Por Rafael Colmenares – Ex vocero del Referendo por el Derecho Humano al Agua.
Hace algunos años, el ex – vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Sarageldin, lanzó una frase que con el tiempo se haría en famosa: “Las guerras del siglo XXI serán por el agua”. ¿Le ha llegado el turno a la Sabana de Bogotá?
Si bien es cierto que la EAAB utiliza solo la mitad del agua que potabiliza para atender las necesidades de Bogotá y diez de los municipios contiguos a esta, no lo es menos que esta aparente abundancia puede convertirse en dramática escasez. La calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento de Tibitoc y Wiesner es cada vez peor, lo cual determinó que la primera estuviera cerrada, en suma, durante cien días el año pasado y la segunda durante sesenta. Esto ha implicado adicionalmente que tengan que invertirse mayores cantidades de depurantes químicos lo cual aumenta los costos de potabilización.
Lo anterior se debe al asentamiento desordenado de viviendas campestres, empresas y diversas actividades cuyos vertimientos se realizan en los ríos Bogotá o Teusacá, cuando no contaminan los acuíferos mediante la disposición de excretas en pozos sépticos.
La Sabana, en particular la zona al norte de Bogotá, presenta desde hace varios años un desbalance entre el agua que recibe por infiltración y la que se le extrae mediante pozos que en buena parte operan sin permiso de la CAR, es decir son ilegales.
La situación se ha visto agravada, en los últimos años, al amparo de la autorización dada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para el establecimiento de la denominada “Vivienda Campestre”[1], que puede operar disponiendo sus excretas en pozos sépticos. Esta modalidad atenta contra el principio de que las aguas servidas deben ser tratadas antes de su vertimiento al medio natural.
Al tiempo, grandes industrias productoras de cerveza y gaseosas se han instalado en el entorno sabanero demandando ingentes cantidades de agua y produciendo los consiguientes vertimientos que no siempre son tratados adecuadamente, como ha podido constatarse recientemente por la EAAB.
La minería extractora de arena y otros materiales de construcción implica igualmente un gran impacto claramente visible en los Cerros Orientales de la ciudad y en los municipios circunvecinos alterando el ciclo hidrológico y deteriorando gravemente el paisaje, además de generar riesgos por deslizamientos y desestabilización de las estructuras geológicas.
Pareciera que el tipo de desarrollo que se ha venido impulsando en Bogotá y la Sabana se hubiera propuesto, paradójicamente, contravenir el mandato del artículo 61 de la Ley Ambiental[2] según el cual la Sabana de Bogotá es de “interés ecológico nacional” y su destinación prioritaria debe ser “agropecuaria y forestal”.
Las consecuencias de este tipo de desarrollo se pusieron de presente en las inundaciones que padecieron la ciudad y la región con ocasión de la reciente, pero ya casi olvidada, temporada de lluvias. Lujosas urbanizaciones asentadas en zonas de expansión del río Bogotá, en el municipio de Chía, y una connotada Universidad, sufrieron las consecuencias de contravenir las más elementales normas de ocupación del territorio. Desde luego los mayores perjuicios los sufrieron los pobladores pobres de las márgenes del río, obligados a habitar zonas de riesgo en ausencia de una real política de vivienda digna para ellos.
¿Para que sirve el ordenamiento territorial? Podrá preguntarse ante el panorama descrito. Si se trata de una simple adecuación y convalidación de las actuales formas de ocupación del territorio, que son el principal factor de vulnerabilidad para que el riesgo se convierta en desastre, nos podríamos ahorrar el complejo proceso que implica la expedición y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Una rápida mirada a los perímetros urbanos de los municipios aledaños a Bogotá muestra que estos no son definidos con base en las características geológicas, edafológicas, hidrológicas y paisajísticas del territorio sino que se acomodan a los planes de expansión urbana resultantes del fabuloso negocio de convertir las tierras de rurales en urbanizables, o en zonas industriales.
Lo anterior ha determinado que la Capital de la República y los cascos urbanos de los municipios más próximos dependan para su alimentación de suministros traídos de comarcas cada vez más alejadas y comporta igualmente el desplazamiento, por la dinámica económica del modelo, de la población campesina de la Sabana de Bogotá. Es decir a la vulnerabilidad ambiental se añade la alimentaria y la descomposición del tejido social.
Los ejes viales, ampliados mediante las denominadas “dobles calzadas” se han convertido, en ausencia de un ordenamiento territorial con sentido social y ambiental, en impulsores de este tipo de desarrollo que enriquece a urbanizadores, industriales y grandes centros comerciales y deteriora la calidad de vida de la mayoría de la población.
Este tipo de desarrollo requiere, sin lugar a dudas, de ingentes cantidades de agua. Por ello quienes se benefician de él, y quienes lo prohijan desde los altos cargos del Estado, han puesto el grito en el cielo ante la decisión de la Alcaldía de Bogotá y de la Gerencia de la EAAB, de no continuar facilitándolo mediante la denominada “venta de agua en bloque”.
Esta decisión ha sido cuestionada haciendo creer a la ciudadanía que se ha suspendido el suministro de agua a los municipios, lo cual contraviene la evidencia de que estos continúan disponiendo del líquido vital.
Se ha invocado igualmente el derecho humano al agua, del cual fueron recientes opositores quienes ahora se acogen a él, para sustentar que está por encima de todo intento de ordenamiento y racionalización del uso del suelo y en general del territorio. Nada más contrario al derecho humano al agua pues un ordenamiento territorial que garantice la sostenibilidad del agua y el territorio es precisamente la base para que aquel derecho pueda ser ejercido por las generaciones futuras, que también lo tienen, como se desprende de la definición consagrada en la Ley Ambiental[3].
El contexto anterior permite apreciar en toda su dimensión los anuncios del Ministro de Vivienda y el Gobernador de Cundinamarca, según los cuales demandarán a la EAAB por su negativa a continuar vendiendo “agua en bloque” a los municipios de la Sabana, más allá de los perímetros urbanos. Anuncian también que solicitarán una concesión de aguas a la CAR para construir un acueducto regional que independice a la región del yugo de la EAAB.
¿Será que la guerra es por el agua o por la defensa de los grandes negocios que ponen en riesgo a la región pero enriquecen a unos pocos y para los cuales el agua es decisiva?
[1] Este tipo de vivienda fue autorizada mediante el Decreto O97 de 2006
[2] Véase el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
[3] Según el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”