colombias, la primera, la que dirige esfuerzos a atender y proteger a las víctimas y la otra, la que vive la retomar a sangre y fuego de territorios por parte de los actores armados legales e ilegales. Cómo reparar en medio de esta guerra, que bajo la Política de Consolidación Democrática (PCSD) clasifica la intervención del Estado en las regiones que sufren el conflicto armado y la confrontación, con la metodología del semáforo? en rojo, amarillo y verde?, en las zonas rojas, la intervención es netamente militar sin inversión social, las amarillas mediana y controla la inversión social a través de la Fuerza Pública y las verdes libres para la inversión social del Estado y de otros inversionistas privados. Como reparar y buscar la reconciliación en el país si las confrontaciones militares se hacen en medio de las comunidades campesinas, indígenas y a costa de las mujeres, niños y niñas, como es el caso del Cauca que ya cuenta con miles de desplazados en lo que va de este año y 400 poblados destruidos, o en Nariño y Putumayo donde se encuentran confinadas comunidades enteras a causa de la guerra y de las minas antipersonas sembradas por la guerrilla para evitar la entrada de los erradicadores forzados, condenando al hambre y aislamiento de las comunidades que no pueden transitar por los caminos principales ni recoger un racimo de plátano por el riesgo a caer en alguna mina; donde continúan las ejecuciones extrajudiciales de campesinos indefensos y las amenazas y persecución judicial a líderes sociales que terminan sometidos a largos periodos en la cárcel para posteriormente demostrar su inocencia?.
Cómo avanzar hacia la paz sin recuperar la confianza de estas comunidades que solo ven represión, abandono e incumplimiento por parte del Estado?. Cómo garantizar la restitución de las tierras despojadas si muchas de ellas se encuentran hoy tituladas o han sido concesionadas a grandes empresas multinacionales mineras o palmeras?, cuántas de esas tierras reclamadas
por humildes campesinos se encuentran dentro de las 17,6 millones de Hectáreas de áreas de reserva estratégica minera que el gobierno subasta a inversionistas privados?. Estoy convencida que así no abonamos el camino hacia la paz, que la paz y la reconciliación serán una realidad en Colombia si se garantizan los derechos plenos de los 5 millones de víctimas a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral.
PD: Condeno enérgicamente la impunidad en el caso de Laura Carolina Sánchez, quien fuera golpeada brutalmente por su esposo con un tubo de hierro hasta partirle las dos piernas en mayo pasado. El juez 14 Penal Municipal consideró que este hombre no era un sujeto de peligro para la sociedad, se le pasó tal vez que la mitad de la sociedad son mujeres y que los feminicidios y la violencia contra la mujer crece todos los días en Colombia.
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