Por: Rodrigo H. Acosta B.[1]
Durante el actual gobierno no solo desaparecieron los $70.000 millones de pesos destinados a la accesibilidad en los territorios nacionales en el sonado caso de "Centros poblados" o escándalo Abudinen, sino también la suma de $85.000 millones que estaban destinados para el “salto tecnológico” de los medios comunitarios y alternativos y los medios locales. Adicionalmente los recursos del hoy Fondo único de Comunicaciones cayeron bajo el control del poder del presidente como consecuencia de la nefasta Ley 1978 de 2019.
Este poder concentrado en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lleva a que los recursos vayan a parar de un lado en manos de las mafias de la corrupción y de otro lado en manos de los medios comerciales tradicionales. Y es que fueron ellos precisamente los que crearon el ambiente para que no se hicieran la adjudicación de la convocatoria de los $85 mil millones, sino que también concentran las frecuencias y la pauta oficial que puede alcanzar la exorbitante suma de $1.5 a $2 billones al año.
Es decir, mientras una pequeña minoría de banqueros y poderosos dueños de empresas concentran la propiedad de los medios comerciales y gozan de los bienes públicos lucrándose de la explotación del espectro radioeléctrico, la órbita de los satélites geoestacionarios, las licencias y la concentración de los gastos de divulgación, todos de propiedad de la nación y de su gente, miles de ciudadanos luchan por la subsistencia de otras voces desde los medios locales, comunitarios, alternativos y populares.
Esta excesiva concentración y la persecución a medios alternativos y periodistas independientes, lleva a que Colombia ocupe en vergonzoso puesto 145 entre 180 países [2] medidos en el índice de la libertad de prensa, bajando aún más del puesto 134 que ocupaba en el año 2021. Es decir, se afecta la democracia y se concentra una sola voz en interés de unos pocos. Y es que, en Colombia, existen sólo 8 grupos empresariales propietarios de medios de comunicación, que concentran cerca del 80% de la audiencia de la radio, la prensa escrita y la televisión. Dos de ellos, la Organización Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo concentran el manejo de cerca del 50%, constituyéndose en un poder ideológico hegemónico en materia política y económica.
Los poderes políticos enquistados en el Congreso y el gobierno han llevado a los privilegios de los grupos económicos nacionales y transnacionales de la comunicación. Veamos solo un ejemplo: Lo sucedido con la liquidación de decenas de canales de televisión comunitaria, que en Bogotá representa el cierre de más de 60 canales de televisión comunitaria por la absorción a causa de las cargas tributarias impuestas y el límite reglamentario a su crecimiento. Otro caso similar sucede con la radio comunitaria, se le imponen límites a la potencia de 90 watts y a realizar el pautaje, mientras a la radio comercial se le otorgan potencias en cientos o miles de watts y son las consentidas de los gobiernos nacionales y locales.
Los monopolios, la concentración de la pauta (hacienda pública) y la persecución a periodistas independientes y a los medios alternativos son mecanismos de censura propios de regímenes totalitarios, al respecto quiero recordar que la DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, indica en el Principio 13 que “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Ya en el 2012 la Comisión con relación al caso colombiano se refirió así: “La distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio”
Es por ello que como representante de los medios comunitarios y alternativos y periodistas independientes en la Comisión Nacional de Dialogo del proceso de paz y en el marco de la propuesta de Ley Estatutaria para la participación propuse se pueda expedir una normativa que al caso de la coyuntura política se traduce en una LEY DEMOCRÁTICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN que permita recuperar la palabra dando más voces a la ciudadanía y estableciendo las mínimas garantías.
Corresponde al renovado Congreso de la República y con la firma del próximo presidente de Colombia Gustavo Petro, y por la iniciativa de la ciudadanía, promulgar una nueva ley de medios, para lo cual desde ya propongo retomar los textos del Proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Dialogo del proceso de paz, que entre sus artículos esenciales establece: