Por: Rodrigo Acosta B.*[1]
La organización de las Naciones Unidas ONU el máximo organismo multilateral en donde prácticamente tienen asiento todas las naciones del mundo, ha orientado la necesidad de establecer regulaciones locales que reivindiquen la función de los medios comunitarios y alternativos en las transformaciones sociales y que puedan tener acceso a los derechos a las licencias, frecuencias y fondos de financiamiento para su sostenibilidad económica. Al respecto la legislación internacional y la misma constitución nacional y sus desarrollos, establecen el derecho a la información y la libertad de crear medios de comunicación todo lo cual también comporta la obligación de no obstruir su debido funcionamiento.
Las normas logradas y vigentes reivindican los derechos:
Fue así como en Bogotá por iniciativa de los medios comunitarios y no de partido alguno, en primer lugar promovimos la implementación de artículos en los Planes de Desarrollo y la normativa que integra la política pública de comunicación comunitaria: los Acuerdos 292 de 2007 y sus Decretos reglamentarios 149 y 158 de 2008 vigentes, cuando se encontraba de alcalde Luis Eduardo Garzón.
La actividad continuó y en la Mesa Distrital de la política pública de Comunicación Comunitaria, se discutió y aprobó el Lineamiento para la creación y funcionamiento de las mesas locales y espacios de participación de los medios comunitarios en los territorios, y por primera vez se eliminaron las agencias intermediarias y a finales del 2011 durante el gobierno de Clara López, se estableció la tabla de tarifas actualizables al IPC vigente hoy.
Ya en el gobierno de Gustavo Petro se realizaron los convenios marco con Secretaria General y ETB para la gestión de los planes de medios y la contratación de los medios comunitarios y alternativos para desarrollar el derecho de participar en los gastos de difusión de la gestión pública de Bogotá, además de los proyectos de fortalecimiento en las localidades, varios de los cuales están en ejecución durante el 2017 y 2018.
Lamentablemente en el Plan de Desarrollo actual del gobierno de Peñalosa, Acuerdo 645 de 2016, no aparece ningún artículo, y menos de los que habíamos luchado en más de una década y aunque realizamos las audiencias públicas con el apoyo del Consejo Territorial de Planeación y se presentaron al Concejo de Bogotá iniciativas, todas fueron negadas por la administración. Las consecuencias de esa actitud antidemocrática han sido desastrosas: el 100% del pautaje fue a parar solo a los medios comerciales de radio, prensa y televisión; con lo cual se viola el mandato legal además de una actitud claramente excluyente.
Naturalmente las aves de mal agüero salieron a decir que si había un artículo y que un concejal del centro democrático lo garantizaba; pues todo es mentira a lo largo del Acuerdo 645 de 2016 del Plan de Desarrollo, no aparece un solo artículo y solo en el documento de motivación habla de la importancia de los medios comunitarios quedándose en solo un planteamiento demagógico.
El Concejo de Bogotá apoyo la iniciativa para el Presupuesto del 2018:
La situación llevó a que con propuestas radicadas a la mano y con la prueba de las respuestas de los derechos de petición demostráramos en forma personal y diaria, ante el Concejo de Bogotá, en el marco del debate del Presupuesto de Bogotá para el 2018, que la pauta se había concentrado ilegalmente y que se estaba dando exclusivamente en un 100% y por millonadas a los medios comerciales y cero para los medios comunitarios y alternativos.
Fue así como los concejales ponentes incluyeron nuestra iniciativa, por cuanto de los medios comunitarios en nada se acordó la administración del alcalde Peñalosa y menos los funcionarios del IDPAC, todo lo cual se puede observar del vacío, en el proyecto de acuerdo en su presentación inicial. Nuestra insistencia, el apoyo de todas las bancadas del Concejo y la presencia entusiasta de los medios comunitarios, llevó a que el hoy artículo 43 del acuerdo 694 del 28 de diciembre de 2017, sea una realidad escrita, conforme a la ponencia de la concejal María Victoria Vargas el cual establece que: “Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, el Ente Autónomo Universitario, Los Fondos de Desarrollo Local, Las Empresas Industriales y Comerciales y las SubRedes Integradas de Servicio de Salud –ESE, para sus programas, proyectos y planes de divulgación, comunicación y publicaciones promoverán la democratización del acceso a los medios de comunicación comunitarios y alternativos, legalmente inscritos en el Instituto de la Participación y Acción Comunal- IDPAC. establece que las entidades deben garantizar la democratización del acceso a los medios de comunicación comunitarios y alternativos, legalmente inscritos en el IDPAC”. Los funcionarios del IDPAC perdieron la partida aunque insistieron ante los concejales y ponente principal para modificar el texto no lo pudieron hacer y el Concejo votó en bloque del articulado incluido el artículo logrado.
Ahora todas las entidades y los funcionarios quedan obligados a cumplir, no como un favor o una dádiva sino como un desarrollo de la política pública: democratizar no solo los gastos de divulgación sino también las comunicaciones y todo tipo de publicaciones.
Las notas periodísticas de medios comerciales contra los medios comunitarios son falsas:
Pero aquí no paran las cosas, alguien quedó bravo en algún momento y se juntaron los intereses, veamos: por rueda de prensa convocada por el IDPAC se informa por medios comerciales y sin citación a los medios comunitarios que la administración actual le puso un “tate quieto a los medios comunitarios”. Asunto de por si injusto e ilegal por cuanto como hemos probado ésta administración de Peñalosa a la fecha no han otorgado en la práctica derecho alguno de divulgación, salvo $180 mil pesitos que le dieron por la campaña de pólvora en diciembre, a unos pocos amigos.
Y es que si bien por solicitud nuestra se pidió a la Veeduría Distrital que adelantará una investigación que concluye que no se está preservando la base de datos conforme a la Ley de archivo que permita la trazabilidad, asunto aplicable a la anterior y a la actual administración, tampoco es cierto lo afirmado por los medios Cm& y otros a partir de la información dada por el Director del IDPAC quien afirma: “Había una base de datos que realmente necesitábamos revisar y se hizo un proceso de caracterización objetivo y técnico que arrojó que hoy de 500 y algo que encontramos inicialmente realmente tenemos 260 medios que se presentaron para ser caracterizados y de esos hoy en día en Bogotá podemos decir que hay 150 medios de comunicación alternativa y comunitaria activos y sirviendo a la ciudadanía… la depuración se hizo durante el año 2017 en asocio entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el Instituto de la Participación con una Universidad especializada en éstos procesos…” Y se afirma en noticias Uno que: Por lo menos 500 medios que se acreditaban como comunitarios recibieron millonarios recursos del Distrito a través de pauta. Solo en la administración pasada se giraron más de 4.317 millones de pesos. Y pasa a decir a la voz : ”había una base de datos en la organización absolutamente manipulable, una cantidad de gente que no es medio de verdad que no está cumpliendo…“
Las imprecisiones que parecieran más bien calumnia o desconocimiento del novato director quizás por información mal aportada por sus flamantes asesores, indica cifras que rayan con la verdad, veamos:
El pautaje dado por la anterior administración entre el 2012 y el 2015 fue de $2.834.829.452 y no de $4.317 millones.
Dicho pautaje no se dio a 500 medios comunitarios como en forma imprecisa se manifiesta, por cuanto los recursos se entregaron previo el cumplimiento de labores encomendadas de divulgación de la gestión pública a solo 181 medios comunitarios que es la cantidad de medios que habían suscrito contratos con ETB quien actuó como agencia de medios.
De lo que si no hablan es que en la anterior administración el pautaje alcanzó la suma de $200 mil millones de pesos que se entregaron precisamente a los medios comerciales, de tal forma que esos recursos a los medios comunitarios no son sino el 1,4% del total (apenas un poco más del 1%)
Y finalmente, si bien la anterior administración poco dio, nunca causó tan injusta y mala imagen a los medios comunitarios. Pero hoy si entregan millonadas a los medios comerciales… las sumas podrían superar al final del gobierno incluso los $250 mil millones en pagos directos e indirectos.
Tampoco es cierto que hayan recibido una base de datos de 500 o más medios, si nos atenemos a los contratos legales suscritos con ETB son solo 181 medios los que recibieron pauta. Todo ello aunque aparecieran 364 medios en la base de datos del IDPAC de los cuales se anotó públicamente que 165 no habían hecho actualización, conforme a la base de datos del 30 de noviembre de 2015.
A pesar de las voces de las aves de paso, los medios comunitarios y alternativos continuaremos cumpliendo con nuestra labor periodística, con independencia, con análisis crítico constructivo promoviendo los derechos y desde luego difundiendo la gestión pública de las localidades y entidades; nosotros llegamos a los territorios y a las poblaciones con temas y revindicando la gente y su cultura, informamos en forma masiva y creativa donde los medios comerciales nunca llegarán porque su enfoque es netamente lucrativo.
Es la comunidad la que agradece y dignifica la labor de todos los medios comunitarios y alternativos, que en forma diaria hacemos éste esfuerzo comunicativo esencial para la construcción de la paz con justicia social, contra la corrupción y por la democracia.
[1]Rodrigo H. Acosta B: es Administrador de Empresas, tecnólogo en Administración de Sistemas de Información, investigador en telecomunicaciones, director de Bogotá Social Medio comunitario alternativo y Presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa