9 de abril de 2018 A SIETE AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1448 LAS VÍCTIMAS SEGUIMOS EXIGIENDO VERDAD JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Por: Movimiento de víctimas:

I. LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y LA REPARACIÓN INTEGRAL         

a. Introducción        

A marzo de 2018, se registran en Colombia casi 9.000.000 de Víctimas, la majority una causa del Desplazamiento forzado , destacándose también Víctimas de homicidio , mutilaciones por minas y artefactos explosivos, secuestro , tortura , reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes , entre otros.

Todos sabemos que nadie tiene la pérdida de la integridad de nuestro ser querido, y que la reparación por la integridad del mar, no nos devuelve las cosas que tenemos antes que nuestro proyecto de vida sin daño o alterado a la fuerza por los que nos venimos a sus enemigos o que queremos que nuestras propiedades, muchas o pocas, les pertenecen. 

Nunca quisimos ser victimizados o tener que desplazarnos para proteger nuestra vida, nunca estuvimos en nuestros planos, vivir fuera de nuestro territorio y mucho menos en la vida de otras personas. Somos víctimas y esa realidad lamentable nos afecta y afecta a toda la sociedad. Somos ciudadanos y ciudadanas colombianas con los mismos derechos y obligaciones, pero estamos profundamente inmóviles, como emocionalmente y físicamente, por el conflicto armado, por esta razón, el Estado está en la obligación de repararnos integralmente, pues el Estado fue incapaz de proteger nuestra vida , nuestros bienes y nuestra honra.

Han sido varias las leyes y normas que se han promulgado en Colombia con el ánimo de resarcir nuestros derechos vulnerados o perdidos, sin embargo, esta normatividad no se ha cumplido con los fines y lo que es peor, en su aplicación o en la ejecución muchas veces hemos sido revictimazados.

Con la aplicación de la Ley 1448 de 2011, las víctimas creyeron que se encontró una ruta real y efectiva hacia nuestra dignificación. Creímos estar cerca de acceder a la verdad de los hechos victimizados para que estos nunca más volvieran a repetirse; soñamos con la aplicación efectiva de la justicia para superar los altos índices de impunidad y de falsas verdades, y avanzar con certeza por el camino de la reconciliación nacional; Imaginamos que era posible   la reparación efectiva integral tanto física como   psicosocial, económica y política, que nos brinda garantías de no repetición para superar los miedos y recuperar la capacidad de soñar; imaginamos que realmente era posible tener un presente y un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos e hijas, un ahora en donde pudiéramos gozar de  nuestro derecho a una vida en paz, con justicia social y equidad, y participar como sujetos políticos de los destinos de nuestra nación.

segundo.          La Ley 1448 y la institucionalidad

Con la Ley 1448 apareció la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas – UARIV y la Unidad para la Restitución de Tierras, ambas cargadas de promesas; Apareció   el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV, y los Comités de Justicia Transicional, constituidos por Entidades Públicas del tanto Gubernamentales Estatales Como un Nivel Nacional y territoriales encargadas de formular y / o ejecutar los aviones, Programas, Proyectos Y Acciones para su atención y reparación integral, lo que no ha sido más que un anuncio y una demostración de la incapacidad del Estado para llevar o complementarse.

El SNARIV no ha cumplido con sus funciones, las entidades convocadas, (Ministerios, Institutos, Direcciones, etc.) en la mayoría de los casos, no hacen presencia en las respectivas sesiones de trabajo o la persona delegada no tiene capacidad de decisión y de compromiso real con los planes y programas construidos por la UARIV y las mesas de participación efectiva de las víctimas.  Así se hace evidente que la UARIV no tiene capacidad y/o voluntad de convocatoria o de control en este ente, el SNARIV no logra la coordinación necesaria, sus instituciones miembros no apropian los recursos obligatorios y suficientes, el compromiso efectivo de la institucionalidad Estatal y de Gobierno más allá de la UARIV es casi nulo y por consiguiente no se logra la integralidad de la reparación. Algo parecido ocurre a nivel departamental y municipal con los llamados Comités de Justicia Transicional.

A pesar de las entidades creadas para atender a las víctimas, del compromiso de las víctimas y sus organizaciones, del compromiso de las organizaciones víctimas y acompañantes de víctimas y de sectores de la sociedad colombiana, nuestra realidad hoy es lamentable.

c.         La Reparación Integral Individual y Colectiva

En siete años de vigencia de la Ley 1448 ya solo 3 años de terminar su período, se han indemnizado, según la UARIV, solo el 10% de las víctimas individuales la mayoría de estas desplazadas por la violencia, es decir, aproximadamente 900,000 personas, Lo que no indica que han sido reparadas integralmente. Si contrasta esta cifra con las cifras de desplazamiento de los últimos años, la situación empeora por la cifra de indemnizados por año, casi alcanza la cifra de nuevos desplazamientos por año. En el año 2016 se reportaron por la UARIV más de 92.000 nuevos casos de desplazamiento y en el 2017 se reportaron más de 60.000 nuevos casos. De seguir por el camino de privilegiar la reparación individual, saber que el potencial y el papel que las organizaciones de las víctimas y los sujetos de la vida colectiva se pueden cumplir,

Para marzo del 2018, 615 casos de reparación colectivos en casi todo el territorio nacional, de los cuales 372 son casos étnicos (pueblos, comunidades, resguardos, cabildos indígenas; población afrodescendiente) ; pueblo Rrom), 204 son casos no étnicos (campesinos fundamentalmente), y 41 casos son organizaciones sociales, sindicatos o comunitarias, gremios o grupos poblacionales, seis de estos casos son organizaciones de mujeres. Según las diferentes fases planteadas en la ruta de la reparación colectiva diseñada por la UARIV, de los 615 casos, 330 están en la fase de identificación, 80 en alistamiento, 67 en característica de daño, 16 en diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva- PIRC, y 122 en la implementación de dicho Plan.

El acceso al derecho a la salud y a la atención, el apoyo psicosocial ha soportado las injustificadas en la implementación del Plan de Atención Psicosocial a las Víctimas – PAPSIVI, que a veces ha sido fuertemente criticado por su enfoque y condiciones de aplicación. La intervención psicosocial ha estado más orientada a la atención de las consecuencias que derivaron de los hechos violentos y no se ha enfocado en desentrañar y aportar a la superación de las causas del hecho violento, los alcances y motivaciones del mismo, y en la recuperación de los sueños que tienen las víctimas antes del daño, que hacen posible que el tejido social se vea afectado y las víctimas individuales revivir en comunidad.

