Medio Ambiente (102)
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Aportes_desde_la_Universidad_Nacional_de_Colombia_para_la_discusion_del_Proyecto_de_Acuerdo_POT.pdf
El presente documento que ha venido siendo elaborado por un equipo de trabajo académico desde la Universidad Nacional de Colombia como aportes a la discusión, análisis y toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial de la ciudad para los próximos 12 años.
Así y con el propósito de entender y comprender las múltiples apuestas que se han llevado a cabo desde diversos sectores, procesos y organizaciones sociales presentes en la ciudad, en relación al ordenamiento territorial en Bogotá y de modo particular los ajustes y revisiones al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, la Universidad Nacional de Colombia hizo un ejercicio de sistematización y revisión de más de una centena de fuentes de información relacionadas con el ordenamiento territorial y sus múltiples variables. Este trabajo se compilo en un documento1 mediante una serie de fichas con formato RAE (Resumen Analítico Especializado), organizadas por actores y categorías en el período de tiempo comprendido por las dos últimas décadas. Estas fichas buscan poner en evidencia apuestas y problemáticas que se han desarrollado en la ciudad en torno al ordenamiento territorial.
Uno de los principales retos de la planificación urbana, se relaciona con la ambivalencia entre lo rural y lo urbano, y la carencia de un modelo que vincule ambas configuraciones territoriales; sumado a esto hay un proceso disfuncional entre la planeación física del territorio a la planeación integral del desarrollo, que conlleva a generar problemas en relación con el suelo donde se espacializan los derechos y los deberes urbanísticos, también inequidades producidas por la planeación, usos del suelo, los pactos sociales. De tal manera, las actuaciones sobre el suelo rural y el desarrollo de los instrumentos propios de estos territorios, tales Unidades de planeación Rural, denotan que en el POT la población rural se ve mayormente afectada; además, como se constató en las audiencias públicas, algunas veredas de la ciudad no son consideradas en el ejercicio de ordenamiento.
En segundo lugar, la población que se plantea en el documento POT dista bastante de las cifras del DANE, lo cual permite inferir que las proyecciones para el número de viviendas y por ende la necesidad de conversión de suelo rural a urbano, no se ajusta a lo definido en el documento POT. Es decir, con el documento se pretendía proporcionar ciertas condiciones y herramientas que permitieran viabilizar la organización física del espacio urbano, a través de la consolidación de un modelo de ocupación territorial funcional y acorde a unas supuestas necesidades; sin embargo, la proyección de cifras incidiría negativamente en los procesos de crecimiento y en la definición de usos y actividades sociales y productivas en el mismo.
Se promueve con fuerza el Proyecto Ciudad Paz, constituido por las sub-ciudades: Ciudad Río, Ciudad Bosa y Ciudad Norte, que se concretan en los Proyectos Territoriales Estratégicos de crecimiento de la Revisión General del POT en Ciudad Norte, compuesta por cuatrociudades: Lagos de Torca, Ciudad la Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos; Ciudad Río; Lagos del Tunjuelo y Ciudad Usme, lo que sumado a la imprecisión en el manejo de los datos poblacionales, retoma la discusión por el modelo de ciudad que se pretende agenciar: si uno bajo el cual se densifiquen las zonas con posibilidades de consolidación y desarrollo al interior de la ciudad construida, o si es necesaria una extensión de la misma, lo que plantea problemáticas a entes territoriales vecinos, así como de disponibilidad de recursos, y la postergación de la segregación socio-espacial, donde son los ciudadanos quienes se ven mayormente afectados, debido a los forzosos movimientos pendulares y la escasa disponibilidad de equipamientos.
En otro aspecto, no se haya correlación entre las dinámicas socioculturales de los municipios ubicados en los anillos de influencia y que conformarían la Ciudad- región, lo que establece una serie de relaciones y vínculos con centros cuya polarización ejercen atracción a las actividades diarias, así como la generación de intercambios socioeconómicos que caracterizan la realidad regional. Los centros considerados como atractivos para la población corresponden a aquellos lugares donde existen un mayor grado de funcionalidad y especificidad en la atención de los servicios sociales, comerciales, económicos y culturales.
De tal forma, el desarrollo de las actividades económicas y sociales en los diferentes municipios, son producto de la intervención en el territorio dentro del contexto regional de la Sabana de Bogotá, que permite identificar un conjunto de flujos de intercambio con la región, configurando relaciones de metropolización intra e inter, y consolidando la aglomeración urbana de Bogotá. Estas actividades y usos del suelo dan paso a relaciones cuyo movimiento tienen como eje central las vías nacionales y departamentales, que comunica entre sí y con otros centros urbanos, en donde la oferta de bienes y servicios sumado a las disponibilidades estructurales generan un impacto, evidenciado en las maneras de dinamizar las economías y relaciones sociales, a partir del intercambio mutuo.
