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CONSTANCIA DE VOTO NEGATIVO CONTRA LEY TLC Featured

Written by  Abr 10, 2012
 
CONSTANCIA DE VOTO NEGATIVO CONTRA LEY TLC

 

Bogotá D.C., abril 10 de 2012 Al Proyecto de Ley No. 197 de 2012 Cámara - 201 de 2012 Senado “Por medio del cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de promoción comercial suscrito entre la república de Colombia y los Estados Unidos de América y su protocolo Modificatorio. En el marco de la política comercio exterior e integración económica”.

Es de público conocimiento la  oposición del Polo Democrático Alternativo a los  Tratados Bilaterales de Libre Comercio en general. Esta  oposición tiene fundamentos políticos y económicos de relevancia, que no consisten propiamente, como lo han caricaturizado algunos, a un prurito anticomercial o una defensa a ultranza de la autarquía; sino a que estos tratados están fundados en los principios del neoliberalismo (Consenso de Washington), los cuales  han llevado al mundo al desastre,  y en la práctica  están constituidos en el intercambio injusto,  puesto que representan relaciones asimétricas que terminan siendo imposiciones, socavan la  soberanía nacional,  destruyen la estructura productiva, precarizan y  eliminan empleos, generando así graves consecuencias socioeconómicas en el país débil de  esta relación.
 
En consecuencia, votar positivamente este proyecto que implementa o pone en práctica a lo que nos hemos opuesto, sería una inconsecuencia imperdonable. Sin  embargo, esta no es la única razón para nuestro voto negativo, sino que subyacen otros elementos que le dan sustento, entre éstos los siguientes:
1. El incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de Plan de Acción Laboral, exigencia de Estados Unidos para la puesta en marcha del Tratado de Libre  Comercio, es una demostración de su poco interés por un contexto  laboral que hoy sigue demostrando realidades alejadas de un ambiente de  prosperidad y garantías.
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A pesar de avances positivos como al creación del Ministerio del Trabajo,  no se han contratado los inspectores necesarios para la vigilancia y supervisión de las reales garantías  y derechos  de los trabajadores colombianos;
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Se mantienen medidas de intermediación laboral tanto en el sector público como en el  privado mediante  Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), Sociedades  Anónimas Simplificadas (SAS), Contratos sindicales y otras  formas avaladas por el marco jurídico colombiano, que significan en la práctica un deterioro progresivo de la condiciones laborales.

- Continúa la desprotección a los Derechos Humanos de los sindicalistas.
 
En lo que va corrido de la administración de Juan Manuel Santos, se  acumulan 60 muertes de sindicalistas, siendo una cifra que habla por sí sola del drama en la falta de garantías para el ejercicio sindical en nuestro país.

- Permanece el desconocimiento y violación a los Convenios  Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 87 y 98)  y los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga. Y en  general, se ignoran las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales tienen carácter vinculante y hacen parte del  bloque de constitucionalidad de la Carta del 91.
Este incumplimiento y desconocimiento de las normas que rigen en la  protección a nivel internacional del trabajo, tiene ejemplos que resultan  ofensivos, por decir poco. Este es el caso del desconocimiento del fallo de  tutela que ordena el reintegro de 51 trabajadores despedidos ilegalmente  de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), afiliados al Sindicato de trabajadores de esta empresa  – SINTRAEMCALI; hecho sobre el cual la  Organización Internacional del Trabajo se pronunció en su último informe  (Informe 363 caso 2356).
No obstante, la reivindicación de garantía y derechos, no halla su justificación  únicamente en los trabajadores, sino que otros grupos sociales vulnerables al  libre comercio, tampoco son objeto de protección por el Estado colombiano.
Caso específico son las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En un reciente pronunciamiento del gobierno de Bélgica, país integrante de la Unión Europea (bloque de naciones con el Colombia firmó el año  inmediatamente anterior un Tratado de Libre Comercio),  éste manifestó, que  si bien era un progreso en materia jurídica una Ley como la 1448 de 2011 (ley  de víctimas y Restitución de Tierras),  sugirió revisar las condiciones de  Implementación del TLC con Colombia, puesto que la flagrante desprotección  a los líderes de restitución ha conducido a una secuencia de homicidios que
en coincidencia con la vigencia la Ley, han extinguido la vida de  aproximadamente 14 líderes  de restitución (Según la Defensoría del Pueblo  entre 2006 y 2011 han sido asesinados por lo menos 71 líderes).
Tal consideración y preocupación en materia de Derechos Humanos, no sólo  debería  corresponder a un país como Bélgica, sino  también a otros países como Estados Unidos, Corea, Brasil y demás naciones con las cuales el  gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, suscribió o pretende suscribir tratados de libre comercio.
2. Es pertinente recordar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  previo a su aprobación en el año 2006, tuvo como condicionamiento una  mejora sustancial en la garantía real de los Derechos Humanos,
fundamentado en aspectos particulares como por ejemplo, el cese de favorecimientos y vínculos del Estado con el paramilitarismo.
Sin embargo, el Tratado adoleció de  un  vicio en su aprobación, ya que las Leyes 1143 y 1166 de 2007, fueron aprobadas por un Congreso en el cual 3 una gran proporción de parlamentarios tuvieron nexos directos con el paramilitarismo, siendo judicializados y encarcelados varios de ellos
1 .Si tal condicionamiento, hubiera tenido (o debiera tener) una consideración seria  por  parte del gobierno de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, simplemente no debería existir (y por
ende su implementación no debería ser objeto de  discusión), puesto que implicó incumplimientos en materia de Derechos Humanos, y además adolece de legitimidad política por
los actores que en  su momento en  el legislativo dieron visto bueno a su aprobación.
3. El TLC con Estados Unidos, además de todo lo anterior, representa peligros y potencialmente vulnera los derechos y patrimonio nacionales.
Este es el caso de la adaptación legal en materia de derechos de propiedad intelectual en relación con medios de comunicación como la televisión y el internet, siendo en éste último caso, la intensión de proyectos de ley similares en Colombia  (como la denominada “Ley Lleras”) en concordancia con las estadounidenses  ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act).
Algo similar sucede con leyes en materia de propiedad intelectual sobre especies vegetales y animales, que ponen en peligro los conocimientos ancestrales y el “uso” de la fauna y la flora (patrimonio biodiverso colombiano) con intensiones comerciales.
Sin embargo, el TLC con Estados Unidos también implica un riesgo de privatización  paulatina de bienes y servicios públicos mediante las Alianzas Público-Privadas. La ley  1508 de 2012, es el mecanismo mediante el cual se garantiza la entrada en  masa de inversionistas estadounidenses en sectores como la infraestructura y  la prestación de servicios educativos y servicios públicos.
Estos anteriores argumentos y fundamentos políticos sobre los cuales se sustenta el  voto negativo al proyecto de ley de referencia, deben a su vez ser comprendidos en  el escenario y contexto particular de la economía colombiana. Y en particular, a modo de conclusión, señalar que el Plan de Acción resulta inocuo en una economía con la estructura económica, laboral y de desarrollo que se viene  consolidando en  los últimos tiempos.
De qué sirven las medidas, por bien intencionadas que parezcan,  de un Plan de  Acción, cuando se tiene una estructura productiva reprimarizada y la informalidad  laboral es un fenómeno de unas dimensiones enormes. En un reciente estudio del Banco de la República desarrollado por el investigador  Luís Armando Galvis, se  muestra que en Colombia la informalidad es del 62,32% (2), es decir, que 6 de cada 10 trabajadores están fuera del sector formal del “mercado de trabajo”.
De igual manera, los fundamentales del desarrollo se cimientan sobre sectores que  afectan no sólo el medio ambiente, sino la generación de empleo de calidad. La minería se estableció en la ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos) como el sector líder del desarrollo de la economía, generando un mal, que contrario a lo que establecen funcionarios del gobierno nacional, está rampante en Colombia: la enfermedad holandesa.
Son cifras del Banco de la República los que confirman esta tendencia, sustentada en la pérdida de crecimiento y representatividad en la producción nacional de un sector como la Industria (sector que históricamente genera empleo), y un  crecimiento sostenido del sector de minas y canteras. En 2011, el PIB creció 5,9%,siendo la explotación de minas y canteras la que más representatividad tuvo en ese crecimiento con el 14,3%. Mientras tanto la industria, apenas creció 3,9% y el sector agropecuario 2,2%. Esto a su vez se complementa con el hecho de la participación en la producción. En 2007 la industria tenía una participación en el PIB del 14,19%, el sector agropecuario 7,2% y la explotación de minas y canteras 5,7%. Ya en el año 2011 la estructura de participación  por
sectores económicos brinda un panorama diferente: el agro  y la industria decayeron al 6,34% y  12,6%, respectivamente, mientras que la minería ha subido a 7,72%.

La sustentación de este voto negativo permitirá a futuro constatar que no todos fuimos engañados
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Alba Luz Pinilla   Iván Cepeda Castro
Representante
a la Cámara  Representante a la Cámara
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Hernando Hernández Wilson Arias Castillo
Representante
a la Cámara Representante a la Cámara
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Germán Navas Talero
Representante
a la Cámara

1
En el Libro publicado por la Fundación Nuevo Arco Iris y otras organizaciones, cuya edición  fue realizada por la politóloga Claudia López, se afirma (página 33):
"En 2002 los congresistas electos con apoyo del narco paramilitarismo obtuvieron el 34% de  las curules y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación para Senado.
Ocho de cada diez de esos congresistas entraron a hacer parte de la coalición del presidente Uribe y coogobernaron con él desde entonces. En 2006 casi todos los
congresistas de la parapolítica fueron reelegidos y mantuvieron la misma proporción y representatividad de la  coalición de gobierno."
2 Banco de la República (2012). “Informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia”, Documentos de trabajo sobre Economía Regional No. 164, febrero de 2012. Pág. 34
Last modified on Viernes, 09 Febrero 2018 13:08
RODRIGO ACOSTA

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