El acceso al derecho a la educación de las víctimas o de sus hijos e hijas sigue presentando serias dificultades. El sistema educativo no ha generado un programa real, apropiadamente elaborado, financiado y promocionado que permita las instituciones educativas y los docentes, el que contenga herramientas pedagógicas y las condiciones materiales que haga posible el que tenga las necesidades educativas que la población víctima tenga, en especial, los niños y las niñas. No se reconoce la situación de las víctimas, sus condiciones materiales, sus grados de afectación mental o física, su cultura o sus tradiciones. Programas educativos promocionados como especiales para estudiantes universitarios como los ofrecidos por el Ministerio de Educación a través de ICETEX, no hay oferta viable para la capacidad de endeudamiento de las víctimas.

Respecto al derecho de las víctimas a tener una vivienda en condiciones de dignidad, las soluciones han sido insuficientes y tardías. Según el último informe de la Contraloría haciendo alusión un requerimiento enviado a FONVIVIENDA, esta entidad emitió un informe con corte 30 de junio de 2016, donde identifica 57.372 desplazados con subsidio asignado en vivienda gratuita. No obstante, al hacer los cruces se reducirá al número a 53.190 familias desplazadas beneficiadas con vivienda gratuita. De las beneficiarias, el 49.6% (23.387) corresponde a los que se han quedado con subsidios pendientes de las convocatorias 2004 y 2007. El otro 50.4% (26.803) corresponde a la selección de familias que hacen el DPS y FONVIVIENDA pero que no consulta las necesidades de la población. Según declaraciones de la directora nacional de la UARIV,

La mayoría de la población víctima, en especial la población en situación de desplazamiento forzado, estamos a la espera de materializar nuestras aspiraciones de acceder gratis a una vivienda que aporte a la dignificación de nuestra vida, para lo cual se necesita la implementación de un programa nacional especial que soluciona el déficit de vivienda en la población víctima.

re.          La Restitución de tierras

Durante la ejecución de la política pública de restitución de tierras, se ha identificado la Unidad de Restitución de Tierras-URT, ha concentrado su gestión en la necesidad de los campesinos reclamantes, las solicitudes de ingreso a los registros de tierras, impidiendo que las vidas sean acudir a los estrados judiciales a presentar las demandas para recuperar sus tierras. También se ha verificado que la restitución de tierras se ha hecho lenta por la llamada micro focalización que le entrega a la fuerza pública la casilla de la decisión, sin la participación de las víctimas, qué zonas son las que se intervienen. A pesar de las posibles presentaciones por diferentes organizaciones, no ha sido posible que la URT haya estudiado la posibilidad de avanzar en la restitución colectiva de tierras.

Según los últimos informes de la Unidad de Restitución de Tierras, analizados por la Fundación Forjando Futuros, en siete años de la aplicación de la Ley de Víctimas, solo se ha restituido el 4.5% de las 6 millones 500 mil hectáreas despojadas en Colombia, es decir solo aproximadamente 289.655 hectáreas. El 96% del despojo se perpetró contra pequeños campesinos con predios que no sobrepasaban las 50 hectáreas.

De las 109.902 solicitudes presentadas se han rechazado 34.028 solicitudes, se han dictado 3.230 sentencias de los 5,580 casos hijo resueltos judicialmente es decir un favor de las víctimas el 92%.

Terratenientes, despojadores, testaferros y algunos grupos buscan acabar con la Ley de Restitución con la excusa de que no existen garantías para los opositores. Las cifras demuestran que los propietarios de la buena fe y los segundos ocupantes, han recibido toda la protección y los beneficios que brindan el ordenamiento jurídico colombiano. En aproximadamente 565 casos de restitución de los jueces y magistrados ordenaron bene¬ficios a los opositores.

El panorama del despojo de tierras es más lamentable si adicionalmente se tiene en cuenta en el 2017 se reportó la pérdida de 554 bienes inmuebles, es decir en un año se robaron más bienes inmuebles que los devueltos en siete años de aplicación de la Ley 1448 .

mi.          La reparación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y Rrom (Decretos Ley 4633, 4634, 4635 de 2011)

Si bien es cierto que hay algunos procesos de reparación colectiva, son casos étnicos (372 pueblos, comunidades, resguardos, cabildos indígenas; población afrodescendiente; pueblo Rrom) y de restitución de territorios étnicos (6 territorios indígenas y 1 territorio colectivo de la comunidad étnica), estos no obedecen a la aplicación efectiva de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, sino principalmente a la aplicación del sistema de reparación colectiva que reconoce las afectaciones de organizaciones, comunidades e instituciones en general, y que no tiene en cuenta el enfoque diferencial étnico, comunitario y cultural de las víctimas, contemplados en los decretos antes mencionados.

Han sido muchos los llamados de las organizaciones y comunidades a casi siete años de entrada en vigencia de los decretos, para que el Gobierno Nacional los implemente y reconozca la importancia de la reparación colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, raizales y del pueblo. Rrom.

El pronunciamiento de los delegados de las Mesas Departamentales de Víctimas de los Pueblos Indígenas realizado el 18 de agosto de 2017, hace un llamado especial sobre el incumpliendo del Gobierno en la aplicación de la Ley 4633 de 2011.

Según los delegados de los pueblos indígenas, “A seis (6) años de la entrada en vigencia del Decreto Ley 4366 de 2011 que busca la reparación, atención y restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado se concluye que este no se ha implementado en los países y favorecidos de los pueblos y comunidades indígenas afectados. Lo anterior, entre otras por las siguientes razones:

         El gobierno y las entidades territoriales no han asumido la responsabilidad en términos de coordinación interinstitucional y esfuerzo presupuestal; y mantienen la ausencia de voluntad política para garantizar la efectiva implementación del Decreto Ley incurriendo, en la profundización del riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas y la permanencia del Estado de Cosas Inconstitucional (T-025 de 2004 y autos de seguimiento).

         Hemos identificado que ante la ausencia de la implementación del DL4633 las víctimas indígenas se ven obligadas a aceptar las medidas establecidas en la Ley 1448 de 2011, las cuales son las únicas ofertas institucionales. Lo anterior se constituye en un paliativo ante nuestras necesidades urgentes que atentan contra nuestro derecho a una reparación integral con enfoque diferencial.

