Por: Rodrigo Acosta B[1]
El avance en el reconocimiento del valor de la cultura, de sus expresiones y sus contenidos, se debe al esfuerzo de miles de colombianos emprendedores amantes de nuestra hermosa tierra colombiana.
Es de precisar en primer lugar que ni el sector de la cultura, ni del cine, ni del arte, ni de los audiovisuales, ni de las actividades basadas en la propiedad intelectual nacen con el cuento de la economía naranja; todos éstos sectores vienen aportando al desarrollo nacional sin el apoyo de los presupuestos nacionales.
Tampoco se espera mucho de la Ley naranja recientemente aprobada por el Congreso a iniciativa de la bancada del Centro Democrático y es que quienes nos dedicamos a las siguientes actividades debemos continuar realizando esfuerzos organizativos y de concientización, para evitar la alienación política y avanzar en el reconocimiento de los derechos sean ellos los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa.
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Sobre el contenido propio de la Ley naranja:
Los sectores mencionados, no fueron consultados para la expedición de la Ley y lo que es más grave la creación del Consejo Nacional de la Economía Naranja, excluye en forma artera la representación, social, artística y cultural y de los mismos sectores que supuestamente pretende promocionar.
· Este Consejo, está conformado por la alta burocracia del gobierno. Son ellos los Ministros de Hacienda y Crédito Público; del Trabajo; Comercio, Industria y Turismo; Educación Nacional; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; del Interior; El Ministro de Cultura (quien lo presidirá); El Director Nacional de Planeación (DNP);El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena); El Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y el Presidente de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter).
· Desconoce la existencia del Sistema Nacional de Cultura, arte y patrimonio, establecido en la Ley 397 de 1997 que podemos indicar, es el resultado de la exigencia ciudadana, que contó con un debate público y concertación desde las diferentes expresiones y organizaciones culturales. Obsérvese que el Consejo Nacional de patrimonio cultural integra a diferentes sectores en los territorios con la participación y además con el gobierno.
· La Ley le extrae recursos a la cultura y no le suma, se creó el mecanismo de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja sin adicionar nuevas finanzas o buscar la redistribución de las ganancias que obtiene el sector privado o la disminución de los ítems de la seguridad nacional ahora que ya no estamos en conflicto armado interno.
· Se enuncia que el Gobierno nacional a través de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), creará líneas de crédito y cooperación técnica para el impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes territoriales, pero obsérvese que no se trata del apoyo a la producción cultural o audiovisual o de las industrias creativas, sino que los proyectos de infraestructura estarán orientados principalmente a los museos, bibliotecas, centros culturales, teatros, y otros, e infraestructura digital supuestamente para democratizar el acceso a conectividad e Internet de alta velocidad. Negocio éste último controlado por el duopolio de Comcel y Telefónica de España que son intocables y mucho menos en ésta ley.
· La Ley debió aumentar el presupuesto destinado a la cultura y no lo hizo; pero recalca en instrumentos ya en práctica. Por ejemplo el Ministerio de Cultura ha realizado la capacitación de agentes culturales, el apoyo con Balcoldex (entidad que hace sus veces) con una suma muy exigua de un poco más de $2.500 millones en los últimos 7 años. Y con el Fondo Emprender del Sena, con $5.000 millones de capital semilla para el sector turismo cultural, gastronomía, videojuegos, audiovisual, música y artesanías. Y es que la citada Ley da prevalencia a las industrias de entretenimiento en el PIB nacional e internacional y pone de ejemplo las aplicaciones informáticas de transnacionales, con lo que debiera ser: el apoyo al emprendimiento de iniciativas industriales y culturales y la obligatoriedad del financiamiento estatal para el goce y disfrute de la cultura, la promoción de la ella, los emprendimientos y del mismo patrimonio cultural como derecho colectivo.
