- La Administración de la alcaldesa Claudia López celebra cualquier decisión judicial que proteja los humedales de Bogotá. Esa es la visión que se incluyó en el Contrato Social y Ambiental que se constituye en nuestro Plan de Desarrollo y será la visión sobre la que se construye nuestro Plan de Ordenamiento Territorial.
- La Secretaría de Ambiente está a la espera de que el fallo quede en firme, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes. La entidad respetará y acatará estas decisiones.
- Luego de las denuncias presentadas por los colectivos ambientales y ciudadanos, la autoridad ambiental de Bogotá viene realizando seguimiento a las actividades constructivas que se adelantan en el humedal Juan Amarillo para verificar el cumplimiento de los permisos ambientales. Una vez surtidas las revisiones técnicas y los diálogos con la comunidad, se inició el proceso sancionatorio con el fin de determinar los alcances y afectaciones ambientales.
- En estos casos la ley contempla desde multas hasta la reparación por las afectaciones generadas por las obras. Esto se definirá en el proceso.
- La Administración de la alcaldesa Claudia López no permitirá la contratación de nuevas obras de endurecimiento en estos ecosistemas que integran la Estructura Ecológica Principal. Cualquier intervención debe estar enmarcada en los principios de sostenibilidad y tener en cuenta siempre el pensar de las comunidades como derecho fundamental a la participación ambiental.
Bogotá, julio 03 de 2020. (@AmbienteBogota). La Administración Distrital celebra la decisión del Juez Cuarto Administrativo de Bogotá de declarar la nulidad del Decreto 565 de 2017 con el que fue modificada la política de humedales en Bogotá. Esta decisión es la más acertada y va ligada al respeto por su vocación, como espacios de conservación y recreación pasiva, que la Alcaldía de Claudia López les dará a estos ecosistemas.
“Este fallo le da la razón al Plan de Gobierno de nuestra Administración y a todo lo que estamos incluyendo en el POT para la protección y restauración de los humedales. La Secretaría de Ambiente entrará a revisar jurídicamente los permisos otorgados en años anteriores y acatará las decisiones que adopte la ley”, afirmó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
La Secretaría de Ambiente se encuentra verificando los resultados de las decisiones judiciales cuando queden en firme, respecto a los actos administrativos que permitieron estas intervenciones y, como siempre, las respetará y acatará.
Así mismo, después de cinco meses de diálogo con la comunidad y colectivos ambientalistas, visitas técnicas de campo, evaluación, control y seguimiento, y de hallar algunas inconsistencias e incumplimientos en las resoluciones 2767 del 9 de octubre de 2017 y 748 del 24 de abril de 2019, la Secretaría de Ambiente decidió abrir proceso sancionatorio ambiental en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, por las obras que se vienen adelantando en el humedal Juan Amarillo.
La medida se toma después de que una comisión interna de la autoridad ambiental evidenciara que la EAAB y las empresas contratistas que ejecutan las obras, presuntamente no están cumpliendo con todos los permisos ambientales otorgados para el desarrollo de las actividades constructivas en el humedal Juan Amarillo, estipulados en los Permisos de Ocupación de Cauce (POC).
Dichas inconsistencias tendrían que ver con las intervenciones que se vienen adelantando en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), en la ronda hídrica y una posible afectación en la cobertura vegetal, suelo y subsuelo del ecosistema.
Las obras del corredor ambiental Juan Amarillo fueron aprobadas y autorizadas por la pasada administración. El inicio de este proceso sancionatorio tiene como fin establecer y determinar si hay una responsabilidad de violación de la norma ambiental por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
De esta forma, la EAAB tendrá que demostrar detalladamente el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, pero también de lo establecido y autorizado por la pasada administración en las resoluciones 2767 y 748 de los años 2017 y 2019, respectivamente.
De evidenciarse infracciones ambientales por parte de la Empresa de Acueducto y los contratistas que ejecutan las obras, el proceso sancionatorio ambiental, que trata la Ley 1333 de 2009, establece multas que pueden ascender hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes diarios. Asimismo, se pueden imponer mecanismos de reparación. Todo esto hace parte de un debido proceso y las decisiones sancionatorias se tomarán con base en la ley y una vez se hayan surtido todos los pasos.
Es importante resaltar que los trabajos que se vienen adelantando en algunos humedales fueron autorizadas en años anteriores. La Administración de la alcaldesa Claudia López no permitirá nuevas obras de endurecimiento en estos ecosistemas que integran la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Cualquier intervención que se quiera realizar, debe estar enmarcada en los principios de sostenibilidad y, además, tener en cuenta el pensar de las comunidades como derecho fundamental a la participación ambiental.
La cooperación ciudadana tendrá real incidencia en las decisiones ambientales que se tomen en Bogotá durante los próximos cuatro años. A través de la confianza y credibilidad habrá una construcción conjunta que permita reverdecer y llevar a Bogotá por el camino de la sostenibilidad.
Fuente: Secretaría de ambiente Bogotá