Por. Guillermo Rico Reyes[1]

Hace varios años, realicé una investigación sobre la masacre de Trujillo en el norte del departamento del Cauca en donde entre 1984 y 1996 fueron asesinados más de 340 campesinos y el sacerdote del pueblo Tiberio Fernández Mafla, a manos de militares, paramilitares, narcotraficantes y miembros de la policía nacional. Entonces me encontré con una figura jurídica que inicialmente dejó en libertad a los acusados del crimen anulando el proceso y dejándolos como NO CULPABLES.

El 10 de marzo de 2009, el juez penal del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca, Néstor Ramos, dejó en libertad a los militares sindicados argumentando que los cargos imputados por la fiscalía eran de HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS, pero para el juez, la imputación ha debido ser HOMICIDIO AGRAVADO por lo que decretó su inmediata libertad y el proceso pasó a ser COSA JUZGADA.

(Fotografía: El 17 de abril de 1990 fue asesinado Tiberio Fernández Mafla, sacerdote y líder comunitario de Trujillo, municipio de Valle del Cauca, junto con su sobrina Aura Isabel y dos personas más.)

La democracia garantiza que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, así que los responsables comenzaron a disfrutar de la impunidad de una barbaridad que aún viven los habitantes del pueblo de Trujillo. Fue la Hermana Maritze Trigos, con la valentía de las más grandes luchadoras, y la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz que, en contra incluso de las muchas amenazas, levantaron su voz contra la impunidad hasta la Corte Penal Internacional a la que y entregaron las pruebas de lo sucedido.