Legalidad e ilegalidad de las corridas de Toros
Por: LEONIDAS MOSQUERA MARTINEZ *
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Cuando Gustavo Petro Urrego Alcalde de Bogotá emanó la Resolución 280 de 2012 para revocar Contrato Nº 411 de 1999 que tenían firmado entre la Corporación Taurina de Bogotá (CTB) y el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) para realizar las corridas de toros en los meses de enero y febrero de cada año y el Festival de Verano, nunca se imaginó que con ese acto iba a polarizar a la ciudad más importante de Colombia, como es Bogotá.
Petro sin duda sabía lo que hacía y la enorme responsabilidad que asumía cuando decidió quitarle las llaves a Felipe Negret el gerente de la CTB que tenía desde el año 2000 cuando asumió dicho rol para mantener firme la afición a los festejos taurinos en la capital, bajo la mirada de Enrique Peñalosa Alcalde de Bogotá en ese momento.
La Ley 84 de 1989 (estatuto Nacional de Protección de los Animales) y las sentencias de la Corte Constitucional C-666 de 2010 y C-889 de 2012, le permitieron a Gustavo Petro proponer en su Plan de Gobierno la aplicación de la normatividad existente a favor de los animales en especial a los toros que eran sacrificados en las jornadas taurinas en el Coso de la Santa María, bajo la argumentación “la Corte ordenó la extensión protecciones contra la crueldad y la tortura a animales que, utilizados en actividades culturales y recreativas, habían sido total y desproporcionadamente excluidos de esa protección para otorgar así inmunidad completa frente a las contravenciones establecidas por la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales) donde el Legislador, inequívocamente ordenó, en su artículo 1°, que ‘a partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre’.
Pero los argumentos del Alcalde Gustavo Petro, no eran los únicos la Corporación Taurina de Bogotá, también se valió de la normatividad vigente para defender sus derechos y alegar en franca lid ante las autoridades los daños causados por la Resolución 280 de 2012, que los dejaba por fuera de su trabajo cotidiano y echaba por el piso los conceptos constitucionales que tienen las corridas de toros por ser consideradas exequibles con base el Artículo séptimo de la Ley 84/89, que para el caso de la tauromaquia y el espectáculo taurino son: los de causar herida, lesión o muerte al toro, y el carácter de espectáculo dado a dichos eventos. En otras palabras, de la prohibición general de maltrato animal permanecen exceptuadas las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, becerradas y tientas -entre otras-: primero, por ser tenidas como espectáculos culturales jurídicamente lícitos; segundo, merced a la permisión constitucional para herir, lesionar o ultimar al toro en los tercios de vara, banderillas y muerte que componen el espectáculo taurino.
Con estos argumentos se polarizó la ciudadanía bogotana unos a favor del Alcalde Mayor Gustavo Petro y otros a favor de las corridas de toros que en su tradición llevan más de cien años de realizar la práctica en diferentes regiones del país y en la Ciudad de Bogotá.
Ante las demandas entabladas por el representante Felipe Negret de la Corporación Taurina de Bogotá la Corte Constitucional le dio la razón, obligando al administrador de Turno entregarle de nuevo las llaves al afectado, pero con el agregado de entregarle el escenario de la Plaza de Santa María reestructurada y remodelada para que los aficionados al evento artístico y cultural tenga seguridad por sus vidas.
Así lo reiteró la Corte Constitucional (C-1192/05), al expresar que la calificación de la actividad taurina como forma de expresión artística, satisfizo “el criterio jurídico de razonabilidad, pues como manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o en otra palabras. ”El arte de lidiar toros” ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos iberoamericanos”.
Pasaron 18 meses sin corridas de toros en la ciudad de Bogotá, tiempo que sirvió para que el IDRD y la Secretaria de Cultura invirtieran más de ocho mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Plaza de Santa María obedeciendo el mandato constitucional; y como si Colombia viviera en un círculo vicioso, el alcalde de turno el señor Enrique Peñalosa volvió entregarle las llaves al señor Felipe Negret Mosquera gerente de la Corporación Taurina de Bogotá para que realizara la feria taurina de la Ciudad.
El 22 de enero llenaron la Plaza 10 mil afiebrados a los toros que dejaron en la taquilla y abonados la suma de dos mil quinientos millones de pesos, de los cuales la administración distrital recibió la suma de novecientos millones de pesos, producto del arriendo que debe recibir la ciudad por el préstamo de la Plaza de Santa María.
Sin embargo la jornada no fue tan grata para la administración distrital y para la CTB, miles de jóvenes y adultos se agolparon alrededor de la plaza de Toros para protestar por la corrida de toros y en especial por la defensa del animal que según la Corte Constitucional los llama seres sintientes.
Pero también con las responsabilidades que debe asumir la Corte Constitucional por su ambigüedad porque no ha sido clara al dictar los fallos que anteceden para reactivar estas actividades, parecería que quieren quedar bien con todo el mundo, (como lo quiere hacer Peñalosa), puesto que no han tenido el suficiente criterio ético y jurídico para fallar en forma contundente y definitiva, recordemos cómo primero las prohibió en forma parcial y finalmente decidió autorizarlas en forma definitiva, con las consecuencias fatales que empiezan a ensombrecer sus decisiones y enfrentar a los ciudadanos y ciudadanos como sucedió el domingo 22 de enero de 2017, en que se enfrentaron los taurinos y no amantes de las corridas, obligando al Administrador Distrital emplear la fuerza pública conformada por más de dos mil efectivos de la Policía de Bogotá que intervinieron para garantizar “los derechos de unos y otros”, y que desafortunadamente dejó una serie de heridos y judicializados.
Los ánimos quedaron calientes y el próximo domingo 29 de enero de 2017 se volverá al ruedo, pero la administración de Enrique Peñalosa no correrá riesgos y hará respetar la jornada de toros con el incremento del pie de fuerza con 2 mil 500 efectivos que estarán protegiendo a los taurinos y dando palo a los defensores de los animales, que sin duda correrán los riesgos de enfrentar al dispositivo policial que hará sentir su bastón de mando.
Que sin duda generará más violencia como dice Uriel Ortiz Soto, en la Revista Semana del 27 de enero de 2017 “ Maltrato animal generador de Violencia” indudable que los hechos de violencia en cualquiera de sus modalidades y manifestaciones son generadores de más violencia: corridas de toros, corralejas, riñas de gallos, entre otras prácticas, son altamente nocivas al ser humano; quienes las promueven, sin excepción, son incitadores y provocadores de acciones violentas y vandálicas que la mayoría de las veces terminan en disturbios, con graves perjuicios y pérdidas económicas tanto para los organizadores como para quienes se oponen y generan espectáculos desagradables en una ciudad que, como Bogotá, se precia de culta.
Frente a las situaciones dadas Peñalosa junto con el senador Galán presentaron una propuesta de Ley para que el Congreso legisle, no para que acabe las corridas, sino para que intervenga en la estructura de la corrida de toros, en especial los puyones con la vara, las banderillas y la espada, actos que hacen que las corridas sean de extrema crueldad y que para los animalistas no se deben realizar en una sociedad de derechos como se cree que es la ciudad de Bogotá.
Para la administración Distrital, y en especial para el Alcalde Peñalosa, la ha sacado barata porque ha complacido a las dos partes: a los amantes de la tauromaquia les abrió las puertas de la Santa María para que realicen sus corridas de toros y a los defensores de los animales les dio contentillo colocándose la camiseta de los antitaurinos y radicando un propuestas en el Congreso con ayuda del Senador Galán perteneciente al partido Cambio Radical. Eso es lo que se llama tener suerte de conejo, con cara gano yo y con sello pierde usted.
O lo mejor este empastre lo podemos llamar de “dientes para afuera” porque se le juega a la doble moral: Por un lado Cobro a los taurinos y por el otro lado les digo a los defensores de los animales que estoy con ellos que soy solidario y paso una propuesta para que las corridas de toros aflojen en el maltrato y sufrimiento del toro “Morigerar” llama el constituyente. Y Como resultado ganó por cualquier parte, si el congreso no aprueba la eliminación del Tercer Tercio (la muerte del toro con la espada, descabello y corte de oreja), me gano a los taurinos, pero si el congreso aprueba la eliminación del Tercer Tercio, me gano a los defensores de los animales y dejo bien plantado al Partido Cambio Radical, el partido oficial del Alcalde Mayor de Bogotá y abro una buena posibilidad para que los animalistas voten por los comicios electorales que se avecinan: Elección de Congresistas y Presidencia de la República.
Que pasen buen día y ojo cuando estén en la hora del “corrientazo”, no olviden al pobre toro, que tiene que lidiar con tantos intereses y que al final no gana nada, todo se lo llevan los pudientes a nombre del buen y castigado animal.
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*Leonidas Mosquera es director de la Emira Comunitaria Ciudad Stereo