         Como delegados de las mesas departamentales de víctimas indígenas desconocemos la asignación presupuestal ejecutada y la destinación específica para la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011, a pesar de solicitar dicha información a las instancias competentes.

f.          Reparación con enfoque de género

Para avanzar en este importante tema, recordamos la normatividad para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer en el ámbito público o privado, incluyendo a las mujeres víctimas del conflicto armado cuyo cuerpo ha sido marcado antes, durante y posterior a los hechos victimizantes en medio del conflicto armado.

Son múltiples las violencias, maltratos, abusos, torturas, violaciones, esclavitud, feminicidios, suicidios, desapariciones, e impactos en la salud mental, emocional y física de las mujeres y sus hijos e hijas que llevan en muchos casos stress postraumático, depresiones, incapacidades para protegerse, adicciones, desordenes alimenticios, abortos, embarazos no deseados, mutilaciones, cicatrices, quemaduras, cáncer, enfermedades catastróficas, en general haciendo que las mujeres víctimas adquieran alguna incapacidad.

En el 2008 las mujeres celebramos dos importantes decisiones jurídicas con las que creímos cambiar muchas de nuestras realidades, una  de ellas,  el  Auto 092 del 13 de abril 2008 proferido por la Honorable Corte Constitucional, sobre protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. Este Auto además reconoce el impacto desproporcionado del desplazamiento en la vida y cuerpo de las mujeres, 10 riesgos de género, 18 facetas de género y más de 180 casos de violencia sexual sin atender y sin ser investigados, por lo que ordena la creación de 13 programas que protejan y prevengan estas violencias contra las mujeres desplazadas por el conflicto armado.

La otra medida es la ley 1257 del 04 de diciembre de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Medidas de protección y de atención para las mujeres que viven violencia en el ámbito público y privado, sin embargo, 10 años después, nuestra realidad no ha cambiado y estas normas siguen en el papel sin ser cumplidas.

Según informes de la UARIV, EL 49.7% del total de las víctimas del conflicto armado son mujeres es decir casi 4.500.00, de ellas 23.000 son víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Esto es importante en la medida en que se reconoce el delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado y las víctimas se atreven a hablar de su situación y de los alcances de esta estrategia de guerra, que se constituye en una grave violación a los Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario.

Entre los años 2014 y 2017 la UARIV indemnizó a 6.224 mujeres víctimas de violencia sexual, no obstante, se requiere hacer mayores esfuerzos para que la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia sexual contemple con más profundidad la atención psicosocial especializada oportuna, que aporte efectivamente al proceso de reparación integral, tanto individual como colectivamente.

En relación con los procesos de reparación colectiva, tal como lo demuestra la Corte Constitucional en su sentencia T-718 de diciembre de 2017, que ordena reparar colectivamente a las víctimas de violencia sexual del Salao en Montes de María, se está demostrando la ausencia de enfoque de género y ratifica las denuncias de las y los miembros de los procesos de reparación colectiva en relación con la escasa participación efectiva, informada y decisoria de las víctimas en la identificación del daño y la construcción del Plan de Reparación Integral, que aporte al fortalecimiento de los planes de vida o de desarrollo comunitarios.

En relación con la justicia especial para la paz desarrollada con la Ley 975, las víctimas de violencia sexual, en la mayoría de los casos, no contaron ni cuentan con acompañamiento de funcionarios que contemplen en su práctica profesional la perspectiva de género, lo que agudiza la revictimización de las víctimas de violencia sexual en las audiencias. No existe un sistema de acompañamiento legal con enfoque psicosocial para las víctimas.

g.         La reparación integral a personas víctimas con discapacidad

La Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 emitió el auto 006 de 2009, resaltando que la población víctima de desplazamiento en condición de discapacidad no contaba con la atención diferenciada y prioritaria como sujetos de especial protección constitucional. Posteriormente con el Auto 173 de 2014, aunque destaca los avances en la implementación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral para las víctimas en el marco de la Ley 1448, enfatiza sobre la persistencia de las barreras actitudinales, de comunicación y arquitectónicas, el riesgo desproporcionado del desplazamiento forzado para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la desprotección de las personas mayores con discapacidad y las dificultades en el acceso a la justicia.

Los efectos del conflicto agravaron el vivir con discapacidad al interior de una familia, ya que dificulta aún más las condiciones. Así mismo hay que diferenciar la adquisición de la discapacidad a causa del conflicto de manera directa, y la adquisición como impacto colateral, como puede ser la depresión profunda y otras discapacidades psicosociales y / o mentales. 

Son múltiples y variadas las dificultades que hoy atraviesan las personas víctimas del conflicto armado con discapacidad. Los planos, programas, proyectos y actividades desarrolladas por el Gobierno Nacional no contemplan con suficiente contundencia el enfoque diferencial para personas con discapacidad víctimas de la violencia, mar la discapacidad producto del hecho violento, o mar la discapacidad exacerbada por el hecho.

No existe un programa psicosocial efectivo de rehabilitación a partir de modelos resilientes, que contemple apoyo especial a las personas con discapacidad; la entrega de ayudas humanitarias, por ejemplo, no contempla con especial atención la condición de algunas personas con discapacidad, igual ocurre con la medida de indemnización administrativa.

El fortalecimiento de las organizaciones de víctimas con discapacidad es un requisito fundamental que permite cualificar la participación e incidir en la construcción de la Política Pública de las Víctimas. Para esto, es indispensable fortalecer las organizaciones de víctimas con discapacidad a través de la garantía de recursos técnicos, logísticos y presupuestales; como también, la reglamentación de apoyos e incentivos, para que las organizaciones cuenten con la capacidad y sean ejecutados de recursos públicos y privados, encaminados a la restitución de derechos de las personas con discapacidad (radio, imprenta y audiovisuales) sus derechos

En materia educativa, por ejemplo, no existe un programa especial de becas proporcionales a las necesidades de las personas con discapacidad sin restricciones, en todos los niveles educativos que facilitan el cierre de los parámetros pendientes pedagógicos, técnicos, técnicos y humanos, para asegurar el acceso, permanencia y graduación. Con estas acciones afirmativas se aseguró el derecho a la educación como parte de la reparación integral de las víctimas con discapacidad.

