Bogotá, 21 de abril de 2020

Doctor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente

República de Colombia

DIEGO MOLANO APONTE

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

CAMILO GRANADA BARRERA

Alta Consejería de las Comunicaciones

LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

Presidente del Senado

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CARLOS ALBERTO CUENCA

Presidente

CÁMARA DE REPRESENTANTES

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

REF: GASTOS DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES NACIONALES DEBEN LLEGAR A LOS MEDIOS COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS Y CIUDADANOS Y A LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES.

Los medios comunitarios, alternativos y ciudadanos de Bogotá abajo firmantes, reunidos en forma virtual durante los días 17 y 18 de abril de 2020, frente al grave impacto que tiene la pandemia del coronavirus afectando el derecho a la comunicación y la libertad de expresión que se suma a los efectos de la tendencia del monopolio en los gastos de divulgación de la gestión pública de las entidades del orden nacional.

Considerando que el derecho a la comunicación, a la información y la actividad periodística tienen garantías en el derecho internacional y Nacional, conforme al contenido de:

·         La Declaración Universal de los Derechos humanos en su artículo 19.

·         El Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.

·         La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 13.

·         La Declaración sobre el derecho al Desarrollo en su artículo 2: Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 41-128 del 4 de diciembre de 1986.

·         Los propósitos de la UNESCO a partir de la Comisión NOMIC

·         El Marco Constitucional de los artículos 20, 73, 74 que han sido desarrollados en diferentes normas. 

Nos dirigimos a usted señor Presidente de la República, y al Congreso de la República para que conforme a sus competencias para solicitarles, con especial atención:

1.   Ser integrados a los gastos de divulgación de la gestión pública de las entidades nacionales,  en los planes de medios de los diferentes Ministerios y entidades. De inmediato estamos en plena capacidad de adelantar las campañas de divulgación en formatos audiovisuales, sonoros, digitales e impresos, desde luego financiadas por dichas entidades para promover campañas de prevención y mitigación por el impacto del Covid-19 en las condiciones de vida y salud de la población.

Para la democratización de la información es indispensable cambiar el enfoque excluyente y que no se discrimine al momento de la elaboración de los planes de medios y la distribución de la pauta publicitaria emanadas de las diferentes entidades del Estado, bien sea que ésta se realice de manera directa o a través de agencias de publicidad, centrales de medios o comercializadoras de medios. Es de observar que los gastos acumulados por periodo de gobierno nacional de las entidades nacionales estarían superando los $2,3 billones de pesos, de los cuales el 99% van a parar a manos de los medios comerciales nacionales excluyendo los medios comunitarios y alternativos, los medios regionales y a los periodistas independientes.

En el momento de la actual pandemia los Medios Comunitarios, alternativos y ciudadanos estamos aunando los esfuerzos promoviendo las soluciones a la población frente a sus necesidades, interactuando con las autoridades civiles, policiales y de salubridad utilizando la televisión, la radio y medios impresos virtuales, usando intensivamente las video conferencias, transmitiéndolas por redes sociales y vía streaming.

2.   Igualmente, solicitamos que la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Alta Consejería de las Comunicaciones expidan una orden administrativa que oriente a las entidades para que al menos el 33% de las cuantías de los planes de medios serán realizados por los medios comunitarios, alternativos y ciudadanos. El derecho a la comunicación está en riesgo y se deben adoptar decisiones en la forma como ha llamado la atención el señor Procurador General de la Nación, incluidos estos tipos de medios en los municipios, departamentos y Distritos y Bogotá D.C.

3.   A pesar de que en el Decreto 457 de 2020, los servicios de comunicación gozan de libertad para su ejercicio y en Decreto 464 de 2020, se declararon como servicio público esencial los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, las mismas normas y/o sus complementarias, no especifican medidas para el funcionamiento pleno de las actividades propias de radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. Por tanto, es necesario que con urgencia se implementen medidas que permitan el funcionamiento y la operación de los medios de comunicación como garantía al derecho a la información y la libertad de prensa.

4.    También se hace necesario adoptar medidas que garanticen el funcionamiento de los Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos para lo cual se requiere la implementación de medidas económicas, financieras, tecnológicas, y el otorgamiento de frecuencias y plataformas internet, que nos permitan ejercer nuestra función periodística para garantizar el derecho a informar y ser informados, consagrado en la Constitución Nacional.

5.   Solicitamos así también garantizar el ejercicio de nuestro trabajo periodístico en las mismas condiciones que algunos periodistas y medios de comunicación masivos-comerciales, orientando a los funcionarios responsables de cada tema para que no limiten la información a comunicados de prensa o a conferencias virtuales, sino facilitando el acceso a la información solicitada. Así como instruir a la fuerza pública para el respeto a la libre movilidad de los periodistas alternativos, comunitarios y ciudadanos.

6.   Solicitamos el acceso a los Fondos a cargo de la CRC y otorgar créditos flexibles con bajos intereses, largos plazos, períodos de gracia y subsidios del Estado que permitan a las personas naturales y jurídicas de los medios comunitarios y alternativos y periodistas independientes realizar efectivamente su labor, mejorar la calidad de su trabajo y el financiamiento.

7.   Se hace necesario realmente fortalecer el arte y la cultura y el reconocimiento de los derechos de los sectores de los medios comunitarios y alternativos, de editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, servicios de información, y educación creativa y desde luego del periodismo. Las acciones deben ser concretas y ajustadas a la realidad ya que en Colombia el Ministerio de Cultura es el más pobre de todos, con solo $355 mil millones de pesos, de los cuales $204 mil millones son dedicados a los gastos de sostenimiento y otros $145 mil millones se orienta mayoritariamente al mantenimiento de los museos, bibliotecas y el patrimonio cultural, y aproximadamente solo $50 mil millones son para fortalecer contenidos y la cultura.

En tiempo de crisis además de la salud se convierte en esencial la cultura frente al desequilibrio en el uso de los recursos. Para darnos una idea de tamaño despropósito, al Ministerio de defensa se le aprobaron $33,5 billones de pesos, es decir cien (100) veces más que la cultura.

8.   También es la hora de emprender una Ley de Medios Democrática,  pensando en los nuevos retos del hoy y del nuevo orden mundial, con el impulso y del dialogo de las fuerzas sociales, los medios de comunicación, los partidos políticos, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Debemos darnos a la tarea de repensar la forma de garantizar el derecho a la comunicación, con la democratización de las frecuencias, las infraestructuras, la producción de contenidos, los gastos de divulgación que en realidad son impuestos de los colombianos, el uso de nuevas tecnologías, la banda ancha, el acceso objetivo a los fondos, las licencias y autorizaciones y la implementación de capacidades satelitales. Todo lo cual tiene una alta concentración en beneficio de unos pocos, cuando se trata de bienes públicos de la Nación. Ya es la hora de conectar la ciudadanía que en más de un 50% se encuentra desconectada sin internet.

9.   Finalmente se hace necesario que la Nación, los departamentos, municipios e incluso Bogotá D.C. incluya expresamente a los periodistas vulnerables y ssu familias,  como beneficiarios de auxilios de alimentación, bonos,  subsidios en el pago de los servicios públicos y otros auxilios económicos para garantizar su subsistencia durante la emergencia sanitaria, por cuanto la perspectiva de enfoque por estratificación deja por fuera éste sector poblacional.

Finalmente apoyamos el contenido del comunicado emitido por las organizaciones Federación Colombiana de Periodistas, Círculo de periodistas de Bogotá, Colegio Nacional de Periodistas, Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto y la Asociación de Periodistas Económicos.

RESPUESTAS Y COMUNICACIONES:

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COPIA: Procuraduría General de la Nación

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