Por: Rodrigo H. Acosta B *
A propósito del anuncio de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, en la Cumbre de Paz, sobre implementar en Bogotá el Acuerdo de paz, al referirse: “Bogotá territorio de paz y reconciliación” el 20 de febrero de 2020, en donde afirmó: “ construir la paz en los territorios, reconciliar a la sociedad y cumplir los propósitos del acuerdo de paz y los compromisos de reconciliación y de inclusión que hizo la Constitución del 91….para que seamos la última generación que tuvo que discutir sobre renunciar al uso de la violencia , al uso de las armas para procurar propósitos de carácter político, por el contrario dejemos esa página totalmente doblada, sellada honrando la memoria de las víctimas, de la verdad, la reconciliación, la reparación, la justicia transicional; para que la generación que viene detrás nuestro logre ser realmente una generación plena en el siglo XXI… a todos los amigos de defendamos la Paz mil gracias…hemos querido como lo manifestamos en el programa de gobierno y el discurso de posesión … uno de nuestros propósitos es que Bogotá sea epicentro del paz y reconciliación Local y Nacional. “, se hace necesario reivindicar por lo tanto también determinar acciones para hacer realidad el contenido del Acuerdo de Paz en lo relacionado al derecho a la comunicación y el fortalecimiento de la comunicación alternativa y comunitaria en Bogotá D.C.
Y es que El ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA (Descargar en el siguiente link: ACUERDO FINAL DE PAZ ) contiene derechos relacionados con el derecho a la información, el control social, la participación y los medios comunitarios y alternativos. Artículos que logramos promover y que son hoy una realidad.
(El 24 de nov de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, firman el acuerdo de paz, en Cartagena).
Leer: UNA PAZ NECESARIA PARA GARANTIZAR LA UNIDAD Y LA VIGENCIA DE COLOMBIA
Propongo como delegado de la Comisión de Dialogo del Proceso de Paz, a nombre de los periodistas independientes y los medios comunitarios y alternativos que la Alcaldía de Bogotá convoque a dicha COMISIÓN NACIONAL a objeto de establecer un Plan de Acción que permita integrar las principales aspiraciones ciudadanas tanto en el Plan de Desarrollo de Bogotá como en las acciones que deben desarrollar las diferentes entidades.
Dicha Comisión Nacional de Dialogo, que está vigente, tiene varias funciones dentro de ellas el análisis para la Formulación del Proyecto de Ley de Garantías a la Participación y de garantías a la protesta social entre otras.
Estas propuestas están pendientes por implementar por parte del gobierno nacional, pero se pueden desarrollar en Bogotá D.C. Dicho proyecto de Ley contiene artículos esenciales que buscan garantizar el derecho a la información con plenitud y democracia, pero en forma reiterada medios masivos, el Presidente de la República y políticos tradicionales se han opuesto sin sustento alguno, argumentando sin fundamento una supuesta censura y expropiación de equipos a los medios tradicionales de comunicación, situación que llevó a la Comisión Nacional de Dialogo a realizar un pronunciamiento que llamó la atención sobre el estado de guerra y antidemocracia y el papel de los medios masivos, y en el que se afirmó que el PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS A LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL PRESENTADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DIÁLOGO PROMUEVE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NO LA CENSURA
En dicho proyecto de Ley se contemplan en forma especial los siguientes dos artículos:
“Artículo 81. Reasignación progresiva del espectro electromagnético. Se debe establecer un procedimiento de reasignación progresiva del espectro electromagnético (radio y televisión) otorgado a medios institucionales, públicos y privados, en favor de los medios comunitarios en todos los entes territoriales hasta completar el 33,3% de las frecuencias y potencias, en el nivel municipal, distrital, zona rural, departamental, nacional y zonas afectadas por el conflicto armado interno.