En general, no se ha proporcionado estructurar un programa especial integral para personas con discapacidad que comprenda, además de los identificados anteriormente, el acceso especial a la salud, la generación de ingresos, el retorno y la reubicación. Las víctimas con discapacidad, somos marginadas y estigmatizadas por las mismas comunidades; ya de aquí, se restringe su participación social y ocupacional. Si a esto se suma el acceso a los servicios de rehabilitación funcional e integral, la discapacidad es progresiva rápidamente, con las consecuencias nefastas para una adecuada inclusión en la vida social y productiva, así como en el restablecimiento exitoso del hilo de la cotidianidad.

h.          Las Mesas de participación efectiva y el SNARIV

Según la ley 1448 en el artículo 194, y el artículo 285 del decreto 4800, se adoptó el protocolo de participación efectiva de las víctimas, cuyo objetivo es garantizar la participación de las víctimas en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas, dentro de del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SNARIV, así como asegurar las víctimas su intervención real y efectiva en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional.

En la medida en que la UARIV no ha logrado convocar y coordinar efectivamente al SNARIV y a los Comités de Justicia Transicional, la labor de las mesas de participación de las víctimas no ha logrado cumplir cabalmente con los objetivos para los cuales han sido creadas. En este marco legal, la participación de las organizaciones de víctimas, la democracia participativa en cada ente territorial en relación con las víctimas, han perdido espacio y las decisiones terminan siendo de carácter representativo.

No se ha garantizado plenamente que las y los representantes de las víctimas en las mesas, se fortalezcan y mejoren sus capacidades para ejercer tan importante labor, que cuenten con el apoyo suficiente para realizar consultas, construir propuestas, planes, programas, proyectos y actividades de reparación en beneficio de todas las víctimas, o rendir cuentas adecuadamente, fortalecer las organizaciones, y ejercer las veedurías a las políticas públicas.

Respecto de la participación de los pueblos indígenas, la situación es más lamentable. La UARIV, según la denuncia de los y las delegadas indígenas a las mesas departamentales de víctimas, entre otras consideraciones, ha formulado rutas y/o protocolos sin la participación efectiva y consulta previa de los pueblos indígenas, lo cual ha conllevado a omitir lo establecido en el Decreto Ley 4633. Transcurrido seis años de promulgado el Decreto Ley 4633, persiste la ausencia de un protocolo de participación de los pueblos indígenas en las instancias municipales, departamentales y nacionales.

Se debilita la organización social de las víctimas, se desconoce su papel en las mesas de participación y se elaboran políticas públicas sin la debida participación de las víctimas y sus organizaciones. Lo que finalmente se demuestra es que el poder de decisión de las víctimas, de sus organizaciones y de sus representantes ante las mesas de participación es bastante débil e incide poco en las decisiones trascendentales que guían la política de reparación, tanto a nivel municipal, departamental, distrital y nacional.

i.          Retorno y reubicación.

De una meta de 230.000 hogares desplazados que serían acompañados hasta el 2018, se reporta en los siete años de implementación de la Ley 1448, la suma de 80.000 hogares en proceso de retorno y reubicación con acta de voluntariedad firmada.

Para nosotros y nosotras, el retorno al igual que toda la política pública de reparación, debe ser, ante todo, un ejercicio colectivo que no desconoce la decisión de retorno individual, sino que la potencia y la respalda, que asuma el enfoque de desarrollo territorial sustentable, que reconozca la forma de vida que teníamos antes de los hechos violentos, que recupere los saberes culturales, las políticas, las tradiciones espirituales y materiales que nos hacían miembros de una comunidad en un territorio específico. Revitalizar el tejido social y comunitario para proyectar nuevos sueños que hagan posible la transformación de las realidades adversas presentes, reconociendo también los sueños y propuesta de quienes se quedaron en el territorio resistiendo y que son hoy comunidades de acogida. Reconocemos que el ámbito individual del retorno o la reubicación debe robustecer las capacidades del hogar para reconstruir su proyecto de vida y garantizar el acceso a unos derechos mínimos que permitan llevar una vida digna en relación con el proyecto de vida colectivo.

La futura estabilidad del retorno o reubicación, no se basa exclusivamente en la sostenibilidad de los hogares, esta debe estar relacionada con el territorio, sus organizaciones, sus planes, sus capacidades y posibilidades. En ese sentido se necesita una verdadera articulación, complementariedad y subsidiaridad entre los entes territoriales tanto vertical como horizontalmente, que reconozcan la importancia del colectivo y de la integralidad de los procesos.

j.          Garantías de No Repetición

La difícil situación de asesinatos, amenazas, desapariciones, desplazamientos que hoy padecemos los y las líderes sociales, muchos de nosotras y nosotros líderes de organizaciones de víctimas, líderes de organizaciones de reclamantes de tierras, líderes de organizaciones víctimas como es el caso de miembros de organizaciones comunales, sindicalistas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, entre otros, demuestra el fracaso de las políticas de garantías de No Repetición. En los dos últimos años y lo que va corrido del 2018 la cifra de muertes asciende a más de 240 personas.

Según el informe del programa no gubernamental “Somos Defensores”, con respecto a los defensores de DD.HH., la implementación de los diálogos de paz con las FARC tiene un sabor agridulce. Si bien es de suma importancia reconocer que el silencio de los fusiles trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años (24 x cada 100 mil habitantes), esta tasa de homicidio se disparó de manera focalizada en los defensores y defensoras de DD.HH. Según las cifras del SIADDHH (Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – SIADDHH), los homicidios contra estos activistas están en incremento anual sostenido desde que empezó el proceso de paz (2013 – 78 casos, 2014 – 55 casos, 2015 – 63 casos, 2016 – 80 casos), en 2017 la cifra rompió la barrera de los 100 casos y en 2018 la situación no mejora y se pone aún peor con un registro de 18 líderes asesinados solo en los primeros 31 días del año.

Otras voces internacionales y que hacen observación del acuerdo de paz, han llamado la atención con respecto al tema de seguridad de los líderes sociales y a la importancia de protegerlos de manera perentoria y efectiva, para que puedan hacer lo que mejor saben hacer: construir un mejor país para todos. Espacios como el Instituto Kroc (que hace seguimiento a la implementación por disposición del punto 6.3.2 del acuerdo), la Oficina del Derechos Humanos de la ONU, la Misión especial de Paz de la ONU, la Organización de Estados Americanos, La Unión Europea y el Congreso de los EEUU, hicieron sentir su voz de preocupación por la continuidad de los crímenes contra defensores y como la persistencia de este fenómeno comprometería la realización efectiva de la paz en el país.

