Los habitantes buscan evitar que el proyecto petrolero Llanos 69 se siga desarrollando en su municipio, por el alto riesgo sísmico de la región y por tratarse de una zona de recarga hídrica muy importante del Piedemonte llanero.
En un acto resistencia civil y en defensa del agua, los habitantes de Cumaral en el departamento del Meta, también se oponen a que se cambie la vocación agro turística y ganadera de su municipio, lo que genera deterioro social, ambiental y cultural en la región.
“¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral (Meta) se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos”. Esta es la pregunta avalada por el Tribunal Administrativo del Meta que autoriza la realización de una consulta popular para que sea el pueblo soberano quien decida si le conviene o no al municipio de Cumaral el proyecto petrolero. Para el tribunal, la pregunta está ajustada a la Constitución Nacional y a la Ley, según providencia de la magistrada Teresa Herrera Andrade del 14 de marzo de 2017.
Los líderes de la consulta y de una acción popular buscan además frenar el contrato 009 de 2012 celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la compañía (china) Mansarovar Energy Colombia, que se desarrolla en un área de 22 mil 650 hectáreas entre los municipios de Cumaral, Meta y Medina, Cundinamarca .
Con la acción popular los demandantes representados por el abogado Luis Arturo Ramírez piden que se protejan los derechos de los cumaraleños a gozar de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al interés comunitario y la preservación del medio ambiente.
De acuerdo con Rodrigo Negrete, Consultor legal ambiental, los territorios están reaccionando frente a las decisiones inconsultas e ilegítimas que se toman desde el nivel central en Bogotá, desconociendo la autonomía de los entes territoriales y sin consultar a los habitantes si quieren este tipo de actividades en sus territorios.
“Las decisiones se toman en Bogotá, pero se materializan en los municipios y son ellos quienes asumen los impactos, el costo de vida, la destrucción ambiental, la prostitución infantil, el desplazamiento, el deterioro social, el incremento en la emisión de gases, la congestión vehicular, el cambio del paisaje, la destrucción de sus fuentes hídricas, entre otros”.
Con la expedición de estas licencias ambientales se está arriesgando el recurso hídrico y la producción de alimentos, al tiempo que se están desconociendo los derechos constitucionales y se están privilegiando los intereses de unos pocos.
La pérdida ambiental, cultural y social que sufren las poblaciones, es irreparable mientras que las ganancias económicas van a parar a las arcas de las compañías, casi siempre en manos de extranjeros.Por esta razón, en diciembre pasado, los demandantes pidieron al tribunal que avalara la consulta popular para la cual recogieron 1.905 firmas con el respaldo del alcalde y la aprobación de la mayoría del Concejo Municipal de Cumaral.
Según el abogado Luis Arturo Ramírez, el desarrollo del proyecto petrolero de la compañía Mansarovar Energy ha puesto en marcha actividades de sísmica 3D que afectan los recursos hídricos de la región, las reservas forestales aledañas y dan un uso indebido al suelo.
En la demanda los habitantes en resistencia civil advierten que se están desconociendo la destinación y el ordenamiento territorial. Así mismo denuncian que las labores sísmicas han afectado los terrenos de las veredas Yarí, San Antonio, Chepero, Guacavia y Caney Medio.
Según el abogado demandante, las labores de la compañía Mansarovar Energy “se están haciendo en terrenos geológicamente inestables, sin los estudios pertinentes, arriesgando la estructura del terreno y generando un posible desastre natural”.
Por su parte, La corte dice que los municipios pueden prohibir la minería a través de acuerdos municipales o de consultas populares y a su vez, las comunidades deben ser consultadas de manera activa y eficaz. “No se pueden seguir emitiendo más títulos de esta naturaleza, sin garantizar la participación de las comunidades y que estas puedan conocer los proyectos de manera previa”, advirtió Negrete.
Los cumaraleños advierten sobre la doble moral del gobierno colombiano, quien firmó el año pasado el acuerdo de París donde se compromete entre otras a conservar y restaurar los bosques y las montañas, pero dentro del territorio toma otras decisiones que inciden en la variación del cambio climático. El Estado es quien debe generar reglas de juego para las tecnologías limpias y la conservación ambiental, pero sus entidades están haciendo lo contrario.
Por esta razón, los habitantes de Cumaral y demás poblaciones implicadas piden la suspensión total del proyecto petrolero Llano 69 en el Pie de Monte Llanero y claman el apoyo de todos los colombianos.
Nidia Acevedo Botello
Comunicadora Social-Periodista