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En forma secreta desde comienzos del 2013 los gobiernos de varios países adelanta negociaciones de un nuevo tratado de comercio, ahora de tipo sectorial relacionado con los servicios públicos. Se trata del TISA. El TISA parece haber sido concebido por la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (CSI, por sus siglas en inglés).
Aunque las negociaciones del TISA se están llevando a cabo en Ginebra, sede de la Organización Mundial del Comercio OMC, tienen lugar completamente al margen del marco de la OMC. El TISA es claramente impulsado por los países desarrollados y las empresas multinacionales de servicios frustradas con el Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado en 2001.
Este tratado sobre comercio e inversión es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Está siendo negociado por un grupo auto-seleccionado formado principalmente por países desarrollados junto con un pequeño pero creciente número de países en desarrollo. Actualmente, las negociaciones incluyen a 23 gobiernos que representan a 50 países. Las partes negociadoras actuales son Australia, Canadá, Chile, República China (Taiwán), Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, que representa a sus 28 estados miembros.
Están aquí los países son responsables de más de las dos terceras partes del comercio mundial de servicios, pero más del 90% de esta cuota se compone de servicios comerciales de los países desarrollados (es decir, los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos).
Las negociaciones sobre el TISA comenzaron en 2012, con un plazo suave de finalización para 2014. En los albores del nuevo milenio, las campañas para detener la expansión del Acuerdo General del Comercio de Servicios (subsistema de la OMC) AGCS, movilizaron a la presión pública y política para contrarrestar las exigencias excesivas de liberalización de los servicios públicos. Hoy en día, sin embargo, la negociación secreta de un nuevo y agresivo sucesor del AGCS plantea una amenaza aún más grave para los servicios públicos.
Los negociadores del TISA tienen el mandato de lograr una liberalización “altamente ambiciosa” del comercio de servicios. La mayoría de las naciones participantes ya han emprendido una liberalización de los servicios de gran alcance y ya están vinculados a una densa red de acuerdos de liberalización de los servicios. Chile, por ejemplo, tiene acuerdos que abarcan el comercio de servicios con 17 de las otras 22 partes del TISA.
Impulsar aún más este programa, tal como dicta el mandato del TISA, supondría una liberalización verdaderamente radical, que ejercería una fuerte presión sobre los pocos sectores que quedaban excluidos y las exenciones subsistentes para programas y políticas clave.
Pero aquí aparece una medida en contra de la lucha que adelantamos los pueblos de América Latina y el Caribe contra las privatizaciones y la re-estatización de servicios públicos esenciales y del agua.
El giro neoliberal de muchos países durante los años 1980 y 1990 trajo consigo la privatización generalizada de servicios públicos importantes. Las municipalidades con dificultades, en particular, se sintieron atraídas por la promesa de ahorrar con la privatización de los servicios públicos de distribución de energía, el tránsito, la gestión de los residuos, la atención médica y otras áreas de responsabilidad pública. Más recientemente, sin embargo, la experiencia negativa con los modelos prestación de servicios con fines lucrativos ha llevado a muchas comunidades a revisar de nuevo el enfoque de la privatización.
Una de las respuestas más populares y potentes ha sido la tendencia emergente de la remunicipalización, que hace referencia al proceso de transferir de nuevo un servicio público privatizado al sector público. Estos retornos suelen producirse a nivel municipal, aunque, en principio, la remunicipalización también puede ocurrir a nivel regional o nacional. Casi cualquier servicio público que se haya privatizado anteriormente
puede ser remunicipalizado.
La remunicipalización es importante porque demuestra que las decisiones adoptadas en el pasado de ceder la autoridad pública no tienen que ser irreversibles. Las decisiones acerca de cómo es mejor prestar un servicio público varían en función de las circunstancias y pueden cambiar con el tiempo. La capacidad de dar respuesta a la nueva información, a las condiciones variables o a la opinión pública cambiante es una libertad
esencial para los gobiernos democráticos preocupados por cómo servir de la mejor manera al interés público. Pero el TISA limitaría y quizás incluso prohibiría la remunicipalización ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran los monopolios públicos o formas de prestación de servicios similarmente “no competitivas”.
Los tratados comerciales como el TISA son de un alcance extremadamente amplio. No sólo garantizan un trato no discriminatorio para los servicios y los proveedores de servicios extranjeros. Van más allá limitando, o incluso prohibiendo, ciertos tipos de medidas reguladoras gubernamentales absolutamente no-discriminatorias. …de conformidad con el TISA, al igual que el AGCS, el trato nacional se aplicaría a las subvenciones (subsidios), lo que significa que cualquier apoyo financiero para los servicios públicos tendría que quedar explícitamente excluido o estaría a disposición por igual de los proveedores de servicios privados con fines lucrativos.
Según nos documenta la ISP, a principios del 2012, unos 20 estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) crearon un bloque autodenominándose “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” e iniciaron negociaciones secretas extraoficiales, con miras a elaborar un tratado para liberalizar más el comercio y las inversiones en los servicios; y a ampliar las “disciplinas reglamentarias” sobre todos los sectores de servicios, incluidos muchos servicios públicos.
La CSI advierte que los servicios públicos de calidad están en peligro
La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han presentado una declaración conjunta ante la Comisión Europea en relación con las negociaciones para un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) plurilateral. Para los sindicatos, la dirección de las negociaciones del TISA ha asumido riesgos que ponen en peligro el acceso universal a servicios públicos de calidad, por lo que debe modificarse.
Los servicios públicos de calidad están en peligro.
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios está siendo negociado por un grupo de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que está formado, en su mayor parte, por países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto a ocho países en desarrollo. El acuerdo que se está negociando tiene por objeto liberalizar sustancialmente todo el comercio de servicios, incluyendo la construcción, los servicios financieros, los servicios públicos, así como los servicios empresariales y profesionales. El acuerdo también impone disciplinas reguladoras de los servicios públicos y restringe la regulación en todos los demás ámbitos.
Los sindicatos que forman la CSI, entre ellos CCOO, hacen un llamamiento a los países negociadores para que excluyan totalmente los servicios públicos del ámbito de aplicación del acuerdo. “La negociación debe garantizar que la consecución y mantenimiento del acceso universal a los servicios públicos de calidad sean fundamentales para el acuerdo”, afirmó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.
Asimismo, la declaración señala que “un requisito previo para entablar negociaciones bien informadas es una evaluación completa del impacto del acuerdo sobre el medio ambiente y el desarrollo económico y social”. Por otra parte, con el fin de garantizar un acuerdo democrático e inclusivo, las negociaciones deben ser transparentes y accesibles al público.
Otro problema que se plantea es la inclusión prevista de una resolución de controversias entre inversores y Estado que podría llegar a ser catastrófica para la posibilidad de contar con un espacio suficiente para la aplicación de políticas. La CSI y la CES hacen hincapié en que si el acuerdo ha de incluir garantías para los inversores, sería más adecuado un acuerdo intergubernamental de resolución de controversias que un proceso entre inversor y Estado.
Además, “los inversores tienen responsabilidades y es preciso que se les expliquen y se les apliquen”, añadió Bernadette Segol, secretaria general de la CES. De hecho, la comunicación del movimiento sindical a la Comisión Europea insta a la introducción de normas laborales vinculantes con el fin de garantizar un nivel mínimo de convergencia y de un mecanismo de desarrollo de capacidades probado e ingenioso que facilite una convergencia gradual.
Por ello, la CSI y la CES han pedido que se escuchen sus propuestas para que las partes cuenten con la información necesaria sobre objetivos y principios que son de interés para las negociaciones.