En dicho concepto, el alto  tribunal le  recuerda al Gobierno la vigencia del
mencionado Decreto que  en su artículo 52  dispone: “En Todos los casos en que
corresponde al Presidente de la República designar el reemplazo de  Alcalde
Mayor,  deberá escoger a una persona que pertenezca al mismo  partido o
titular”. El Consejo  de Estado agrega que: “el segundo inciso  del artículo 106
de la Ley 136 de 1994  descarta expresamente la figura  del encargo cuando la
falta temporal (del  alcalde) tenga origen en una  suspensión”, y ello es así
–precisa el Consejo de  Estado- para  asegurar que el reemplazo “únicamente
puede recaer  en uno de los  candidatos que en forma de  TERNA le propone el
partido o Movimiento   Político del Alcalde titular”.

El Presidente no sólo violó la  norma el 3 de  mayo, fecha del encargo a la
Ministra de Educación, sino  que también el  concepto del Consejo de Estado, el
día 26 de mayo,  cuando ya conocía la  respuesta del alto tribunal (25 de mayo)
y pese a  ello precipitó la designación  de la alcaldesa ad hoc, en su afán de
presentar el proyecto de privatización de  la ETB.