Con la promesa de mejorar los índices de ocupación y la formalización del empleo, el gobierno pretende eliminar parcialmente la contribución parafiscal con la que se financia el SENA y compensarla vía impuesto a la renta (probablemente en carácter de “Renta de Destinación Específica”). Y so pretexto de aumentar cobertura en capacitación, abre la posibilidad de enganchar trabajadores por debajo del salario mínimo, presentándolos como “formación dual” de aprendices –tal como ha ocurrido antes–, ahora mediante una nueva reforma al Contrato de Aprendizaje.
Los dos discursos de Cárdenas sobre parafiscalidad:
La eficacia de propósitos de la primera reforma (a la parafiscalidad) ha sido negada hasta por los estudios del mismo Ministro de Hacienda –cuando fungía como consultor de Fedesarrollo–, según los cuales tal eliminación no presentaría impactos significativos en el empleo formal [1]. Pero también la Contraloría, en estudios harto conocidos, señala que los parafiscales no son la causa del desempleo en Colombia y “mucho menos pensar (sic) que con la eliminación de los parafiscales se vaya a reactivar el mercado laboral y alcanzar una tasa de desempleo de un dígito”, pues sólo representan “el 1,6% de las deducciones fiscales que realizan las empresas”[2].
Eliminar estos parafiscales conduce, por otra parte, a birlar un derecho constitucional (art. 54 C.P.) de los trabajadores y desposeerles de un “Salario Social” establecido en el “pacto social” de 1957, cuando los trabajadores cedieron una porción del Subsidio Familiar, ya conquistado, para entregarlo como renta del SENA y facilitar así su creación. Vincular hoy sus aportes a un impuesto a la renta, es dejarlo expósito, con una financiación a merced de las vicisitudes del ciclo económico, de la coyuntura, a la postre dependiente en buena medida de los precios de las materias primas, en un modelo extractivista de dudoso horizonte. Y otra parte de su ingreso provendría de un mayor impuesto que cotizarían las personas naturales que ganen más de $8 millones mensuales, entre ellos los trabajadores y empleados, dada la ampliación del impuesto de renta para tales grupos. Anotemos que con estos y con otros impuestos la DIAN hace “Unidad de Caja”, luego la sociedad y aun los propios trabajadores entrarían a financiar subsidiariamente dicho “Salario Social” mediante el derecho a la Formación Profesional Integral de que trata el artículo 54 de la C.P.
Aparte de lo anterior, debemos recordar que cuando la economía ha entrado en ciclos recesivos o de desaceleración, han sido precisamente las rentas de destinación específica (carácter que se le pretende dar a las del SENA) y del Sistema General de Participaciones las que resultan sacrificadas, para lo cual se ha reformado incluso la Constitución Política. Darle hoy tal condición a los aportes del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación, hace más vulnerable a dichas entidades frente al cambiante clima legislativo.
“Formalización” laboral que empobrece
También la prédica sobre la formalización laboral resulta negada en la práctica en éste como en anteriores casos. Es que el derecho a la capacitación debe ser ofrecido a los trabajadores en una economía “formalizada”, y sin embargo esta reforma lo relativiza –pese a su canon constitucional–, lo encomienda a los propios trabajadores y lo arriesga ante eventuales crisis económicas, como lo hemos señalado. Pero además la reforma al contrato de aprendizaje que se insinúa, en nombre de la “formación dual” serviría para profundizar la superexplotación a que hoy están sometidos bastos segmentos de nuestra juventud
Ya anteriores reformas al Contrato de Aprendizaje lo deslaboralizaron, lo restringieron a la “etapa práctica” (o “productiva”), fijaron su remuneración por debajo del mínimo y ampliaron, entonces sí, el numero de aprendices por empresa. Igual ocurre con las generalizadas pasantías, mano de obra no remunerada: esclavitud moderna. Hoy se pretende que sean los propios empresarios quienes “formen” durante cuatro días a la semana a sus propios aprendices “en el sitio” de unas empresas que no cuentan con infraestructura ni instructores: ¡otra vez simulación de la explotación por el aprendizaje!
Por todo lo anterior, llamamos al gobierno y a los empleadores a honrar el pacto social de 1957; llamamos también a la comunidad en general, a los aprendices y a los trabajadores colombianos, a defender su “salario social”, a rodear al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, tres de las pocas instituciones mediante las cuales en este país se atiende la política social, mediante la capacitación de los trabajadores, el cuidado de sus hijos y de su economía familiar. Igualmente, a movilizarnos este jueves 4 de octubre, en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente: Empleo para la Juventud.
Bogotá, octubre 3 de 2012
Original firmado por:
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente
[1] Fedesarrollo, “Informalidad en Colombia: nueva evidencia”, marzo de 2007
[2] Contraloría General de la República, “Informe social 2010: la política pública y el control fiscal de la parafiscalidad en los sectores laboral y de seguridad social colombianos 2006 – 2010”
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT
Personería Jurídica No.01118 de abril 13 de 1987.