· La ley no se refiere al monopolio en la producción y distribución de contenidos culturales por parte de las empresas de entretenimiento transnacionales, no establece cuotas de producción nacional ni de fórmulas de protección a la creación colombiana, lamentablemente profundiza la mercantilización y exclusión económica de las personas y empresas nacionales y regionales dedicadas al arte y la cultura y las industrias creativas por cuanto establece que “En el marco de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia el Estado promoverá, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la consolidación de Mercados Integrados de Contenidos Originales (MICOS). Unos grandes “Micos” contra la industria y la producción nacional; por cuanto en dichos tratados el gobierno ni el Congreso han dejado cláusulas de salvaguarda; ellos se arrodillaron al libre comercio internacional y a intereses foráneos.
· La ley mete en el mismo saco las actividades, procesos, expresiones culturales y artísticas con el mote de que deben estar bajo el aviso de propiedad intelectual y de las industrias creativas, asunto que deja por fuera las tradiciones, historias, las costumbres, el conocimiento ancestral transmitido en la oralidad, las culturas de las poblaciones étnicas y las expresiones de los territorios y de los pueblos y nuestra propia nacionalidad. Se deja todo sumergido con el amarre del entretenimiento que más se define por su ánimo comercial y rentístico. Se asume la cultura y la creación de contenido como un objeto comercializable y no como un derecho colectivo y una obligación de ser garantizado por el Estado.
· Es así, como se presentan las cifras de la producción de las empresas monopólicas del cine, de las comunicaciones y telecomunicaciones, para que el artista y el agente cultural caiga en la “magia del si puedo solo” y se olvide de sus derechos colectivos; mientras se les esconde la verdad del concepto neto de la renta. Y obsérvese que no es posible solo con solo incentivos y el apoyo con préstamos a algunos emprendimientos. Colombia realmente requiere de una política pública adecuadamente financiada.
· La ley tampoco se refiere al monopolio de las infraestructuras, las licencias, autorizaciones, los fondos, ni de las frecuencias en manos de las transnacionales de las comunicaciones, la radio, la televisión, las telecomunicaciones y la telefonía móvil celular y de los servicios satelitales; Tampoco toca el monopolio de la pauta o de los gastos de divulgación pues solo mantiene el statu quo y solo en forma discursiva sin mecanismos se plantea fortalecer espacios de difusión de contenidos en la radio pública y comunitaria, tv pública, salas alternas de cine y librerías.
Congreso y gobierno profundizan el abandono de la cultura, la educación y las industrias creativas: Mientras en forma demagógica se aprueba el “tomatazo a la cultura”, olvidan que algunos de los requerimientos necesarios para avanzar en el crecimiento de las industrias creativas son los presupuestos públicos que deben dedicar las naciones para el fortalecimiento de la educación, la cultura, y la investigación & Desarrollo.
Según el estudio que define el rankin internacional de inversión en educación realizado por el Banco Mundial, Cuba tiene el primer lugar con el 13% y Bolivia y Venezuela figuran entre los 10 países del mundo que más invierten en proporción al Producto Interno Bruto. A Cuba, le sigue la República Democrática de Timor Oriental (sureste de Asia) con el 11%; Dinamarca con 8.7%; Ghana 8.1%; Islandia y Tailandia con 7.6 cada uno; Nueva Zelandia 7,4%; Chipre 7.3%; Venezuela y Bolivia con 6.9%; Finlandia 6,8% al igual que Kirguistán; y Belice con 6.6%. Otros países como Brasil destinan un 5,8% de su PIB, mientras que México un 5,2% y Argentina 5,8%.
