Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).
Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC- EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.
Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).