PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS A LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL PRESENTADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DIÁLOGO PROMUEVE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NO LA CENSURA

COMUNICADO

Respuesta a Martha Lucia Ramírez y a los directores de algunos medios comerciales de comunicación.

(30 de septiembre de 2017, Comisión Nacional de Diálogo)

Es una petición sentida de las organizaciones y movimientos sociales de Colombia que se promueva al más alto nivel la libertad de expresión mediante un proceso de democratización de los medios de comunicación y se garantice el acceso a la información, el pluralismo y la  independencia así como los derechos de réplica y de rectificación; factores esenciales para la democracia y la paz.

Hace unas horas se conoció el texto de una comunicación dirigida al Presidente de la República y  los directores de varios medios comerciales de comunicación por parte de la señora Martha Lucia Ramírez  pre-candidata presidencial, en la que afirma sin sustento alguno, sobre una supuesta censura y expropiación de equipos a los medios de comunicación, según ella por el contenido de un proyecto de ley del gobierno nacional.

Lamentablemente y sin el cuidado necesario que deben tener los medios de comunicación, directores como  Juan Lozano (director de Red Mas Noticias), Dario Arismendi (director de 6AM Hoy por hoy), Hassan Nassar (Director del Noticiero de la FM), Gustavo Gómez (director de la Luciernaga), Ricardo Ospina (Director de Informativos Blue Radio) creyendo en las afirmaciones aventureras de la ciudadana, procedieron a avalar los supuestos hechos dando credibilidad al contenido de la carta.

Lo cierto es que la citada ciudadana, con un total desconocimiento del proceso de paz, enreda  las instancias y momentos, del proceso de paz, que deben llevar a  la presentación de un proyecto de Ley de garantías y participación de las organizaciones y movimientos sociales: en primer lugar es de precisar que  la presentación del documento de lineamientos  le corresponde a la Comisión Nacional de Diálogo integrada por 23 miembros que representan cada uno diferentes sectores de la Sociedad Civil,  voceros que fuimos  electos mediante un proceso público de foros regionales y un encuentro nacional en donde participaron miles de ciudadanos, proceso apoyado por los países acompañantes del proceso de paz y con el soporte  técnico de la Fundación Viva La Ciudadanía, El CINEP y Foro por Colombia. Luego  no es cierto que el proceso haya  sido a las escondidas o en forma secreta.

En segundo lugar, es importante precisar que a la fecha el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de Ley al Congreso  y que solo un borrador  fue presentado a la  Comisión de Seguimiento, impulso, verificación e implementación  del acuerdo CSVI para su análisis y que éste  documento en nada se refiere a los temas de libertad de expresión.  Borrador gubernamental sobre el cual la Comisión Nacional de Diálogo se pronunció por cuanto dicho documento no tiene en cuenta aspectos esenciales propuestos en armonía con el acuerdo de paz.

Meses atrás la Comisión Nacional de Diálogo  presentó al Gobierno Nacional y a la CSVI, el documento de lineamientos para la Ley de Garantías a la Participación, como lo establece el “Acuerdo Final de Paz” acompañado de un proyecto de ley alternativo, elaborado en forma juiciosa y ponderada que integra la reivindicación de derechos en el marco constitucional y del derecho internacional en los temas relacionados con la participación y la protesta social con los elementos propios de la libertad de expresión.

La ley de garantías a la participación y la protesta social es un clamor ciudadano que debería contar con el apoyo de los medios comerciales de comunicación, precisamente en momentos en los que Colombia vive la más profunda crisis por la corrupción y la necesidad por lo tanto  de fortalecer los mecanismos de control social, publicidad, libertad de expresión y veeduría ciudadana para la salvaguarda de los recursos públicos; al igual que lograr la garantías para la protesta social considerando que desde el 2016 a la fecha han sido asesinados 187 líderes sociales.

Nos permitimos desvirtuar  las  afirmaciones aventureras, de la mencionada ciudadana, la cual  se refirió en forma equivocada al proyecto de ley alternativo presentado por la Comisión Nacional de Diálogo que tampoco contiene las aseveraciones formuladas, veamos:

Dice la señora Ramírez, que la supuesta nueva norma: “ permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y puede llegar a instaurar la censura como regla general” Análisis: En ninguno de los apartes del proyecto alternativo aparece alusión alguna a la expropiación de equipos ni de licencias debidamente otorgadas , ni tampoco ninguna  forma de censura.

Dice que : “en sus artículos 81, 82 y 88 implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la Fuerza Pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro. Dicho proyecto ha venido siendo coordinado por el Ministerio del Interior”.  Análisis:  La ANTV o autoridad nacional de Televisión  es un cuerpo colegiado, integrado por 5 miembros, que incluye al Ministro de las TIC, un representante del Presidente y tres representantes escogidos por las universidades, los Gobernadores y la Sociedad Civil; luego,  es un espacio democrático en donde se está solicitando la integración de un representante electo por  las organizaciones y movimientos sociales, en igual sentido la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  y la ANE con el perfil propio y las competencias requeridas.

Ahora bien, como medida de reparación y garantía de no repetición, se propone que en el nuevo escenario de la paz y de diálogo nacional, las frecuencias asignadas a la fuerza pública deberían tener un rol diferente al asignado en la “seguridad democrática” y pasarlas a las comunidades en los territorios para que cumplan una función social y cultural. Se propone, por otro lado, que la reasignación de frecuencias dentro de los siguientes años se haga teniendo en cuenta los 3 sectores reconocidos a nivel nacional e internacional: El sector privado, el sector público y el sector comunitario.

Lo cierto es que hoy Colombia, en la clasificación mundial de la libertad de prensa se ubica en el poco honroso puesto 129 de 180 países estudiados[1], calificada de “una situación difícil” especialmente por los bajos niveles en cuanto  al pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, la falta de seguridad y límites a la libertad de los periodistas. En Colombia, sólo 8 grupos empresariales concentran la propiedad de los medios de comunicación, monopolizando el 78% de la audiencia de la radio, la prensa escrita y la televisión. Dos de ellos, la Organización Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo concentran el manejo de cerca del 50%. Se require por lo tanto de  mayor pluralismo y democracia informativa y las organizaciones y movimientos sociales estamos solicitando que en forma progresiva más voces sean escuchadas.

Es de recordarles a los medios comerciales que las frecuencias usadas en radio y televisión no son de su propiedad  y su uso es otorgado por el Estado mediante licencias. En un nuevo escenario de paz se requiere pluralidad de ideas, de voces y de imaginarios colectivos. Avanzar en la democratización de un recurso escaso como las frecuencias es parte de la democracia; no puede existir democracia con monopolio económico, ni con monopolio mediático.

Dice adicionalmente  la ciudadana que supuestamente “se proyecta la censura como regla general, para que los miembros de las FARC resulten intocables, puesto que a la exoneración de responsabilidades jurídicas y políticas que les provee el Acuerdo, se agrega la inmunidad social a sus graves crímenes”

Análisis: La afirmación es bien aventurera, puesto que el compromiso de la ley de participación  en nada tiene que ver con la Justicia Especial, ni con las emisoras de que trata el acuerdo Final en el numeral 6.5. No compartimos tampoco el que se pretenda confundir la existencia de organizaciones sociales de la sociedad civil con la otrora insurgencia.

Dice la poco informada ciudadana que “En los artículos 52 y 53 se establece que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse”.  

Análisis: En ninguna parte del proyecto de Ley alternativo se introducen elementos de censura sino de contrastación de información cuando los medios de comunicación se refieran a organizaciones y movimientos sociales y deberán consultarlas como fuente cuando informen  asuntos que les conciernen directamente. Es de precisar que la ética periodística implica precisamente la necesidad de contrastar las diferentes fuentes, pues no pueden algunos medios de comunicación seguir dando un trato discriminatorio a las organizaciones sociales y sus líderes y lideresas, quienes tienen el derecho también de expresarse. 

Se precisa entonces que las organizaciones y movimientos sociales gocen de los derechos de réplica y el accionar el derecho de rectificación frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques proferidos incluso por funcionarios públicos; son los mínimos derechos  ciudadanos  que en Colombia se ha negado, salvo las decisiones reiteradas de los tribunales.

Es de precisar que en ninguno de los artículos el proyecto de ley se refirió a prohibir a los medios a brindar informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las FARC, así tampoco la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información. La ciudadana mencionada comete una falsedad que más bien podría denotar afanes electorales.

A los directores de los medios comerciales, el presente ejemplo de lo sucedido, les lleva a tener el mayor cuidado y actuar con el más alto profesionalismo en la investigación periodística.