Lamentablemente, Colombia aparece en el segundo país con menos inversión, conforme al “Education at a Glance 2015”, el más reciente informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma que Colombia es el segundo país que menos invierte en educación con solo US$3,2 mil dólares al año por habitante (cerca de $10 millones de pesos), sólo por detrás de Indonesia. Y es que Colombia invierte dedica menos del 30% que cualquiera de los países de La OCDE quienes en promedio invierten US$10,2 mil dólares por habitante al año, solo el 20% de lo que Estados Unidos invierte con US$15,5 mil dólares al año. Frente a Colombia, lo dobla en inversión Rusia con US$6,2 mil dólares al año y todos los demás incluso México con US$3,5 mil dólares al año y los países vecinos. En cuanto Investigación & Desarrollo Colombia como porcentaje % del PIB y de acuerdo al Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ); Colombia invierte solo el 0,2%, Cuba el 4%, Suecia 3,16%, Alemania 2,87%, América del Norte 2,38%, Asia oriental y Pacífico 2,6%.
Ahora veamos la inversión o financiación en la cultura: Según el Estudio realizado por el Encuentro Iberoamericano sobre Financiación de la Cultura, para analizar las iniciativas y el apoyo a la cultura de los países latinoamericanos desde el ámbito público y privado; se tiene que Uruguay ocupa el primer lugar al dedicar 1,30% del presupuesto nacional, Argentina ocupa el quinto lugar con un 0,27% y Colombia gana el último puesto con un 0,1% del presupuesto dedicado a la Cultura.
El estudio de la Cepal denominado “Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica” indica que Colombia invierte solo US$126 millones de dólares al año, y que para llegar a un gasto público cultural equivalente al 1 % del presupuesto público total, con proyección al año 2021, debe dedicar al menos US$804 millones al año o sea aproximadamente $2,24 billones de pesos para lograr la meta internacional.
Lamentablemente el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura para el año 2017 es de solo $302 mil millones de pesos de los cuales $180 mil millones es para funcionamiento, con solo $123 mil millones para el Plan Operativo anual de inversiones, pero de éste rubro se dedican para el mejoramiento, recuperación y preservación del patrimonio y de la planta física más de $70 mil millones y solo $50 mil millones para la promoción de actividades que tienen relación directa con las personas, grupos y expresiones artísticas, culturales y a emprendimientos.
Este presupuesto nacional dedicado para un año a la cultura es lo que se gasta en 4 días el Ministerio de Defensa que dispone de $30 billones de pesos, sobre un presupuesto nacional total anual para el 2017 de $ 224 billones aprobado por el Congreso a iniciativa del gobierno.
Lo que si aprobó el Congreso es que el presupuesto del Ministerio de Cultura que estaba en $391 mil millones en el 2015, bajara en el 2016, a $335 mil millones de pesos, y de nuevo que bajara a $302 mil millones para el 2017.
Algo parecido sucede en Bogotá el sector cultura que está integrado por la Secretaria de Cultura y los institutos relacionados tienen un presupuesto anual para el 2017 de $662 mil millones de pesos que en su mayoría se dedican a obras de infraestructura, y que corresponde al 3.5% del total del presupuesto de Bogotá que tiene la suma de $18,8 billones de pesos para el 2017; todo esto mientras a la movilidad e infraestructura vial, o sea en más cemento y más Transmilenio se le dedica el 30% del presupuesto.
Otro debate que trataré en una próxima columna es sobre el cómo fortalecer realmente la cultura, las industrias, el emprendimiento y la necesidad de hacer una lectura crítica sobre la forma como se realizan gastos e inversiones en algunos eventos “culturales”, que son más actividades rentísticas en donde los recursos van a parar a otras manos.
Mientras tanto el sector social y cultural continuará alcanzando logros a partir de las luchas sociales y políticas, mientras otros le comen cuento ese si politiquero a la ley de economía naranja y ahora al acuerdo de economía naranja en Bogotá.
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[1] Rodrigo Acosta B es el Presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa CCC, administrador de Empresas de la Universidad Javeriana, tecnólogo en administración de sistemas de información de la Universidad Tadeo Lozano; con diplomados en Desarrollo humano y ordenamiento territorial y derecho de las telecomunicaciones.
Fotografías: Rodrigo Acosta B