Artículo 90. Democratización de los gastos de divulgación y de publicidad de la gestión pública. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, toda entidad territorial procederá al diseño y ejecución de un proceso de democratización de los gastos de divulgación y de publicidad de la gestión pública, aplicando el 33.3% de los planes de medios y publicidad, a favor de los medios comunitarios y alternativos (radio, prensa, televisión, medios tic) con criterios de distribución equitativa, inclusión y desde los espacios participativos. Dichos recursos se aportaran a partir de los gastos de divulgación y publicidad de los entes territoriales y de sus entidades adscritas y vinculadas. “
Al no haberse implementado la Ley de participación, más aún ahora se hace necesario lograr avanzar en la implementación de una Ley de medios que fortalezca los medios alternativos, comunitarios, ciudadanos y populares y que permita cambiar las asimetrías regulatorias, garantice la accesibilidad de internet y el derecho pleno a la información y la comunicación. Es decir retomar el tiempo perdido desde la promulgación del El Informe MacBride que desde la UNESCO advirtió sobre el daño a las democracias que se causa por los monopolios y la necesidad de democratizar la propiedad de los medios y lograr mas voces y mas audiencias.
(Mesa directiva del evento de suscripción del Pacto entre Claudia López y los líderes de la comunicación alternativa, acompañan Luis Eduardo Garzón exalcalde de Bogotá y Alvaro Argote Concejal de Bogotá, al centro izquierda Darío Salazar y al centro Rodrigo Acosta, 9 de octubre de 2019)
Por otro lado, El Pacto celebrado con la Alcaldesa Claudia López con los medios comunitarios y alternativos el 9 de octubre de 2019, integra precisamente elementos substanciales que armonizan con el Acuerdo de Paz y que deben ser integrados con programas precisos en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Leer La propuesta completa de como integrar el Pacto. Una tarea y reto de alto nivel que tiene también el Concejo de Bogotá, otras acciones en consonancia deben ser abordadas por las secretarías y entidades distritales y las localidades.
Veamos a continuación el contenido del Acuerdo de Paz en los temas relacionados a la comunicación comunitaria y alternativa, el derecho a la información, y el control social:
CONTENIDO DEL ACUERDO DE PAZ REFERIDO A LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL:
2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz
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La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente de mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la política y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local.
….
2.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas
2.2.1. Garantías para los movimientos y organizaciones sociales
· Acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones, y movimientos sociales, que incluyan espacios en los canales y emisoras de interés público.
2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales
Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, el reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión política[1] y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios comunitarios contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con lazos de vecindad o colaboración mutuos.
Adicionalmente, en un escenario de fin del conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, igualdad y no discriminación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación, incorporando en sus contenidos valores no discriminatorios y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Con el fin de asegurar la transparencia en la asignación de la publicidad oficial, de manera que no sea utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en épocas electorales, el Gobierno Nacional promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.
Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados.
Para avanzar en el logro de estos fines, el Gobierno Nacional se compromete a:
Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria con sujeción a los criterios objetivos establecidos en la ley, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible, garantizando el pluralismo en la asignación de las mismas. Se promoverá la participación de organizaciones comunitarias incluyendo organizaciones de víctimas en estas convocatorias.
· Promover la capacitación técnica de los trabajadores y las trabajadoras de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de comunicadoras y comunicadores comunitarios y de operadores y operadoras de medios de comunicación, mediante procesos que busquen dignificar la libre expresión y opinión.
· Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los de mujeres, y de las comunidades en general, así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este acuerdo.
· Financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios. La asignación se llevará a cabo mediante concursos públicos y transparentes que contarán con mecanismos de veeduría ciudadana.
2.3.6 Creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticos
Como complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos políticos, respectivamente, el Gobierno se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la divulgación del trabajo de organizaciones de víctimas, de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación y de valores no discriminatorios y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, así como la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este Acuerdo.
Se establecerá una comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para asesorar en la programación del canal.
2.3.3.2. Medidas de transparencia para la asignación de la pauta oficial
Con el fin de asegurar la transparencia en la asignación de la publicidad oficial, de manera que no sea utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en épocas electorales, el Gobierno Nacional promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.
Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados.
5.1.1. Verdad: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
5.1.1.1. Mandato:
La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:
· El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a personas en razón de su religión, opiniones o creencias, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo Rom, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.
6. Implementación, verificación y refrendación
Principios generales para la implementación
· Integración territorial e inclusión social: las medidas que se adopten en la implementación deben promover la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de éstas en el país, así como la inclusión de las diferentes poblaciones y comunidades, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.
· Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción. Todo lo anterior con el fin de garantizar que la totalidad de los recursos públicos asignados a la implementación se ejecuten correcta y estrictamente dentro de los términos del Acuerdo Final.
6.5. Herramientas de difusión y comunicación
Con el fin de hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo Final y dar a conocer los avances en su implementación, hemos acordado las siguientes herramientas de comunicación y divulgación:
· Emisoras para la convivencia y la reconciliación: Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la potencia que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final. Durante 2 años, el Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil, definirá, de común acuerdo, los contenidos de pedagogía y su producción. Las emisoras podrán funcionar 24 horas al día.
A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la definición de los puntos geográficos, quedarán instaladas y entrarán en funcionamiento la totalidad de las emisoras.
Después de los dos primeros años de funcionamiento, Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC administrará estas emisoras por cuatro años más en los que la programación se asignará, bajo los principios que rigen la radio de interés público, de la siguiente manera: un tercio para las organizaciones de víctimas en esos territorios, un tercio para ECOMÚN y un tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. La asignación de las franjas horarias a los tres sectores se hará de forma equitativa.
Durante los dos primeros años, Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC definirá una ruta de capacitación técnica de hasta 60 personas de los tres sectores, en forma equitativa, 20 cupos por sector, como operadores y productores de radio de estas emisoras, con el fin de que puedan multiplicar el conocimiento.
Luego de los seis años de funcionamiento de las emisoras, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC, a partir del concepto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), podrá prorrogar las licencias de interés público clase “C” hasta por cuatro años más, en las mismas condiciones en que venían funcionando.
· Redes sociales: A partir de la experiencia de la página de la Mesa de Conversaciones, el Comité de Comunicaciones Conjunto diseñará una estrategia de difusión con nuevas herramientas a través de las redes sociales sobre la implementación de los Acuerdos.
· Espacio en televisión institucional: con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz, el Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil en coordinación con RTVC y la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, contará durante dos años en el Canal Institucional con un espacio de hora y media semanal y una repetición del contenido completo de ese espacio en la misma semana, para hacer pedagogía de los acuerdos e informar sobre los avances de la implementación. El Gobierno Nacional garantizará que el horario de emisión del programa sea el óptimo de acuerdo a la audiencia y al propósito de la información a divulgar. Mientras culmine el proceso de dejación de las armas, las FARC -EP en tránsito a la vida civil, designarán dos representantes para que participen en los consejos de redacción que presidirá el Gobierno en el marco del Comité. El programa se emitirá a partir de que la ANTV garantice un porcentaje de la financiación de su producción y emisión, de conformidad con lo previsto en la reglamentación vigente expedida por la ANTV para la programación habitual de interés público del Canal Institucional. Los dos años de vigencia se contarán a partir de la primera emisión del programa.
Todo lo anterior, sin perjuicio de otras actividades que con ese propósito realicen cada uno por separado. El financiamiento del Comité de Comunicaciones Conjunto será asumido por Gobierno Nacional.
(Imágen de la celebración de la firma del acuerdo de paz)
[1] Por “inclusión política” se entiende la mayor participación de ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, en el marco del fortalecimiento de la democracia, y no la propaganda o proselitismo político.
*Rodrigo Hernán Acosta Barrios, es Vocero de la Comisión Nacional de Diálogo del Proceso de Paz por los medios Comunitarios y alternativos y periodistas independientes, Presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa CCC.