Ninguno de los experimentos neoliberales impuestos en la región o en otros países del mundo ha estado exento de violencia, del despliegue de distintas formas de agresión a los pueblos, a sus condiciones de vida, a su integridad y derechos. Es una fórmula teñida de sangre y sufrimiento.

Así sucede en Ecuador, que vive intensos días de protesta social como respuesta a un ‘paquetazo’ de medidas económicas que hace parte de un programa más amplio acordado con el FMI, suscrito en marzo último[1]. Los niveles de la represión desplegada son inéditos, lo mismo que la magnitud de la respuesta social, que logra prefigurar un nuevo escenario de fuerzas en medio de la crisis.

La secuencia de hechos es ya ampliamente conocida: ante la paralización de los gremios del transporte y la movilización popular en demanda de la revisión del decreto ejecutivo que duplica los precios de los combustibles, el gobierno se apresuró a decretar el Estado de Excepción por sesenta días, que suspende derechos y garantías y concede atribuciones extraordinarias al ejecutivo, desatando una escalada autoritaria, prepotente y violenta que ha conducido a una exacerbación y agudización del conflicto, a una movilización generalizada en el país, a una crisis política que llega a poner sobre la mesa la salida del gobierno.