Bogotá, 20 de enero de 2026
En una decisión que resuena como un acto de justicia elemental para el pueblo colombiano, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha expedido el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026. Mediante esta norma se deroga el Decreto 2170 de 2013, eliminando finalmente la “prima especial de servicios” que, durante más de una década, permitió a los congresistas percibir una suma adicional mensual que insultaba la realidad económica de la mayoría de los ciudadanos. Esta acción no es solo un ajuste contable; es el cumplimiento de una promesa de equidad y una respuesta contundente a la exigencia histórica de cerrar las brechas sociales en el país. bhad bhabie leaked nudes
Desde una visión puramente ciudadana, la existencia de esta prima representaba un muro de privilegios desproporcionados. Mientras a las familias trabajadoras se les pide austeridad y se aprueban reformas tributarias, el régimen salarial de los legisladores se mantenía en una burbuja de desconexión. El mandatario fue enfático al señalar que es justo reducir estos salarios, especialmente cuando desde el mismo Congreso se suelen hundir las iniciativas que buscan poner impuestos a los más ricos. Por ello, este decreto se fundamenta en los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público y, sobre todo, transparencia.
Para entender el impacto real de esta medida en la búsqueda de la equidad, es necesario precisar las cifras que definen el nuevo panorama financiero del poder legislativo. Hasta la fecha, la remuneración bruta mensual de un congresista en Colombia alcanzaba los $52.642.323. Este monto se componía de la asignación básica, los gastos de representación y la hoy eliminada prima especial. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, se suprime de tajo el rubro de $16.914.540 mensuales, que constituía el factor salarial de privilegio.
Bajo este nuevo esquema de justicia social, la mesada mensual para los legisladores que asuman sus cargos el próximo 20 de julio de 2026 quedará de la siguiente manera:
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Senador de la República: Su mesada bruta mensual será de $35.727.783.
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Representante a la Cámara: Al igual que los senadores, su remuneración se iguala exactamente en el mismo rubro, quedando en $35.727.783.
Esta reducción de casi 17 millones de pesos al mes por cada parlamentario representa un ajuste del 32% del ingreso total. Es una medida necesaria para reorientar los recursos hacia el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Es importante aclarar que esta decisión no es retroactiva; por respeto a la seguridad jurídica, los actuales congresistas mantendrán su ingreso, pero el cambio será una realidad para los 296 representantes y senadores que sean elegidos el próximo 8 de marzo.
El decreto, que lleva las firmas del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de la directora de la Función Pública, Mariela Barragán, surge tras el hundimiento de cerca de 20 proyectos de ley que buscaban este mismo fin pero que fueron bloqueados por la propia corporación. Hoy, el Ejecutivo asume la competencia para asegurar que la remuneración de los altos servidores sea coherente con la realidad económica de la nación. Al final, lo que se busca es una nueva ética pública: que el Congreso deje de ser una isla de privilegios y se convierta en un espacio donde la representación del pueblo empiece por el ejemplo de la austeridad y la equidad.
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