Otro punto importante dentro del análisis de vínculos existentes, es el que representa la dependencia de la atención de servicios públicos domiciliarios (agua potable, energía eléctrica y telefonía) en su mayoría suministrados por las empresas de Bogotá, lo cual afecta la economía local en consideración del bajo ingreso que representa el desarrollo de actividades de bajo valor agregado, además de condicionar la ocupación del espacio. Ello tiene una clara relación con el debilitamiento de la estructura económica de la ciudad. También el acelerado crecimiento urbano y los procesos de desindustrialización en Bogotá, supuso cambios espaciales como la dislocación de las construcciones destinadas a actividades industriales y logísticas, que devinieron en la localización de éstas en áreas urbanas, suburbanas y rurales aledañas.
Mientras usted lee este artículo, miles de hectáreas de selva tropical están desapareciendo en la Amazonía, no solo a causa de la oleada de incendios sin precedentes que se presenta actualmente, también como producto de la falta de acciones contundentes para conservar y restaurar los pocos relictos de ecosistemas de bosque que aún quedan en nuestro planeta.
Desde enero del presente año, se han presentado cerca de 72.843 incendios forestales en la región Amazónica de Brasil de acuerdo con datos publicados por el INPE (Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil), cifra que representa un incremento de 83% respecto al año pasado. El gobierno brasilero, en cabeza del presidente derechista Jair Bolsonaro, afirmó que las sequías y el viento, sumadas a un tiempo seco, hicieron que los incendios aumentaran, mientras que expertos como Alberto Setzer, investigador del INPE, han afirmado públicamente que “no hay nada anormal sobre el clima este año o la lluvia en la región amazónica, que está un poco por debajo del promedio” (Paraguassu, 2019), no obstante la gran cantidad de incendios no responde solo a fenómenos naturales.
Entonces, ¿cuál es origen real de esta emergencia ambiental? Una de las causas está relacionada directamente con la intervención humana, en su mayoría los incendios se originan por agricultores que buscan expandir la frontera agrícola y deforestan ilegalmente para generar nuevas tierras para la cría de ganado o la siembra de soya. Curiosamente esta situación se acrecentó con la llegada de Bolsonaro al poder, quien a su llegada manifestó priorizar la agricultura y la minería en el Amazonas, en lugar de promover su conservación.
El Concejal Celio Nieves Herrera del Partido Polo Democrático Alternativo, manifiesta que este no es un problema que atañe únicamente al gobierno de Brasil pese a que tiene una responsabilidad mucho mayor, los efectos de esta catástrofe ambiental se experimentarán a escala planetaria, pues las regiones amazónicas de países como Bolivia, Paraguay y Perú, ya experimentan una situación similar. Adicionalmente, se vería afectado el equilibrio climático global, se liberarán millones de toneladas del carbono que el bosque ya había retenido, además comunidades indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer, al igual que las especies de fauna asociadas al bosque, se alterará el sistema de acuíferos y agua subterránea.
Otra de las causas en el incremento de los incendios está asociada con las elevadas tasas de deforestación, las regiones de Brasil donde más se elimina cobertura arbórea son precisamente las que reportaron un mayor número de incendios. Colombia no es ajena a esta situación, de acuerdo con el 17º Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación para el cuarto trimestre de 2018 efectuado por el IDEAM, se encontró que “la Amazonía concentra el 75% de las detecciones de deforestación”, son los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los que concentran las mayores cantidades de detecciones de deforestación. Alrededor de 43 mil hectáreas fueron deforestadas tan solo entre los meses de octubre y diciembre del año pasado.
Por lo tanto, Nieves Herrera recuerda que son los gobiernos de la cuenca del Amazonas, entre los que se encuentra Colombia, los encargados de liderar acciones para su protección, pero son los mandatarios de países como Estados Unidos y China, quienes representan un tercio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, además de la Unión Europea, India y Rusia, quienes tienen la obligación de mitigar los impactos de sus emisiones invirtiendo recursos para la conservación del principal sumidero terrestre de carbono como es el bosque Amazónico para contrarrestar el calentamiento global. Según el Informe Planeta Vivo 2018, elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) “el 20% de la Amazonía ha desaparecido en solo 50 años”.
Ante este desolador panorama, el Cabildante Nieves Herrera recuerda la importancia que tiene para Bogotá el conservar sus ecosistemas, que incluyen una valiosa diversidad de flora y fauna, además de fomentar la siembra masiva de árboles al interior de la ciudad que disminuyan el impacto de las islas de calor, aspectos que contribuyen a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático. No es posible que las propuestas formuladas desde la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sigan enfocándose en la intervención drástica de las pocas áreas protegidas que aún conserva nuestra capital, endurecer aún más nuestros Cerros Orientales, montañas, ríos y humedales, traerá consigo consecuencias que aún no podemos medir.
No en vano, los gobernantes de Brasil y Bogotá se parecen pues manifiestan su desprecio por la naturaleza, mientras Jair Bolsonaro acusó a las organizaciones no gubernamentales de incendiar el bosque y Enrique Peñalosa denomina “ambientalistas antisistema” a quienes protegen la Reserva Thomas Van der Hammen.
(Celio Nieves Herrera es concejal de Bogotá y candidato por el Polo Democrático Alternativo)
Emiliano Terán Mantovani
Los enormes incendios que se han producido en la Amazonía brasileña, así como la de otros países de la región, como Bolivia, han capturado la atención global y avivado la discusión sobre el problema de fondo que sufre esta muy sensible eco-región.