El mismo documento de “somos defensores” 2017, reconoce más adelante la labor de la Fiscalía. Al respecto nos dice, en 2017 la Fiscalía avanzó como nunca antes en las investigaciones por crímenes contra defensores/as. Por primera vez en la historia reciente del país esta institución tuvo la voluntad política de priorizar los casos de homicidio ocurridos desde 2016. Si bien no hay avances en el resto de agresiones de las que son víctima (amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones sin fundamento, robos de información sensible entre otros) al menos los homicidios ya cuentan con capturados, juicios y algunas condenas.

Este avance se logró gracias a la presión de las organizaciones de derechos humanos en espacios como la Mesa Nacional de Garantías y también a la detallada observación de este fenómeno por parte de la comunidad internacional (Embajadas, Sistema de Naciones Unidas – especialmente OACNUDH – Misión Especial ONU de paz, MAPP – OEA) que generó en efecto un cambio en la actitud política del Fiscal y la entidad. Con este contexto, el SIADDHH consultó a la Fiscalía General de la Nación para verificar estos avances, ya que la información pública no denotaba el caso a caso sino se limitaba a evidenciar porcentajes de avance. Dentro de la respuesta de la Fiscalía vale la pena resaltar los siguientes avances a partir de la implementación de su “Estrategia de Investigación y Judicialización de homicidios contra defensores de DD. HH:

La implementación de la Estrategia ha permitido que la Entidad alcance niveles históricos en el esclarecimiento de los homicidios contra defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre 2016 y el 09 de febrero de 2018 se ha obtenido los siguientes resultados:

•           De un total de 253 casos reportados por 4 fuentes de información se ha logrado el esclarecimiento de 99 que corresponden al 39.13%. 


•           De los 99 casos que cuentan con esclarecimiento 10 tienen sentencias condenatorias en la jurisdicción ordinaria, 4 en la jurisdicción especial indígena, 44 se encuentran en juicio, 25 en etapa de investigación, 15 en indagación con orden de captura vigente y un caso fue archivado por conducta atípica.

Pese lo que parecieran buenas noticias, al comparar estos avances con los datos históricos, la impunidad sigue reinando. El avance de los casos es mínimo hasta 2016 y los niveles de impunidad bordean el 90%. La mayoría de los casos se encuentran en indagación preliminar incluso 8 años después de que han ocurrido las muertes lo que imposibilita materialmente avanzar el proceso ya que en esta etapa es cuando se recaban pruebas en el lugar de los hechos y se entrevistan a testigos, tarea difícil de lograr años después del asesinato.

II.         LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL ACUERDO DE PAZ GOBIERNO-FARC-EP (PUNTO QUINTO)

Ante las dificultades políticas presentadas en la implementación de los acuerdos Gobierno-FARC, entendemos que estos obedecen a un plan que se contempló ejecutar en 15 años, y que muchos de los puntos acordados se van implementando gradualmente, hemos querido llamar la atención sobre los temas concernientes a los desarrollados en el punto quinto de la agenda (víctimas), debido fundamentalmente a que siempre se ha sostenido que las víctimas del conflicto estuvieron al centro de la negociación y la realidad, lo que refleja hoy, es que se hace necesario que las víctimas estemos también al centro de la implementación.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR): creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Los avances al respecto son notorios, eso hace que este sistema esté creando expectativas entre la población víctima especialmente en los sujetos de reparación colectiva. Ya se crearon las tres instancias respectivas y aunque con algunos retrasos en especial de la UBPD, podemos decir que las condiciones están dadas para avanzar en tan importante tarea de aplicación de la justicia transicional. Sin embargo, llama la atención que no hay claridad respecto de los mecanismos, apoyos y garantías efectivas de participación de las víctimas en la elaboración de informes que aporten y respalden la labor del sistema, y la creación del mecanismo de consulta con víctimas para proyectos productivos propuestos por los comparecientes a la JEP.

Será necesario que el Estado colombiano brinde las condiciones y los apoyos suficientes para que las víctimas participemos en la elaboración de los informes de casos y seguimiento a los mismos. El SIVJRNR, tiene la responsabilidad de fortalecer y revitalizar el tejido social, pero a su vez las víctimas estamos en disposición de respaldar el sistema, de tal forma que este realmente aporte a la reconciliación nacional, siempre y cuando se logre superar los niveles de impunidad y se obtenga la identificación y participación de las y los victimarios determinadores comprometidos con los hechos, sean estos personas jurídicas o naturales, para esclarecer la verdad especialmente en lo que se refiere a las motivaciones políticas y económicas que originaron las estrategias nacionales y territoriales que nos victimizan; aportar al hallazgo de las personas desaparecidas, su paradero, los planes elaborados que motivan este atroz delito y las verdaderas razones que tuvieron los victimarios para la desaparición de miles de personas.

Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo de paz que busca aportar a la solución de una de las causas estructurales del conflicto político armado en el país: el acceso a la tierra y las condiciones para una vida digna de los y las campesinas. Al respecto es lamentable que a más de un año de firmado el acuerdo no se hayan dado avances legislativos en cuanto al acceso y la formalización de la tenencia de las tierras, que incluye asuntos como la constitución del Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas, la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas, la realización del catastro multipropósito, la Jurisdicción Agraria y el Registro de Sujetos de Ordenamiento Social. Al contrario, lo que se evidencia es que se sigue legislando a favor de la acumulación de tierras (Ley ZIDRES), del robo de predios baldíos y en contra de una verdadera reforma rural que haga posible que cientos de miles de campesinos retornen al campo, para hacer que este renglón de la economía aporte a la solución de los altos índices de pobreza y desigualdad de nuestra sociedad.

En estas condiciones, la solución a un conflicto y el derecho de las campesinas, el acceso legal a la tierra y los planos, los programas y proyectos que garanticen una vida digna en donde se cumplen plenamente los derechos humanos, no vislumbra ninguna solución, y será un elemento sustancial para que se desate confrontaciones sociales hasta que realmente se logre el desarrollo de una reforma rural integral que beneficie especialmente a los y las campesinas víctimas.

Planes Nacionales y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las evidencias en el terreno nos dicen que la implementación avanza muy lentamente, afectando a las aspiraciones de las comunidades, las organizaciones o los procesos de la reparación colectivos y las aspiraciones de retorno y / o reubicación de las víctimas.

