Ninguno de los experimentos neoliberales impuestos en la región o en otros países del mundo ha estado exento de violencia, del despliegue de distintas formas de agresión a los pueblos, a sus condiciones de vida, a su integridad y derechos. Es una fórmula teñida de sangre y sufrimiento.

Así sucede en Ecuador, que vive intensos días de protesta social como respuesta a un ‘paquetazo’ de medidas económicas que hace parte de un programa más amplio acordado con el FMI, suscrito en marzo último[1]. Los niveles de la represión desplegada son inéditos, lo mismo que la magnitud de la respuesta social, que logra prefigurar un nuevo escenario de fuerzas en medio de la crisis.

La secuencia de hechos es ya ampliamente conocida: ante la paralización de los gremios del transporte y la movilización popular en demanda de la revisión del decreto ejecutivo que duplica los precios de los combustibles, el gobierno se apresuró a decretar el Estado de Excepción por sesenta días, que suspende derechos y garantías y concede atribuciones extraordinarias al ejecutivo, desatando una escalada autoritaria, prepotente y violenta que ha conducido a una exacerbación y agudización del conflicto, a una movilización generalizada en el país, a una crisis política que llega a poner sobre la mesa la salida del gobierno.

MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS DESDE COLOMBIA DENUNCIAMOS 

Bogotá, D.C.  3 de mayo de 2019

La libertad de prensa y el acceso a la información son gravemente violados en Colombia en todo el territorio nacional iniciando por Bogotá.

Este día tan extraordinario fijado por la Organización de las Naciones Unidas, es una fecha para denunciar desde Colombia, el incumplimiento de la libertad de expresión que se establece en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y que se desarrolla en el artículo 20 de la Carta Política de Colombia.

En Colombia, existen sólo 8 grupos empresariales propietarios de los medios de comunicación, que concentran cerca del 80% de la audiencia de la radio, la prensa escrita y la televisión. Dos de ellos, la Organización Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo concentran el manejo de cerca del 50%, constituyéndose en un poder ideológico hegemónico en materia política y económica.

Por ello y por las violaciones a la vida y a la libertad de prensa, Colombia ocupa el poco honroso puesto 129,  entre 180 países en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa. (https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/)

En forma sucesiva se han producido medidas restrictivas contra el derecho a la libertad de prensa, ocurrió un cierre masivo de canales de televisión comunitaria y de otros medios en el territorio nacional, se ha eliminado la pauta estatal a los medios de las comunidades y se produce una exclusión para participar en los fondos de promoción y producción.

El Congreso a iniciativa del gobierno nacional debate el Proyecto de Ley 152 de 2018 de supuesta modernización de las TIC,  que constituye una profunda amenaza a la libertad de prensa y  promueve la concentración de beneficios en favor de los medios comerciales; su presentación ha  estado rodeada del cierre de programas de televisión y la amenaza de la terminación de licencias a quienes rechacen dicho proyecto.

En Bogotá D.C.,  las instituciones públicas han excluido a los medios comunitarios y alternativos al acceso al pautaje, todo ello mientras desde hace 3 años el gobierno ha pagado a los medios comerciales monopólicos la exorbitante suma de más de $300.000 millones de pesos, no obstante existir la obligación legal de realizar la democratización de los gastos de divulgación con los medios comunitarios y alternativos.

En el mismo sentido los medios hemos sido sujetos de la persecución por decir la verdad y reclamar los derechos fundamentales; los únicos periodistas que pueden decir “su verdad y sin  censura” son aquellos alineados con los gobiernos locales y nacionales quienes crean sus propias narrativas para mantener el “statoquo”, ellos dependen de esos grupos económicos y no son independientes.

En Colombia han asesinado a más de 600 líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz, pero el Estado no orienta una cultura para la paz, la inclusión, los derechos y la apertura de los medios de comunicación para la expresión de la ciudadana que está siendo sacrificada. Son momentos en donde  Colombia requiere mayores niveles de democracia informativa y respeto de la vida… que más voces, más opciones y más programas puedan ser escuchados.

En éste día mundial de la libertad de prensa, Nosotros los medios comunitarios y alternativos y la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa seguimos promoviendo la exigibilidad de los derechos y una Ley de medios e información, democrática y justa, por lo cual llamamos a la academia, a los estudiantes, a las organizaciones sociales, a los líderes de la cultura, a los grupos poblacionales y a los sectores políticos consecuentes a acompañar éste propósito. A la comunidad internacional a contribuir en la democracia informativa.

Propugnamos entonces por afianzar procesos de organización social, unidad y de movilización en forma independiente y autónoma.

Proclamamos que Colombia requiere avanzar en:

a.       La desmonopolización de la propiedad de los medios de comunicación y el límite en sus integraciones con otros sectores económicos. Lo cual se logra mediante el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos con medidas de Estado

b.       El reconocimiento legal de los medios comunitarios y alternativos en igualdad de condiciones a los medios comerciales e institucionales.

c.       La asignación de frecuencias en radio A.M. y F.M. y de televisión local, regional y nacional, con las potencias y tecnología pertinente, mediante licencias en cabeza de los medios comunitarios, alternativos y de grupos poblaciones. Las nuevas posibilidades tecnológicas deben ser promovidas desde las instancias internacionales a favor de los medios audiovisuales de las comunidades.

d.       La democratización en la asignación de la pauta oficial monopolizada por los medios comerciales, iniciando por Bogotá, sus localidades, las secretarías y a nivel nacional por los ministerios y en todos y cada uno de los departamentos y municipios a favor de los medios comunitarios y alternativos. 

e.       Y finalmente desde luego la financiación de las infraestructuras y la tecnología necesaria y de los procesos de producción a escala, incluso con el uso de satélites y capacidades de transporte por banca ancha.

También recordamos a la comunidad internacional el incumplimiento del acuerdo de Paz, que hacen parte del numeral 2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales que orienta la financiación en la realización de contenidos, la asignación de frecuencias de radio y la apertura de los espacios en medios institucionales. En igual sentido por la democratización de la Televisión y el nuevo canal de televisión con acceso amplio y proyectos de orden nacional y regional que permita realmente fortalecer los medios comunitarios y alternativos.

Los medios comunitarios y alternativos y la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa manifiesta su voluntad de seguir adelantado nuestra actividad periodística con independencia, y auto-determinación; seguiremos en nuestras narrativas expresando nuestra visión de la realidad; promoveremos aún más la educación, nuestras culturas, la exigibilidad del respeto a la vida y los derechos humanos, los principios democráticos, las expresiones de los grupos poblacionales, la defensa del medio ambiente y de los animales y especies.

Propugnamos por los cambios sociales, políticos y económicos necesarios para el logro de una cultura de paz con justicia social y la reconciliación nacional, el reconocimiento de las culturas, de nuestras nacionalidades, las diversas voces y la compartición de contenidos y experiencias.

Reiteramos a la comunidad y estamentos internacionales la necesidad de su incidencia para el cumplimiento de las normas internacionales en Colombia.

Bogotá,D.C.  Colombia, 3 de mayo de 2019,

Rodrigo H. Acosta B.                                          Víctor Cuastumal

Presidente                                                            Secretario General

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

https://www.facebook.com/MediosComunitarios/?ref=settings