Es cierto que en la Amazonía hay temporadas de incendios, primordialmente entre los meses de julio y septiembre (aunque pueden continuar hasta noviembre), cuando llegan los períodos secos. También es cierto que se han registrado incendios en amplias áreas de otras partes de Suramérica (incluyendo Venezuela), y que estos no han tenido la misma repercusión mediática. Pero, al menos desde lo que se ha registrado oficialmente, estamos ante el incremento de un 85% de estos eventos en territorio amazónico en relación al año pasado, según el Instituto Nacional de Investigación del Espacio de Brasil (INPE), y se han quemado extensiones a tasas record desde que se comenzaran los registros en 2013. En la Chiquitanía boliviana, en el departamento de Santa Cruz, ya son cerca de 500 mil hectáreas que se han incendiado.
La NASA ha dicho que la actividad total de incendios en la cuenca del Amazonas, observada a partir del 16 de agosto de este año, fue ligeramente inferior al promedio en comparación con los últimos 15 años, aunque la actividad ha estado por encima del promedio en los estados Amazonas y Rondônia. Pero en todo caso, el dato no es si estos incendios son o no los más importantes de los últimos años. Lo importante es más bien el momento que revelan, el tiempo particular de la historia ambiental del Amazonas, que habla, al mismo tiempo, de nuestro propio tiempo de crisis civilizatoria.
Amazonía y tiempos de inflexión: últimas fronteras y extractivismo desinhibido
Lo primero que hay que decir, es que estos incendios no son sólo ‘catástrofes naturales’, sino más bien el producto tanto de las modificaciones al espacio natural como de los impactos directos provocados por las actividades económicas más depredadoras que han sido impulsadas por los intereses económicos dominantes locales, nacionales y transnacionales. Sobre esto hay que señalar el ato impacto de la deforestación, promovida por la minería formal y la ilegal; el aumento de las tierras para agricultura intensiva con monocultivos, pero también para beneficiar a los poderosos sectores ganaderos y agrícolas; o bien el rol de la industria maderera y el tráfico ilegal de madera; por mencionar ejemplos. La quema en sí misma es también promovida por los sectores ganaderos para ‘limpiar’ y despejar la tierra.
Profundidad óptica de aerosol de quema de biomasa a 550 nm (proporcionado por CAMS, el Servicio de Monitoreo de Atmósfera de Copérnico). 18/8/2019
Por mencionar un ejemplo de lo dicho, estudios han mostrado cómo la deforestación es uno de los principales factores que favorecen estos grandes incendios, al dejar vulnerable la selva ante vendavales que ayudan a propagar el fuego. Existe una relación directa entre la deforestación y el crecimiento de los incendios, por lo tanto, entre estos últimos y los depredadores intereses de extractivismo. Olvídese de la explicación monocausal de los ‘accidentes naturales’. No hay forma de haber llegado a este punto sin el insidioso accionar de los intereses extractivo/capitalistas.
Lo segundo: estos incendios nos muestran en realidad un momento socio-ecológico de la Amazonía. Estos eventos están pasando cuando ya esta eco-región tiene una larga historia de carga de impactos y presiones, que vienen en avanzada, y que de seguir como van la están aproximando a un punto de inflexión, al debilitar más y más sus propios mecanismos de defensa y ‘estabilización’, y con ello, a socavar los aportes que ofrece para la reproducción de la vida en el Planeta (generación de oxígeno, patrones estacionales, sumideros de carbono, y un largo etc). Transitamos un límite muy peligroso, que además debe ser entendido en el marco de estos tiempos del antropoceno (capitaloceno).
Lo tercero, y algo fundamental: estos incendios revelan la forma que tiene el asalto a las nuevas fronteras de los commodities y sus vínculos con el nuevo tiempo del extractivismo en América Latina. El fuego masivo en la Amazonía hace evidente la configuración de esta ecología política atravesada por esta fase más violenta del extractivismo.
El avance en los últimos años de una ola de derechización en la región no debe ser entendida sólo como el posicionamiento de actores y mandatarios de derecha y extrema derecha en puestos de gobierno; sino también como un avance, un asalto voraz y desinhibido hacia la naturaleza. Y dicho avance se está generando a partir de actores que actúan desde arriba y también desde abajo, y que comparten entre sí las lógicas de despojo altamente patriarcalizadas, autoritarias y violentas.
Entre ellos están los actores del agronegocio; los intereses particulares de poderes económicos locales (como los latifundistas), el mismo crimen organizado que deforesta cada vez más y controla buena parte del tráfico de recursos naturales; y como actor/guía, gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, pero no únicamente este, sino incluso otros gobiernos que, de otras formas, promueven la re-colonización de las últimas fronteras de la extracción, como lo es el gobierno de Evo Morales o Nicolás Maduro en Venezuela.
Bolsonaro es la cara más acabada de este patrón de poder dominante en la región. Al mismo tiempo que da luz verde y hace un llamado a la expansión de una violencia clasista, patriarcal y racista, del mismo modo convoca al asalto voraz de la Amazonía. Las tasas de deforestación se incrementan en 2019. La fascistización política se presenta también como una fascistización contra la naturaleza.