Participación política, luego más de un año de la firma de los acuerdos, podemos afirmar que su desarrollo e implementación no llega a un 30%. Sin dejar de lado aspectos importantes de este acuerdo, señalaron los que más directamente se adaptaron a la reparación integral de las víctimas. Al respecto es notorio que es lo que corresponde a los mecanismos democráticos de participación ciudadana en donde se presenta un enorme atraso en la implementación.

Este es el resultado de un proyecto de Ley Estatutaria de 099 de 2017 y aún no está agendado para su discusión en el 2018, y lo que es más lamentable   los proyectos que más beneficiaban la inscripción integral como hijo de la Reforma Política y en especial las Circunscripciones Especiales de Paz que le dieron la posibilidad de acceder a 16 curules en la cámara de representantes, fueron saboteadas y hundidas en el Congreso de la República, cuando el presidente y el secretario del Senado haciendo una interpretación a su acomodo y re victimizando a la población, sostuvo que no obtuvo la aprobación al obtenerla 50 votos, muy a pesar de las tres sentencias judiciales que obligan al Congreso a dar cumplimiento a la Ley.

Enfoque de género, el acuerdo de paz contempla 100 medidas con relación a las mujeres y la población LGTBI, la instancia de seguimiento para garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo de género, ha ratificado sus preocupaciones sobre la falta de indicadores de impacto o resultados y de metas orientadas en el plan marco que hacer hacer seguimiento a lo acordado.    

III.         PROPUESTAS Y EXIGENCIAS

Las víctimas de la violencia saben que la madre y el niño tienen hijos y nietos que tienen hijos en el conflicto armado interno y la consolidación de la paz estable y duradera.

Por esta razón, apoyó a todos los esfuerzos para lograr el Gobierno Nacional y las FARC-Ep realizaron para obtener más de 50 años de confrontación, y es altamente satisfactorio que había tenido al centro la reparación integral a las víctimas. Las víctimas saludamos y respaldamos los esfuerzos de paz que el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional llevan a cabo en la ciudad de Quito, y abogamos para que prontamente se pacte un nuevo partido bilateral al fuego, esta vez de carácter indefinido, y se avance en la definición de los mecanismos de participación de la sociedad que dicha agenda. Estaremos muy atentos a participar cuando se aborde el cuarto punto de la agenda correspondiente al tema de Víctimas.

Hasta el momento se debe poner fin a conflicto político armado interno con todos los grupos armados insurgentes, se registra el proceso a la justicia de las bandas criminales y se supera la práctica de los delitos de Estado, exigiría mantener abierto, por término indefinido, el Registro Unico de Víctimas- RUV, cuyo tiempo límite para registrar a las nuevas víctimas se cerró en el año 2015.

Somos conscientes de que un importante núcleo de víctimas creemos que nuestra reparación está ligada a un programa especial de Retorno y Reubicación de carácter colectivo e individual, que tiene en cuenta la integralidad de las necesidades de las aplicaciones: revitalización del tejido social y comunitario, reconstrucción de nuestros sueños, usos y costumbres, vivienda para la dignidad, generación de ingresos, restitución y acceso a tierras, acceso a la salud ya la educación.

Las víctimas seguimos comprometidos como constructoras y constructores de paz en la aplicación efectiva y eficiente de la ley 1448 de 2011, la implementación de los acuerdos de paz logrados entre el Gobierno y las FARC-Ep, la solución negociada del conflicto armado entre el Gobierno y el ELN, y la desarticulación por vía del sometimiento de las Bandas Criminales-BACRIM o neoparamilitares para lograr efectivamente la reconciliación nacional, esta y no otra es la razón por la cual nos atrevemos a expresar las siguientes propuestas y exigencias:

•           Proponemos al Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas -UARIV y la Unidad de Restitución de Tierras-URT, a los Gobiernos Departamentales, a los Gobiernos Municipales, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia, a la Alta Consejería para los DDHH, a la OACP,  Al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición – SIVJRNR (JEP-CEV-UBPD), a las instancias del Estado encargadas de control y vigilancia (Contraloría General de la república, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación), a los gremios económicos en especial a los gremios ganadero, palmero, cerealista, industriales, a los partidos políticos con asiento en el Congreso de República, la instalación de una MESA TEMÁTICA DE CONCERTACION CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO en donde tengan presencia delegados y delegadas de las Mesas de participación efectiva de las víctimas (Nacional, Distrital, Departamentales y Municipales); sujetos de reparación colectiva (Nacionales y Territoriales); organizaciones nacionales y regionales de víctimas reclamantes de tierras; organizaciones, comunidades y pueblos indígenas víctimas; organizaciones y comunidades afrodescendientes, negras y raizales víctimas; organizaciones de mujeres víctimas; organizaciones de víctimas con discapacidad; organizaciones de víctimas de crímenes de Estado; organizaciones socio-políticas víctimas; organizaciones nacionales de víctimas de desplazamiento forzado; organizaciones  nacionales de víctimas de secuestro y/o extorsión; organizaciones nacionales acompañantes de víctimas y en general representación de todas las víctimas. Para concertar las políticas públicas encaminadas al logro de la reparación integral de las víctimas de la violencia, su aplicación y desarrollo, con garantías de no repetición y para avanzar en la elaboración de propuestas para presentar a la Mesa de Conversaciones Gobierno-ELN.

•           En una verdadera democracia no es concebible que las víctimas que luchan por su reparación; las y los constructores de paz; las organizaciones defensoras de derechos humanos; las que luchan por la tierra y el agua; las que trabajan por la libertad de expresión; las que abogan por un reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; las que defienden los derechos de las mujeres; los líderes y lideresas sociales y políticos y; los pueblos indígenas; las comunidades afrodescendientes, negras y raizales no puedan llevar a cabo sus proyectos colectivos como consecuencia de la violencia física y simbólica de la que siguen siendo víctimas. Ante el fracaso de los planes anunciados por el Gobierno, exigimos al Estado Colombiano, se adopten las medidas eficaces para garantizar la vida de los y las lideresas sociales y comunitarias, defensores y defensoras de DDHH y constructoras y constructores de paz.

