Por: Nixon Torres Cárcamo
Es evidente la torpeza estatal, del Gobierno Duque, de respuesta a las exigencias democráticas del pueblo colombiano, como los son entre otras:
1. Incremento al presupuesto de educación, para mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura educativa en básica primaria, básica secundaria y educación superior; el mejoramiento salarial de los trabajadores de la educación, que se refleje en su calidad de vida, entre otros reclamos.
2. Una reforma al sistema de seguridad social, que implique la desaparición del modelo de intermediación en salud EPS, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria; la abolición del modelo privatizado de las pensiones; el fortalecimiento del régimen de prima media con prestación definida, que representa COLPENSIONES, atacando la elusión y evasión de aportes.
3. La formalización del trabajo, acabando definitivamente con la prohibida tercerización laboral, conforme lo establecen las Sentencias C-614 del 2009, C-171 del 2012, proferidas por la Cote Constitucional.
4. La protección de los ecosistemas naturales, como mecanismo de preservación de nuestros ríos, mares, prohibiendo cualquier forma de alteración del mismo, como el FRACKING, incluso prohibido en los territorios natales de los grandes empresarios del asesinato del medio ambiente en el mundo.
5. La implementación del Acuerdo Especial de Paz, con el desarrollo legislativo, político económico y social, que desestructure las organizaciones del crimen y le brinde a la niñez y a la juventud colombiana, tanto en el campo como en la ciudad, oportunidades distintas a engrosar las filas de la criminalidad.
6. La configuración legislativa de restricciones para el ejercicio de la representación política en el Congreso, las Asambleas Departamentales, los Concejos municipales y Distritales.
7. La creación de un marco jurídico, que limite el enriquecimiento de estructuras clientelistas de la contratación pública en las regiones.
8. La reducción de salarios a los altos cargos en las tres Ramas del Poder Público, así como la democratización en la designación, por voto popular, de elección de magistrados, Contralor Nacional y Territorial, Procurador.
9. Protección del derecho fundamental a la vida de la dirigencia social del país.
Torpeza, que se materializa, en medidas excepcionales, como la implementación excepcional al derecho fundamental de circulación y locomoción en el territorio patrio, de todos aquellos, que como una sola fuerza, sin dueños, hemos manifestado y exigido la democratización del Estado, a quienes se nos impone, el toque de queda, para que no continuemos protestando y manifestando nuestras exigencias, so pretexto de enfrentar a los “VANDALOS”, que entre otras cosas no son más que el resultado de decenios de años de olvido estatal y del trato miserable de acumulación de tierras y de riqueza de los que han estado alrededor del poder económico y político, que han dado como resultado más de ocho millones de desplazados, de cientos de despojados de sus tierras, del crimen estatal sistemático contra integrantes de movimientos alternativos, en los últimos cuarenta años, y de otros vejámenes contra el pueblo colombiano.
Frente a esta torpeza ciega del Gobierno Duque, nuestra respuesta no puede ser otra distinta a seguir manifestando nuestras exigencias de cambios democráticos, como los hermanos de Ecuador, Chile, Argentina, quienes como latinoamericanos, han sido las victimas desde la caída del muro de Berlín, de esas nuevas políticas económicas, que colocan en el centro de atención de las multinacionales y lo testaferros en los distintos gobiernos y parlamentos, la acumulación de riqueza de ellos y el empobrecimiento masivo de la población, como en el caso de ITALIA, GRECIA, FRANCIA, ESPAÑA, PORTUGAL, ETC.
Por ello, es inminente que contrario a la alta dirección del estado y sus testaferros, en el movimiento social, que el día 22 de noviembre, salieron a desautorizar las protestas de la población, como si fueran nuestros dueños o dirigentes, cuando no, nos representan y mucho menos pueden ser interlocutores democráticos, cuando su papel ha sido el de legitimar a los distintos gobernantes de turno, desde sus posiciones anquilosadas y retardatarias desde el movimiento social. Esos mismos aclaman para que se constituyan mesas de concertación, que como las del salario mínimo, anualmente han demostrado, que empresarios y gobierno, imponen sus criterios.
Por estas razones se hace indispensable continuar con la protesta social, como un derecho humano, sustentado en uno de los apartes del PREAMBULO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUAL ES; “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Y la mejor forma de materializar nuestra legitima protesta, es exigir la convocatoria inmediata de una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, que establezca desde el texto superior, nuestras exigencias democráticas como parámetros jurídicos inviolables por parte del estado, para que realmente podamos hablar de entregarle un mejor país a las nuevas generaciones de colombianos.
Fotografías: Paro Nacional 211 de noviembre de 2019, Marcha desde la Parque Nacional a la Plaza de Bolívar (Rodrigo H. Acosta B)