Algunos de los niños de los ojos de Bolsonaro, os fazendeiros, en este caso del sudoeste de Pará, anunciaban para el 10 de agosto el “día del fuego”, con la idea ‘llamar la atención del gobierno’ y evidenciar que querían trabajar y la única forma era ‘limpiando sus pastos con fuego’. INPE, a partir de su programa de monitoreo de quemas, registra una explosión de incendios en la región. Días después se desata el infierno.
Defender las fronteras de vida
La oscuridad durante el día, en la ciudad de Sao Paulo, resulta muy simbólica, en la medida en la que hace de representación de esos paisajes distópicos, recreados en el cine, que suelen tener tras de sí un mundo deforestado (recuérdese la escena de Matrix del ‘Bienvenido al desierto de lo real’). Y sobre todo, como esa oscuridad, alcanza las zonas de consumo privilegiado, las zonas del modo de vida imperial.
Aquí estamos. En este tiempo de enormes desafíos. Tiempos que requieren de nosotros una respuesta acorde a ellos. Una respuesta que evite que sólo seamos espectadores por las redes sociales del ecocidio capitalista.
Defender la Amazonía, en realidad simboliza la defensa de todas las últimas fronteras de vida. Las fronteras de los ecosistemas, de los territorios, de los cuerpos y de la mente. Es en última instancia, un llamado a la defensa de lo común, lo único que compartimos todos: la casa común.
Emiliano Terán Mantovani
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
https://www.alainet.org/es/articulo/201730
Así lo advirtió la Concejal María Fernanda Rojas, al asegurar que la Alcaldía de Peñalosa solo ha plantado 21.625 árboles en espacio público y no 276.214 árboles como lo han anunciado, y casi el 40% de los árboles que siembra el Jardín Botánico, terminan muertos.
Bogotá febrero 6 de 2019. La Concejal María Fernanda Rojas cuestionó la falta de rigurosidad en la información que la Alcaldía de Bogotá suministra en relación a las siembras de árboles en Bogotá, dado que una vez revisados los datos suministrado por el Jardín Botánico se evidencia que esta Administración solo ha plantado 21.625 árboles en el espacio público y no 276.214 como lo anunció hace unas semanas el alcalde Peñalosa.
En derecho de petición el Jardín Botánico le respondió a la Concejal del Partido Alianza Verde, que hasta final de octubre de 2018 esta administración sólo había plantado 21.625 árboles en espacio público de uso público. Los demás, eran árboles pertenecientes a predios privados, 9.216 y replantes 8.813. Estos últimos son árboles que murieron y tuvieron que ser plantados nuevamente. Con lo cual, los estarían contando dos veces y daría un total de 39.654. Cifra cercana a la que da el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá, Sigau.
Contradiciendo estas dos fuentes, el alcalde Peñalosa, en noviembre de 2018 dijo públicamente que se habían plantado 184.592 árboles y que se estaban realizando compensaciones de árboles talados a razón de ocho individuos nuevos por cada uno que desaparece.
Es posible que para completar el número que el alcalde dijo, hayan incluido en sus cuentas las “especies nativas” plantadas por la Secretaría de Ambiente 89.135 y los “individuos vegetales” plantados por el Jardín Botánico de Bogotá 58.912, en zonas de restauración ecológica, con esas cuentas serían 187.701 individuos, pero plantados tanto dentro como fuera de la ciudad, en espacio público y en predios privados.
“Esa incongruencia entre las cifras ya comienza a arrojar dudas sobre el origen y confiabilidad de las declaraciones del alcalde, por esa razón es importante hacer la distinción de las cifras antes mencionadas porque la discusión central son los árboles urbanos en espacio público, que inciden directamente en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Y los que corresponden a estas características son sólo 21.625, según la entidad que los plantó” expresó Rojas.
Diversas fuentes consultadas en el sector forestal señalan que lo normal es tener tasas de supervivencia cercanas al 90%. Es decir que, en condiciones normales, el 10% de los árboles sembrados no prosperan y deben ser replantados. Fuentes internas del Jardín Botánico y cálculos que han hecho organismos de control, apuntan a que en la actual administración esa tasa ha descendido a niveles preocupantes. El cálculo más optimista es que el 36,4% de los árboles que siembra el JBB, terminan muertos.
La Concejal también se refirió al anuncio que hizo el alcalde a finales del 2018 en medios de comunicación y redes sociales oficiales referente a la realización de un “megaplantatón” donde ciudadanos y funcionarios sembrarían 13 mil árboles en un solo día. Según información entregada por el Jardín Botánico, en dicha jornada solo entregó 1.427 individuos nuevos al arbolado de la ciudad.
Y para alcanzar la meta prometida por la Administración, se metieron en las cuentas de ese día especial, el trabajo cotidiano que entidades como la Secretaría de Ambiente cumplen dentro de su función misional. Así, entraron a inflar las cifras del “megaplantatón” los 8.862 árboles que se habían plantado en las zonas de restauración y otros 500 en zonas de humedales. Es decir, individuos que no se encuentran dentro del arbolado urbano en espacio público y que, en todo caso, no fueron plantados el mismo día de la anunciada actividad.