Estas medidas deben contemplar las siguientes consideraciones:

         Implementación de medidas preventivas individuales y colectivas para evitar un peligro, disminuir riesgos o evitar que las amenazas se concreten. Estas deben tener en cuenta los siguientes componentes: identificación de los riesgos presentes en el territorio por parte de los potenciales afectados e instituciones estatales competentes; medidas tempranas simbólicas y auto protectivas de las comunidades con el apoyo de las entidades estatales competentes ante las posibilidades de que hechos lamentables ocurran o se concreten; eliminación de situaciones que faciliten o aumentan las probabilidades de concreción de riesgos; y, construcción de capacidades en las comunidades e individuos para evitar futuros riesgos.

         Diseñar y ejecutar participativamente (autoridades locales, autoridades nacionales, comunidad en riesgo) planes de autoprotección/autocuidado y protección, que tengan en cuenta nuevas relaciones de respeto y garantía de derechos entre la fuerza pública y la comunidad con enfoques en cultura de paz y convivencia que, generen nuevas formas de confianza mutua, que reconozca prácticas culturales propias de las comunidades, que aplique protocolos urgentes en defensa de la vida, que acompañe a la víctima y sus familiares con prácticas psicosociales para prevenir afectaciones y manejar el miedo, nuevas prácticas de seguridad que faciliten la seguridad humana y acompañamientos simbólicos no armados y facilitación de medidas autoprotectivas de acompañamiento con organizaciones sociales que disuadan riesgos latentes.

         Que se acompañe los planes de autoprotección/autocuidado y protección de campañas comunicativas y de sensibilización, locales y nacionales de respaldo y legitimación de la labor de los y las lideresas sociales, comunitarias. Con mensajes del alto gobierno, del Estado, de opinadores políticos, de artistas, etc.

         Mejoramiento de las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y para investigar, perseguir, judicializar, a los victimarios y determinadores de los hechos. Rendición de cuentas o claridades sobre cifras, listados, tipificación de casos, fuentes, caracterización.

         Fortalecimiento de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales

         Pronto desmonte de las Bandas Criminales o Neoparamilitares priorizando el sometimiento a la justicia.

         Mantenimiento de la mesa de conversaciones Gobierno-ELN hasta la superación del conflicto armado interno.

•           Solicitamos a la UARIV, abstenerse de avanzar en la sanción e implementación del Decreto con el cual se pretende cambiar algunas disposiciones del Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social, respecto a las medidas de indemnización individual por vía administrativa y se regulan otras disposiciones complementarias.

•           Exigimos al Ministerio de Educación la creación concertada de un programa educativo real, apropiadamente elaborado, financiado y promocionado que permita a las instituciones educativas y a los docentes, contar con herramientas pedagógicas y condiciones materiales que hagan posible cumplir con las necesidades educativas que la población víctima y especialmente los niños y las niñas tienen. Este programa debe reconocer las condiciones materiales de las víctimas, sus grados de afectación mental o física, su cultura o sus tradiciones. Exigimos educación superior universitaria o tecnológica gratuita. Exigimos un plan etnoeducativo para los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, negras y raizales víctimas.

•           Exigimos a las instancias e instituciones miembros del  Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, a la UARIV, a los Comités de Justicia Transicional, al Congreso de la República, a los gobiernos Nacional, Distrital, Departamental y Municipal cumplir con sus obligaciones legales y las recomendaciones realizadas en los cuatro informes al Congreso de la República sobre la política pública de Reparación Integral a las Víctimas, realizados por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas.

•           A las instituciones del Ministerio Público, le solicitamos adelantar prontamente las medidas investigativas y sancionatorias que sean necesarias para garantizar el cumplimento de las obligaciones de las entidades que hacen parte del SNARIV y de los Comités de Justicia Transicional, y la construcción de una política pública realmente encaminada a logro de la Verdad, la Justicia, la Reparación, y las garantías de No Repetición.

•           Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, y al Congreso de la República disponer de los recursos económicos necesarios y oportunos que garanticen la reparación integral a las víctimas. Recursos provenientes del impuesto del 4 x 1000, podrían ser destinados única y exclusivamente al fondo nacional de reparación integral, recursos provenientes de los dineros recuperados a los corruptos o al narcotráfico podrían apalancar la política de atención a víctimas. En Colombia los corruptos se roban casi un billón de pesos semanales. Si se controla la corrupción, dispondríamos de aproximadamente 50 billones de pesos al año. Suficiente para reparar a todas las víctimas en solo 24 meses y sobrarían recursos.

•           Solicitamos la suspensión inmediata de la práctica de los llamados contratos con operadores y pedimos que se privilegien los acuerdos, convenios o contratos con organizaciones de víctimas, organizaciones víctimas u organizaciones acompañantes de víctimas, organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas víctimas, organizaciones afrodescendientes, negras, raizales víctimas, organizaciones del pueblo Rrom. No solo es una manera de garantizar la austeridad en el gasto, sino fundamentalmente la transparencia y honestidad en la ejecución y nuestro fortalecimiento administrativo y organizativo.

•           A la UARIV, al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Departamentales, Municipales y Distrital disponer de los recursos necesarios y suficientes para el buen funcionamiento de las Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas que garanticen un verdadero ejercicio participativo con poder de decisión, de las víctimas y sus organizaciones, en la elaboración y ejecución de las políticas públicas de reparación integral. El abordaje colectivo de la Reparación Individual e Integral de las víctimas, donde las organizaciones de víctimas y las organizaciones acompañantes sean eje fundamental de la ejecución de los programas de reparación integral con enfoque territorial, integral e incluyente es una necesidad inaplazable.

•            A la Corte Constitucional le solicitamos convocar a audiencias públicas de seguimiento a la implementación de la Ley 1448 y sus decretos, de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, del Auto 092 de 2008 y Seguimiento Sentencia T-025 de 2004, y de los Autos relacionados con las garantías de los derechos de las víctimas a una reparación integral.

•            Al Congreso de la República, exigir avanzar con celeridad en la implementación normativa de los acuerdos de Paz Gobierno-FARC-Ep, en especial en lo concerniente a la Reforma Rural Integral, la Participación Política de las víctimas-circunscripción especial para la paz y retorno y reubicación.

•            A la UARIV ya las instituciones convocadas al SNARIV, a los Gobiernos Municipales y Departamentales, construir y desarrollar participativamente los Planes Integrales de Reparación Colectiva – PIRC guardando su integralidad, y cumpliendo con las disposiciones en materia de enfoque diferencial y de género, que aporten realmente un revitalizar el tejido social de los pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones. Las obligaciones constitucionales de concurrencia, corresponsabilidad, cooperación no pueden ser desconocidas por los entes del Estado en ninguno de sus niveles.

•            Exigimos al Gobierno Nacional la implementación inmediata de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, las reglamentaciones respectivas, con la participación efectiva de las víctimas, asegurando las apropiaciones y destinación presupuestal específica para los pueblos indígenas, el pueblo Rrom, y las comunidades afrodescendientes, negras y raizales.

•            Exigimos un programa especial de salud física y mental que tiene en cuenta nuestra condición de víctimas de la violencia y el enfoque para desentrañar las causas del hecho violento, los alcances y motivaciones del mismo, y los sueños que tienen las víctimas antes del daño, que hacen posible que el tejido social se vea afectado y las víctimas individuales revivir en comunidad. La mayoría de las víctimas a pesar de que han desarrollado mecanismos de afrontación y resiliencia, necesitan esos servicios y fortaleces con programas psicosociales que reconocen nuestra historia, nuestras capacidades antes del hecho traumático, y apoyen en la construcción de la memoria y la verdad para transformar las realidades que hoy nos hijo adversas. 

Para las personas con discapacidad se requiere de la construcción y adecuación de los centros de rehabilitación integral (Rehabilitación física, psicológica, psicoterapéutica, neuropsicológica, psicosocial, consumo de sustancias psicoactivas, terapia ocupacional, puntos de encuentro y reconstrucción de los tejidos sociales desde el enfoque resiliente / holístico). De igual forma, mediante la mencionada rehabilitación que se realiza una atención integral y brigadas permanentes a los territorios donde se encuentran las víctimas con discapacidad. Solo así, se garantiza el acceso, la atención y el seguimiento de sus procesos de rehabilitación integral.

•           Exigimos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la creación e implementación de un programa de vivienda digna, gratis y accesible para las víctimas, que incluya como prioridad a las víctimas con discapacidad, a las mujeres víctimas cabeza de familia, a los adultos mayores cabeza de familia como parte de la reparación integral, eliminando las barreras de acceso como: limitación de subsidio, ahorros programados, requisitos y prioridades de focalización. Para tal efecto se debe realizar una caracterización por parte de todos los entes territoriales de manera simultánea y articulada con el nivel nacional, que permita conocer las estadísticas, características, condiciones de vida, situación socioeconómica y psicoactiva de las víctimas, teniendo como prioridad a las víctimas con discapacidad, a las mujeres víctimas cabeza de familia; quienes requieren de la atención incluyente/inclusiva, para el goce efectivo de sus derechos en la reparación integral. Es prioritario crear la ruta articulada con la adjudicación de los recursos necesarios, en aras de garantizar la batería de derechos que la Corte Constitucional establece.

•           Solicitamos se asuma por parte del Estado una pensión escalonada para víctimas con discapacidad adquirida en el marco del conflicto armado interno.

•           Exigimos al Gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal que se cumpla con la normatividad existente: Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres – CEDAW; protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar las violencias sexuales especialmente contra mujeres y niñas; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará); la sentencia T073 de 2017, T025 de 2017,      que se cumpla con la implementación de los 13 programas del auto 092 y una vida libre de violencia para las mujeres con la ley 1257, reclamamos la reparación integral para las mujeres víctimas del conflicto armado como sujetos de protección constitucional reforzada.

Instamos a la Sra. Yolanda Pinto, directora nacional de la UARIV, a fortalecer el equipo de mujer y género de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y nombrar personas idóneas para desempeñar tan importante labor de incluir un enfoque de género y diferencial en la atención y reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado.

         Que se garantice la participación efectiva y decisiva de las mujeres y sus organizaciones en las decisiones que se tomen en temas como la política pública de víctimas, verdad, justicia, reparación y la construcción de la de paz, acuerdos o tratados para la terminación del conflicto armado como sector mayormente victimizado.

          Que se coman con el enfoque de género que deben tener la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- Ep

          Que la participación política de las victimas en el 50% de las mujeres teniendo en cuenta que son la población victimizada

          Que sepáis un plan de contingencia que permita indemnizar de manera inmediata a los más pequeños de 25 mil personas mayores de 70 años antes de los núcleos encabezados por mujeres o que la adulta mayor sea una mujer.

          Que la fiscalía entregue los informes de las investigaciones realizadas de los delitos cometidos en la guerra contra las mujeres durante los 20 años de normatividad ley 387, 419, 975, 1448 entre otras.

•            Las víctimas del despojo de tierras exigieron una mayor transparencia y un control efectivo a las decisiones de la Unidad de Restitución de Tierras. Proponemos un nuevo programa de restitución o reubicación que tenga en cuenta los siguientes elementos:

          Derogar el decreto de la micro focalización, por considerarlo un trámite innecesario y que es el juez de tierras que tiene la facultad legal de decidir la compensación, con otra tierra o con dinero cuando no hay condiciones de seguridad para restituir el predio despojado;

          Desarrollar una reforma legal que incluya la figura de la Restitución Administrativa en los procesos judiciales no hay opositor;

          Desarrollar como Ruta Preferente la Restitución colectiva en las zonas en donde se ha determinado que tiene un mayor número de despojos (Catatumbo, Cauca y Valle, Magdalena Medio, Montes de María, Nariño, Putumayo, Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, Resto de Antioquia, Tolima y Urabá).

          Plena aplicación de la Inversión de la carga de la prueba en la parte administrativa y judicial, evitando el exceso probatorio.

          Prohibir el porte de armas en las zonas de restitución.

Aplicándose los correctivos, estimamos que se podría lograr la restitución de 3 millones 120 mil hectáreas en 2 años, es decir la solución al 50% del despojo y abandono.

•            El carácter inalienable, imprescriptible de los derechos sobre las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo para orientar el proceso de restitución, devolución y retorno de los sujetos colectivos y las personas afectadas por el conflicto armado. Exigimos la restitución de derechos territoriales de las comunidades, pueblos indígenas y grupos étnicos. 

La restitución de derechos territoriales es una medida a la que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas que han sufrido abandono o despojo de sus territorios como causa del conflicto armado.

Es el reconocimiento o registro por parte del Ministerio del Interior de los cabildos indígenas Distritos y de los 180 cabildos en contexto de la ciudad.

Colombia, 9 de abril de 2018.

9 DE ABRIL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO