Las cifras evidencian que la mayor parte de las sobrevivientes de ataques con agentes químicos son mujeres y que en más de la mitad de los casos los agresores son hombres con los que existía o existió algún tipo de relación (parejas o compañeros permanentes), que excusándose en “celos” o “excesivo amor” torturan e incluso asesinan a las mujeres.

Para avanzar en la reivindicación de los derechos de las víctimas sobrevivientes de este tipo de ataque se ha constituido la “Mesa Interinstitucional para la Prevención, Protección, Atención y Restablecimiento de los Derechos de las Mujeres Sobrevivientes de Agresiones con Agentes Químicos”².

Desde su instalación, la mesa ha reflexionado sobre seis puntos fundamentales para las víctimas: el acceso integral a la salud; el acceso real y efectivo a la justicia; la vinculación laboral de las sobrevivientes; la construcción de lineamientos para la prevención del delito con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres; el incentivo para la producción de conocimiento sobre la situación de las sobrevivientes que aporte a la construcción de política pública.

En este marco de actuación interinstitucional, la Secretaría Distrital de la Mujer realiza acompañamiento directo a las sobrevivientes con la activación y seguimiento a las rutas de atención cuando se presentan los casos de agresión, además de realizar asesoría jurídica y orientación psicosocial. También desde la SDMujer se ha entregado a la ciudad una propuesta de tipificación del delito para que sea considerado como tortura por el uso de sustancias químicas y no como lesiones personales.

Desde la Secretaría Distrital de Salud también se han adelantado acciones para beneficiar a las personas sobrevivientes de estos ataques, priorizando estrategias de prevención y atención a las víctimas, brindado atención prioritaria en salud mental y ofreciendo atención médica a través del Hospital Simón Bolívar, que constituye la Unidad de Quemados y Cirugía Plástica más importante del país.

Actualmente, la Secretaría de Salud cuenta con 36 mil centímetros cuadrados de piel para injertos, que son utilizados en las cirugías practicadas para curar las lesiones que dejan las quemaduras con agentes químicos. Desde el 2010 se han colectado y procesado más de 80 mil centímetros cuadrados de piel, de los cuales 44 mil han sido distribuidos en hospitales e IPS públicas y privadas del país.

1 A partir de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF y el Sistema de Información de Clínica Colombia –SICLICO-

2 La mesa cuenta con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría Distrital de Salud, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía Metropolitana, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Gobierno y con representantes de la academia como el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS- de la Universidad de Los Andes y la Fundación Reconstruyendo Rostros.

Jaf Shah: “las leyes por si solas no son suficientes, necesitamos dar un mensaje de cero tolerancia contra esta violencia y contra la discriminación de género”.

El experto Jaf Shah, Director Ejecutivo de la Acid Souvivors Trust International (ASTI) de Londres, única organización a nivel mundial cuyo propósito es trabajar para poner punto final a la “violencia de agentes químicos” estuvo en el país durante el “II Seminario: Salud en Cuerpo de Mujer”, el cual se realizó en Bogotá entre el 3 y 5 de septiembre pasado, organizado por la Secretaría Distrital de Salud y con el aporte técnico de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Para Jaf Shah lo qué le hace falta a Colombia para afrontar efectivamente la problemática de ataques con agentes químicos es una legislación especial: “Debe crearse una legislación especial y atención integral a las víctimas, regulación sobre la distribución y venta de sustancias químicas, además de un acompañamiento permanente a las sobrevivientes después de los ataques”.

Jaf Shah hace un resumen de la problemática en algunos países en los que trabaja la organización a la que pertenece, él señala que en el año 2010 Bangladesh introdujo una nueva ley para el control de ácidos y para la distribución y venta de las sustancias. En 2002 se habían registrado 496 casos de ataques de este tipo y diez años después se registraron 78 casos, lo que indica que hubo una reducción del 75% de los casos con la nueva ley.

En Pakistán se registran 250 ataques por año, de los cuales el 70% fueron en contra de las mujeres. La relación con Colombia es de un número muy alto de casos, teniendo en cuenta que la población es mucho menor en Colombia. En India y Afganistán se registran 1000 ataques por año. “En Bangladesh, Pakistán y Camboya ya hay leyes establecidas para los casos de ataques con agentes químicos, estas leyes tuvieron efecto en la disminución de casos, pero las leyes por si solas no son suficientes para obtener resultados efectivos, necesitamos dar un mensaje claro de cero tolerancia contra esta violencia y contra la discriminación de género”.

En Camboya hubo un proceso exitoso de judicialización en este tipo de casos, en India se emprendieron acciones legales contra el gobierno nacional por no actuar en contra de los atacantes, por tal motivo se tuvo que cambiar la legislación con respecto a ese tema. “en los ataques con agentes químicos, hay bastantes similitudes entre Colombia y otros países, inclusive con países desarrollados, el hecho que predomina es la discriminación contra las mujeres, quienes son las más afectadas. Establecer una legislación es la solución que hemos tenido para solucionar la problemática, también es la solución a largo plazo con respecto a la violencia de género” puntualizó Jaf Shah.

Las recomendaciones que da el experto para tratar los casos de ataques con agentes químicos, están también relacionadas con revisar previamente las sanciones que ya existen e indagar acerca de por qué se producen los crímenes. Además señala que debe existir participación activa de la sociedad y el rol principal del gobierno para restablecer los derechos de las y los sobrevivientes: “el primer paso es identificar las falencias, luego generar debates para la implementación y fortalecimiento de la ley…se requiere la participación de todos, un compromiso real de las instituciones, la policía y el sistema judicial, sensibilización a nivel general con las comunidad. Si no se sensibiliza se van a incrementar los casos… es una solución muy compleja y la inversión de recursos también es clave”.