Así mismo se solicitó al Jardín Botánico de Bogotá el inventario de su material vegetal y se encontraron nuevas incongruencias: entre el material vegetal propio y comprado a terceros, del inventario del JBB sólo han salido hacia las plantaciones de la Alcaldía 42.778 individuos, pero el alcalde afirmó que se han plantado 184 mil. La pregunta inevitable que surge en este punto es: ¿Cómo aparecen plantados unos árboles que nunca salieron del Jardín Botánico ni de sus proveedores?
Para completar, el alcalde en sus más recientes declaraciones, subió la apuesta y ya no habló de 184.592 si no de 276.214 árboles plantados en esta Administración. Es decir, que, en dos meses, noviembre de 2018 y enero de 2019, el Jardín Botánico plantó 91.622 árboles nuevos. No hay seguridad que el JBB tenga la capacidad institucional y logística para lograr esta proeza, así que podría tratarse de la recurrida estrategia de acomodar las cifras.
Otra de las preocupaciones que manifestó la Concejal es referente a las plantaciones que se realizan, dado que algunas entidades distritales no parecen estar siguiendo las recomendaciones del Manual de Arbolado Urbano. En petición extendida al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, la entidad aseguró que su Subdirección Técnica había solicitado la tala de 433 árboles entre septiembre de 2016 y enero de 2018. Pero de ellos, sólo 45 requerían compensación y los restantes 388 árboles no.
Finalmente se mostró preocupada por el incumplimiento de la resolución 0456 de 2014 que establece los lineamientos y procedimientos obligatorios para compensar las zonas verdes que se pierdan por el desarrollo de obras; ejemplo de esto es la respuesta a un derecho de petición que dio la Secretaría de Ambiente donde informó que no tienen registro de compensaciones realizadas desde 2015 a la fecha.
@MaFeRojas
Jefe de prensa:
Angela Pinzón
311865528
Mientras se realizaba el Plantón, frente a las instalaciones de la CAR -Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-, en la Avenida la Esperanza con Carrera 62, para exigir a su Consejo Directivo, el no aceptar la propuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá de intervenir urbanísticamente la Reserva Thomas Van Der Hammen se conoció una aclaración de la Magistrada Nelly Villamizar que reversa su decisión conocida hace menos de una semana.
La Importancia de la Reserva Van Der Hammen:
La Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen, es un pulmón de oxígeno planeada desde 1997 previos estudios de gran profundidad y pensando en el futuro de la ciudad y de su población. Los beneficios de mantener el área como reserva, son fundamentales, por cuanto:
1. Dicho territorio, es el que realiza la conectividad y recuperación de ecosistemas de la cuenca alta del río Bogotá, frente a su deterioro.
2. Asegurar la vida de los humedales de La Conejera y Torca-Guaymaral
3. Producir un muro de contención contra la conurbación de Bogotá con Chía y Cota.
4. Hoy en día, es una oportunidad de salvaguardar y garantizar una provisión de oxigeno frente al acelerado deterioro del ambiente por los efectos de los gases de efecto invernadero y de proyectos lesivos para el ambiente como la nueva flota de Transmilenio que seguirá usando el temible diésel
Que dijo el Alcalde Peñalosa:
El Alcalde afirmó de inmediato que su propuesta de intervenir la Reserva supuestamente “es mucho mejor, puesto que mantiene el 80% y suma mil hectáreas adicionales para tener 1435 hectáreas de terreno público de reserva y parques”. Dice que la CAR aceptará su propuesta y adiciona “Nuestra propuesta hace posible comprar esta tierra y cargarle el costo a los propietarios de la tierra… no habría recursos para comprar éstos terrenos, es mejor invertir en Colegios”. Lo que se le olvidó decir al Alcalde es que cualquier intervención sobre el corredor de la Reserva Thomas Van Der Hammen corta la conectividad de los ecosistemas y que la definición del suelo como Reserva no le permite a ningún particular construir, por lo que se garantiza una mayor sostenibilidad. Por otro lado preciso recordarle que el Plan de Desarrollo estableció los recursos para la financiación de colegios por lo que la afirmación solo sería un sofisma.
Tampoco informó que adelanta otro proyecto urbanístico conexo, denominado Lagos de Torca, que afecta el ecosistema.
En que Consiste el nuevo pronunciamiento del Tribunal:
La Procuraduría General de la Nación presentó un documento de aclaración a la Magistrada Villamizar, la cual le llevó a tomar una decisión en contravía de su decisión. Es decir deja sin efecto su propio fallo al afirmar que el tramite de la CAR no ha culminado. Al respecto la CAR considera que la magistrada se extralimitó en sus funciones al haberle ordenado que en menos de 8 días debía “aprobar y acoger plenamente” el proyecto del Alcalde de Bogotá.
No obstante da solo un plazo de 120 días para que la CAR evalúe la propuesta y tome la decisión de negarla o adoptarla e indica que “En caso de que la CAR no autorice la sustracción de la reserva, se ordena que de manera inmediata y en el término máximo de los nueve meses siguientes al presente auto, a dar total cumplimiento a las medidas adoptadas en el Plan de Manejo Ambiental por parte de la CAR, la Secretaría de Ambiente y Jardín Botánico, para lo cual deberá realizarse las apropiaciones presupuestales necesarias”.
En la solicitud de aclaración de la Procuraduría, se buscaba establecer si las directrices del fallo cumplen con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como lo dispuesto con la ley que regula las acciones populares, teniendo en cuenta que los recursos judiciales pueden variar según uno u otro esquema procesal, así como también los tiempos en que deben resolverse.
Adicionalmente, el ente de control pidió precisar si la magistrada tuvo en cuenta el decreto que establece que la regulación de los plazos y el procedimiento para la publicación de los proyectos de actos administrativos está en cabeza de las autoridades del orden nacional.
Por esta razón, en el documento con el que justifica la apelación, la Corporación no solo cuestiona la competencia de la funcionaria judicial para tomar este tipo de decisiones, sino cómo este fallo estaría abriendo un peligroso camino, que podrían aprovechar algunos para adelantar trámites ambientales, brincándose el estudio de los expertos.
Como parte de los argumentos del recurso, la CAR reprocha que la funcionaria hubiera dado una orden de este calibre alrededor de una propuesta que apenas está bajo estudio del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma, “que es el órgano con competencia legal para decidir si la misma es viable o no”.
Resalta, además, un hecho relevante: el auto mediante el cual se ordena la aprobación del proyecto del Distrito de intervenir la Van der Hammen surge de un incidente de desacato que promovió la comunidad el 26 de septiembre de 2016 contra el alcalde de Bogotá. Es decir, el proceso se activó por una situación que ocurrió casi dos años antes de que la administración hubiera presentado formalmente la propuesta.
En conjunto, dice la Corporación, el fallo lo que está haciendo es desconocer la autonomía de la CAR como autoridad ambiental, al impedir el estudio y la valoración técnica de la propuesta, creando un mal precedente dentro de las solicitudes relacionadas con trámites ambientales.
Por ahora, la apelación ya está en manos de las autoridades y será tarea de los magistrados del Consejo de Estado dirimir esta controversia, para definir si la magistrada Villamizar se extralimitó en sus funciones como lo dice la CAR, con lo que tendría que revocar el auto, o si, por el contrario, tenía las facultades de ordenar la aprobación de la propuesta de la Alcaldía. Sea cual sea la decisión, de ella dependerá el futuro de la reserva.
MIentras la Reserva "se salvó por un pelo", la ciudadanía se encuentra altamente sensibilizada con la problemática ambiental y rechaza la tala de árboles, las acciones en el Bosque Bavaria, Transmilenio por la Séptima, la limitación del Bosque San Carlos y el aumento de la polución. Ya son varias las movilizaciones desarrolladas en una convergencia de movimientos sociales y una Veeduría Ciudadana, y lo más seguro es que se desaten acciones de masas para asegurar que los altos tribunales garanticen la Reserva Thoman Van Der Hammen.
Le puede interesar ver el audiovisual, DE LA MARCHA QUE LOGRÓ LA CONVERGENCIA CIUDADANA EN DEFENSA DEL AMBIENTE EN BOGOTÁ:
EL SEPTIMAZO CLIMÁTICO
https://www.youtube.com/watch?v=S2goqUt3jSI&t=2s
Ah país del sagrado corazón, aún estamos en los tiempos de la patria boba. De nuevo se ha repetido la aventura de Alí Babá y los cuarenta ladrones, aunque en la realidad son menos que eso.
Hidroituango, diseñada con una capacidad de 2.600 megavatios, y con una inversión inicial de US$3.000 millones, se planeaba que entraría en operación en 2018, ahora los sobrecostos son exhorbitantes, el daño social y ambiental causado es enorme; y según los anuncios del gerente de EPM, no entrará en operación ni en los próximos 2 años. Pero quienes son los responsables de todo esto?.
Es muy sencillo y lo explicaremos en breve, en la lógica de proporcionar información independiente y fidedigna, y a distancia de los enfoques que dan los medios comunicación comerciales quienes desorientan a las audiencias.
Las verdades son éstas:
1. Quien estaba a cargo de todo entramado fue el presidente de esa época y lider natural del Centro Democrático el actual senador Alvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) y su Ministro de ambiente el señor Carlos Costa Posada, siendo gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Alcalde de Medellín Alonso Salazar.
2. El día 30 de enero de 2009 se expide la Resolución 0155 por el Ministerio de ambiente la cual se puede descargar aquí: https://www.hidroituango.com.co/documentos/licencia-ambiental/Resolucion_0155_de_2009_Licencia_Ambiental.pdf
Por Herman Martínez Gómez.
La ciudad tiene alrededor de un millón doscientos cincuenta mil árboles en el espacio público y se calculan unos cuatrocientos mil en el espacio privado. Falta sembrar otro millón de árboles para cumplir con la norma de un árbol por cada tres habitantes, según los estándares de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud.
La edad promedio del arbolado en la capital se estima en 30 años. Hay 85 árboles patrimoniales que superan los cien años y mueren mil árboles cada año según los datos históricos del Jardín Botánico José Celestino Mutis.
Un equipo de expertos del Jardín Botánico, mantienen identificados los árboles en peligro de volcamiento. El 50% de los árboles en alto riesgo de volcamiento están en la localidad de Suba. En Bogotá cada diez años muere una persona por caída de un árbol.
Las normas de tala en la ciudad están elaboradas para retirar del espacio público los árboles con riesgo de volcamiento y los árboles en proceso de muerte, que ocurre con la pudrición del tronco.
Miles de ciudadanos en Bogotá hemos marchado contra la tala de árboles, masiva que se adelanta en diferentes sitios. Sobre la Autopista Norte, La NQS, El Bosque de San Carlos, en la 85.
Son árboles con décadas de vida y en buen estado, incluso bien ubicados que quienes se les ha quitado la vida por las motosierras del Jardín Botánico. Diferentes ciudadanos en redes sociales han indicado se podría tratar de un negocio familiar, “talar y sembrar” lo cierto es que el rechazo de la ciudadana con respecto a la tala es generalizada. Estas acciones se suma a la intervención urbanística sobre la Reserva Van Der Hammen y la entrada en operación de mas de 1.200 buses de Transmilenio con tecnología Euro 5 rechazada en Europa, licitación que se adelanta en la actualidad.
En un comunicado expedido por la Personería de Bogotá se indica que: ” La Personería de Bogotá solicitó a la Administración Distrital suspender la tala de árboles en la ciudad por algunas inconsistencias encontradas en el desarrollo de esta labor.
También se pidió al Jardín Botánico presentar un proyecto paisajístico que justifique la decisión de talar 1.192 árboles en la ciudad y las compensaciones a realizar. Los cortes empezaron hace unos días con 54 árboles en la localidad de Chapinero y otros puntos como la NQS y el barrio Niza.
El Ministerio Público Distrital encontró que el programa se está llevando a cabo sin una adecuada socialización a los capitalinos. La medida, al parecer, fue informada únicamente a los vigilantes de algunos conjuntos, sin que en ella se indicara la razón de esta medida y las compensaciones que se harían por el corte de los árboles y con cuales especies.
Toda esta situación motivo la convocatoria a una mesa de trabajo en la que se expusieron las inquietudes del organismo de control, con el fin de que la Admistración tome medidas inmediatas que eviten un daño al medio ambiente capitalino.”
La Personería Distrital investigará disciplinariamente a Laura Mantilla Villa para establecer si ha incurrido en alguna falla relacionada con el proceso de tala en Bogotá. Hasta junio pasado habían sido talados 2.604 árboles en el espacio público. En forma por cierto desconsiderada el Alcalde respondio que “responsabilizo a la Personería por cualquier incidente relacionado con la caída de árboles –en respuesta a la petición del organismo de suspender el proceso. La tala ha sido defendida por la administración afirmando que responde a la necesidad de eliminar el riesgo que representan algunos individuos enfermos o que están a punto de caer. Cifras del propio Jardín Botánico indican que, entre enero y julio habían sido talados 2.604 árboles en el espacio público y, según la proyección de la Secretaría de Ambiente, la cifra este año podría llegar a 10.000.
El origen de la controversia fue la petición que elevó la Personería el pasado viernes al Distrito, en el sentido de considerar la suspensión de tala de 1.192 árboles, entre otros, por presuntas fallas en el proceso de socialización de los procedimientos con la comunidad.
“Bogotá es una ciudad llena de cemento, donde difícilmente vemos árboles y aquí nos damos el lujo de talarlos”, aseguró la jefe del ente de control, Carmen Teresa Castañeda, que advirtió de una “tala indiscriminada” y pidió un alto que hasta que se demuestre —con estudios en mano y evidencias de decisiones ponderadas— la necesidad de derribar un árbol.
La Secretaría de Ambiente respondió que los trabajos se enmarcan en labores de mantenimiento rutinario para evitar incidentes o tragedias. De acuerdo con el subsecretario de esa entidad, Óscar López, en lo corrido del año se han caído más de 570 árboles en la ciudad, alrededor de cinco cada dos días, por lo que se requieren de este tipo de trabajos de tala y mantenimiento en el arbolado urbano.
Las evidencias demuestran que no se trata de árboles en mal estado.
Les agradecemos nos remitan más fotografías al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando la fecha de la misma y el lugar exacto, las evidencias serán remitidas a la Personería de Bogotá
Hoy primero de agosto en varios pueblos latinoamericanos se celebra el día de la Pachamama, siendo esta una de las fiestas más tradicionales e importantes de los pueblos en América Latina.
En el norte de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y en algunas regiones del suroccidente de Colombia, los pueblos originarios celebran esta fiesta tradicional de América Latina. Pachamama significa madre tierra, y es la forma como los pueblos latinoamericanos reconocen una relación distinta de respeto y amor con la tierra, asumiendo una postura de defensa de la naturaleza.
La Pachamama es una deidad inca y sobre ella se cimentaron el sistema de creencias de los pueblos del centro de los Andes en América del Sur.
El ritual que reviven los pueblos originarios ha sobrevivido incluso la invasión española y se convirtió en una celebración de agradecimiento, pedidos y gratitud por los frutos de la tierra. La divinidad de la Pachamama no solo representa la tierra, sino también todo aquello que la habita. Por esta razón para los pueblos originarios de Latinoamérica su relación con el planeta los ha llevado a asumir un permanente compromiso social en defensa de los territorios y una actitud crítica frente a los proyectos que afecten el medio ambiente.
Ante la inminencia del cambio de autoridades en México, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se apresuró a lanzar una convocatoria para crear mosquitos transgénicos, con fines comerciales. No para analizar riesgos y considerar si deberían o no liberarse al ambiente, como sería el rol de una comisión gubernamental de bioseguridad ante una tecnología de alto riesgo, sino lo contrario. Para alentar la creación de mosquitos transgénicos y subsidiar con dinero público a empresas “nacionales o extranjeras” que como dice explícitamente el llamado, lo puedan patentar y vender. Cibiogem, después de una década de aprobar que Monsanto nos fumigue y alimente con agrotóxicos cancerígenos como el glifosato, se convirtió de pronto en paladín de la salud: el llamado, afirma, es porque existen pruebas de que los mosquitos transgénicos han sido exitosos en el combate al dengue. Esto es directamente falso: las evidencias muestran lo contrario (https://tinyurl.com/yc83wuuw).
La convocatoria pública está abierta hasta fin de julio 2018, para luego firmar un convenio con la opción elegida por Cibiogem, poco antes del cambio de gobierno, pero con una duración de 3 años (https://tinyurl.com/y95lj6g7). Entre las muchas aberraciones del llamado, está que Cibiogem no tiene mandato para este tipo de actividades, que implican desarrollar proyectos con el propósito de crear (o favorecer) una empresa con fines de lucro para construir transgénicos como negocio. Además, implica experimentar con mosquitos transgénicos en la naturaleza, para lo cuál se debe solicitar autorización a la Cibiogem, que será entonces juez y parte.
Decir convocatoria “pública” es una formalidad, porque está hecha de forma tan estrecha, que parece diseñada para subsidiar con fondos públicos a alguna compañía y/o grupo académico al cuál se ha contactado previamente, ya que los requisitos a cumplir son muy complejos en muy poco tiempo. Podría ser un contrato con la compañía Oxitec (propiedad de la empresa estadunidense de biología sintética Intrexon) o quizá con algún grupo promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates. Podría también ser un estímulo a proyectos que existen –con apoyo del Ejército de Estados UnidoS– para desarrollar mosquitos con impulsores genéticos (gene drives), una tecnología altamente riesgosa y controvertida, diseñada para extinguir especies enteras. (https://tinyurl.com/ybtrud4y)
Llaman a desarrollar mosquitos transgénicos para combate al dengue y otras enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegipti, con construcciones genéticas para disminuir las poblaciones de ese mosquito, o para impedir biológicamente que sean vectores de enfermedades, o para que produzcan “descendencia monosexual (sólo machos)” ya que son las hembras las que pican. En este último caso, abren la puerta a experimentar en México los impulsores genéticos, una técnica para engañar las leyes naturales de la herencia y conseguir que un carácter transgénico se expanda rápidamente, dirigida a manipular especies silvestres y diseñada para reproducirse agresivamente en el medio ambiente. El Convenio de Diversidad Biológica discute esta misma semana sobre los impactos de tal tecnología, cuya liberación no ha sido autorizada en ninguna parte del mundo (https://tinyurl.com/hp2gph5).
La convocatoria cita como ejemplo “exitoso”, los mosquitos transgénicos de Oxitec (OX513A) con los que la empresa ha hecho pruebas en Malasia, Panamá, Islas Caymán y Brasil. Los resultados reales de sus experimentos –no la propaganda de la empresa a la que se refiere Cibiogem– muestran altísimos costos, falta de consulta a las comunidades afectadas y sobre todo, ninguna evidencia de reducción del dengue u otras enfermedades, e incluso ¡aumento de los mosquitos trasmisores!
El modelo de operación de Oxitec ha sido conseguir una contraparte universitaria y/o institución pública, incluyendo municipios, para liberar mosquitos con letalidad condicionada, supuestamente solo machos (las hembras son las que pican y trasmiten la enfermedad), que aunque se crucen, no puedan desarrollar cría. Para ello liberan miles de millones de mosquitos transgénicos para “abrumar” a los mosquitos locales, muchísimo menores en número, pero se han escapado miles de hembras picadoras. Las pruebas en Malasia, fueron suspendidas por incertidumbre sobre los impactos y por altos costos. Igualmente fueron suspendidas en Panamá por razones similares. En Brasil aunque la muy parcial comisión de bioseguridad (CNTBio) aprobó experimentos, las autoridades de inocuidad en salud (ANVISA), no lo ha permitido. Un documento reciente de la organización GeneWatch, basado en informes obtenidos por acta libertad de información, muestra que en Islas Caymán, la población de mosquitos hembra (picadoras, transmisoras de enfermedad) en las áreas de experimentación ¡aumentó 150 por ciento! La idea del negocio es captar los fondos dedicados a prevención de salud en municipios, para desviarlos a estos dudosos proyectos, que además de no ser eficaces contra la enfermedad, son de alto riesgo para la salud de los ecosistemas. Urge cancelar esta absurda convocatoria, así como cancelar toda experimentación con mosquitos transgénicos, donde quiera que intenten hacerla.
- Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.
https://www.alainet.org/es/articulo/194025
