DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS EN APOYO AL ACUERDO Y A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ EN COLOMBIA

La Asociación Americana de Juristas (AAJ resalta la importancia que para el pueblo colombiano ha tenido el Acuerdo de Paz en Colombia.

Recuerda que el compromiso se realizó conforme a normas del Derecho Internacional, que lo tornan de obligatorio cumplimiento, por cuanto:

1. En La Habana, el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) firmaron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, ratificándolo ante la Confederación Suiza — depositaria de las Convenciones de Ginebra— y a través de la Declaración Unilateral de Estado realizada por Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones
2. Al Acto Legislativo 02 de 2017 declarado plenamente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-630/17 se incorporaron todos los contenidos firmados correspondientes al DIH, a los derechos fundamentales y conexos como parámetros obligatorios de interpretación requiriendo a todas las instituciones y autoridades del Estado incluida la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a cumplir con todo lo acordado, en aplicación del principio propio del derecho internacional del Pacta Sunt Servanda.
   
3. El ius puniendi del estado colombiano quedó consagrado y reconociendo las limitaciones de la jurisdicción ordinaria se convino la creación de una excepcional, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- para una justicia restaurativa, reparadora y prospectiva y para juzgar los hechos de la guerra, satisfacer los derechos y reparación integral de las víctimas.

Considera que en este contexto:

1. El partido político del Gobierno, el Centro Democrático, fundado y dirigido por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, ha iniciado un proceso contra la JEP, a través de un “referendo de firmas” para eliminar la Jurisdicción Especial de Paz, remover sus magistrados y enfrentar a las fuerzas políticas y a la ciudadanía.

1. El gobierno del Presidente Duque, a través del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional le informó a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del Acuerdo de Paz que el presupuesto asignado a ellas para el 2020 tendría un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019, desfinanciando la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo cual demuestra el propósito de no permitir el cumplimiento de los acuerdos.
2. Se hace evidente la burla al Acuerdo ya que inmediatamente al mismo han sido asesinados más de un millar de líderes y lideresas sociales, entre ellos, 238 firmantes de las FARC-EP. Según el CICR, se han producido 2.083 desapariciones asociadas al conflicto.

POR TANTO, LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS:

1. Observa y toma nota con preocupación del incumplimiento por parte del Estado Colombiano al Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en
2. Insta al Gobierno Colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la implementación y el cumplimiento de lo
3. Reitera que la paz en Colombia requiere del cumplimiento del Acuerdo y del Acto Legislativo, de la Leyes, Decretos y demás normas que lo desarrollan; el respeto y apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, así como a las normas del Derecho Internacional, que establecen la obligatoriedad de respetar estos
4. Llama a las fuerzas políticas al ejercicio de prácticas más ponderadas y soluciones consensuadas.
5. Reitera su apoyo a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, y a los esfuerzos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
6. Exalta la autonomía y la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición porque es un mecanismo idóneo para que Colombia supere la violencia y alcance una paz
7. Reitera que está a disposición para brindar al Estado Colombiano, a la sociedad, a las víctimas la cooperación necesaria para la implementación del

A 14 de diciembre de 2020

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS ANTE LA IMPUNIDAD Y EL ASESINATO SISTEMÁTICO DE LIDERES EN COLOMBIA

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia y la concreción de mejores y más efectivas garantías, reafirmado sus anteriores declaraciones y considerando que:

• Durante el presente año Colombia exhibe un escalamiento de asesinatos que muestran un plan sistemático para ejecutar crímenes de lesa humanidad, en los cuales la acción por omisión del gobierno colombiano y el apoyo de sus voceros y partido político, ponen al descubierto su autoría mediata en los términos del art. 7, párrafos 1 y 2 a Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional (Fiscalía vs Katanga, 2014) ha sentado que las matanzas que no son fortuitas y exhiben un patrón común, acreditan la comisión de este delito.

• Estas acciones se han caracterizado por el desconocimiento y violación al Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

• Quienes se lucran de la guerra, la concentración de la tierra y las desigualdades sociales, son los responsables de las acciones encaminadas a eliminar los liderazgos locales que trabajan por la implementación de la paz en sus zonas, porque se enfrentan a sus intereses

• El informe elaborado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de INDEPAZ señaló que en los primeros nueve meses del presente año se han cometido 65 masacres. INDEPAZ indica que 260 personas fueron asesinadas en Bogotá y en 18 de los 32 Departamentos colombianos, duplicando las masacres y asesinatos reportados el año pasado, y de 216 excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz, siendo Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo los más
• El Observatorio señala que por masacre se entiende el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y

• La crisis humanitaria ante el genocidio exige de pronunciamientos, respuestas, acompañamientos, vigilancia por parte de todas las organizaciones nacionales e internacionales, de organismos multilaterales frente a los incumplimientos por parte del Estado Colombiano y a las agresiones, amenazas y asesinatos de líderes sociales, populares, campesinos, indígenas, estudiantiles; dirigentes de organizaciones gremiales, sindicales, feministas; defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, de las personas LGTBI, activistas sociales; líderes de la oposición, docentes, intelectuales, sindicalistas; agrupaciones de vendedores ambulantes; defensores del agua y de los territorios sometidos a la explotación minero energética por la corporaciones multinacionales extractivistas; luchadores por la sustitución de cultivos ilícitos y quienes defienden la restitución de tierras aprobadas en el Acuerdo de Paz; integrantes de los pueblos originarios, luchadores por sus derechos ancestrales; y excombatientes de las

POR TANTO, LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS

1. Insta al gobierno colombiano a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, particularmente de quienes lideran procesos sociales y ambientales, cuya persecución se ha incrementado durante el actual periodo del Presidente Iván Duque Márquez.

2. Observa y toma nota con preocupación, del incumplimiento por parte del Estado Colombiano al Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, y requiere su cumplimiento, el del Acto Legislativo, de las leyes, decretos y demás normas que lo desarrollan, y el respeto y apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-.

3. Exige el cese inmediato del hostigamiento y ataques a las ONGs de derechos humanos, que el Estado realiza por medio de sus organismos de seguridad y de

4. Exige al Estado Colombiano que brinde todas las garantías a los líderes sociales, populares excombatientes, defensores y defensoras de derechos humanos, para la realización de sus actividades y adopte las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias.

5. Hace llegar a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos y asesinados; a sus comunidades y organizaciones, su solidaridad y apoyo, para avanzar en el camino de la paz y la justicia en el marco del acuerdo humanitario.

6. Invita a las organizaciones de juristas y de derechos humanos a pronunciarse en el mismo sentido.

A 5 de diciembre de 2020

Vanessa Ramos                                                                         

Presidenta AAJ Continental                                                       

Luis Carlos Moro

Secretario General

Beinusz Szmukler

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

International Association of Democratic Lawyers
info@iadllaw.org
https://iadllaw.org