Colombia ha tenido un largo recorrido de guerras internas, en sus inicios por causas meramente partidistas, muchas de las Constituciones que se promulgaron desde 1810 hasta 1886, se confeccionaron para hacer tregua de estos escenarios guerreristas. Uno de los temas recurrentes ha sido la tenencia y propiedad de la tierra; Colombia no ha tenido una verdadera reforma agraria que reconozca el derecho a gozar legítimamente la tierra para aquellos que la trabajan.
Grandes extensiones protocolizadas y/o titularizadas, producto del desplazamiento de los conflictos armados internos, son terrenos ociosos, en donde miles de familias colombianas podrían proyectar la vocación agrícola de nuestras fértiles tierras, muchas de ellas en valles geográficos o en altiplanos, para consolidar la seguridad alimentaria, hoy perdida por culpa de las políticas neoliberales, que nos hacen depender de mercados y productos foráneos, inicialmente más baratos, pero a la postre de mayor costo, ante la ausencia o el destierro de los mismos en nuestro territorio.
La anhelada paz, que reclama la inmensa mayoría del pueblo colombiano, se reduce por los manipuladores de la opinión pública, a la solución del conflicto armado, mientras que muchos sectores de la sociedad civil, hablamos del conflicto social y armado, ciertamente las causas son determinantes en la búsqueda de una concertación.
El tema debe enfocarse entonces en la crisis de la democracia representativa, no obstante la Constitución de 1991, hizo un importante avance hacia la participación democrática, ello terminó reducido a un mero decir pues en la cotidianidad de la vida política colombiana, el esquema de la representación, define o impone en forma inconsulta el rumbo del país, que no acoge precisamente las necesidades del grueso de la población, a nombre de la cual se toman decisiones que precisamente les desfavorecen.
En medio de las desigualdades y de la falta de realización de los derechos individuales, sociales y colectivos, el conflicto armado encuentra caldo de cultivo para su existencia, ante lo cual el establecimiento estatal responde de manera desproporcionada en la dilapidación de grandes partidas del presupuesto nacional. El gasto militar para este año 2012 alcanza casi 23 billones de pesos, con un personal que se acerca al medio millón. Ese mismo talento humano debía dedicarse a labores de salud, educación, construcción de vivienda, confección de la cultura y otros derechos enunciados pero sin goce para el grueso de la población.
La representatividad es un sofisma sobre el que debe reflexionarse seriamente, en medio de estos diálogos de paz, sobre la base establecida en la misma Carta Fundamental de 1991, que la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan las ramas del poder público. El legislarse, con iniciativas presentadas por el gobierno nacional, se le ponen cada vez más trabas a dicha soberanía popular, no se consulta el interés general, se apela a el o sencillamente se le invoca, para favorecer realmente intereses particulares.
Colombia está sometida a las dinámicas del capitalismo salvaje, cuyas formulas neoliberales se abrieron paso y se consolidaron durante el gobierno de Cesar Gaviria, hace ya veinte años, esto no acoge la soberanía del pueblo, sino que consulta políticas impuestas por las transnacionales, guiado por la banca financiera internacional.
La soberanía popular, debe ir de la mano de la autonomía territorial y de la seguridad alimentaria, pilares que han sido menoscabados con Tratados de Libre Comercio, de hecho inequitativos, con potencias extranjeras. De esta manera, lo que se pone en juego son los intereses de grupos de poder, que manejan el país, que se congregan en gremios para los industriales, los grandes comerciantes y la banca financiera, los cuales distorsionan la realidad nacional, generando una falsa opinión pública que se direcciona desde los grandes medios masivos de comunicación.
Así las cosas, en el teórico esquema de las mesa de diálogo para la paz, la inmensa mayoría de las comunidades de base que conforman el tejido nacional, no tiene la posibilidad real de participar en el ejercicio de su propia soberanía que por ser la depositaria del interés general, debería prevalecer en estos diálogos como un factor determinante.
Ese inmenso tejido social, es precisamente el destinatario o la víctima de las políticas que se le imponen, son el gran consumidor, más por cantidad, de la bancarización, son la mano de obra cada vez más mal pagada, son los usuarios de pésimos servicios de educación y de salud, son las víctimas de la privatización de servicios básicos de acueducto, de energía, de aseo y afines, pero no son los llamados a determinar el rumbo de la agenda de paz.
No ponemos estas reflexiones sobre el tapete, para generar un mal clima en medio de estos necesarios diálogos, sino que intentamos opinar sobre la forma en que debe aprovecharse este momento que podría tornarse histórico, porque el conflicto social y armado, con un mero armisticio, sería un gran fracaso Nadie puede negar el empobrecimiento del pueblo colombiano, lo demuestran indicadores como el GINI, que dan cuenta de la ausencia de oportunidades para las mayorías de la población, es decir que la apertura de la brecha entre ricos y pobres, es una realidad que se materializa en Colombia, uno de los postulados del neoliberalismo.
Los grandes problemas estructurales de nuestra atribulada patria, deben ser identificados de la mano de las comunidades urbanas, campesinas, étnicas. Las necesidades de los distintos sectores, que recojan no solo a las mujeres, a los jóvenes, a la niñez, a quienes trabajan los distintos componentes de la nacionalidad. La ausencia de salud, de educación, de pleno empleo, de vivienda, de cultura, de buenas condiciones ambientales y de saneamiento básico, debe tocarse de manera vertebral, pues si el país sigue por la senda de la privatización se terminará de descuartizar la soberanía popular.
La soberanía popular, debe ser entonces la forjadora autónoma de la paz, debe participar con su propia sabiduría en la confección de los caminos hacia la convivencia nacional, atendiendo la materialización de sus derechos fundamentales en la construcción de un pacto social real, que atienda las necesidades de las comunidades, nadie puede ser excluido, pero debe prevalecer la búsqueda del interés general sobre los mezquinos apetitos individuales de pequeños pero poderosos grupos de poder.
Los diálogos de paz, se hacen desde el trazado de locomotoras de desarrollo que orienta el gobierno nacional, que no están diseñadas para el mejoramiento de las necesidades sociales, sino que pretenden el crecimiento y fortalecimiento del capitalismo global, cada vez más excluyente, con fuertes muestras de crisis, que pagan los sectores más pobres, precisamente los mayoritarios.
La búsqueda de la paz, debe poner a Colombia en el contexto latinoamericano, que busca su autonomía y hermandad, debe trazar acciones para el fortalecimiento con los pueblos hermanos, en una nueva estructuración política, que intenta distanciarse del sometimiento a las políticas neoliberales.
Si la mesa de los diálogos de paz, no se articula con la instalación de mesas regionales y sectoriales, por todo el país, no estaremos dando un paso cualitativo, esto debe ser el nutriente de la gestión de los temas, previamente discutidos y consensuados para que el busquemos la resolución del conflicto social y armado. Desde la perspectiva del empoderamiento de la soberanía popular, podremos hablar de la construcción del camino hacia una paz duradera, no como una fórmula descubierta al azar, sino como una movilidad que se construye día a día, brindando oportunidades para consolidar una conciencia nacional que respete la realidad de las múltiples regiones que reconozca la multiculturalidad y acoja la realidad pluriétnica de Colombia
Con estas herramientas podremos pensar en agendas que identifiquen la realidad de la oferta ambiental, su crecimiento y conservación, guiados por la búsqueda de biodiversidad, no solo de especies sino también de ideas y expresiones culturales y políticas. Así podremos pensar en la construcción y materialización de políticas ambientales, que garanticen nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras, donde el rol de los saberes tradicionales permita la realización de agricultura limpia, en la búsqueda de mejores condiciones de salud y en el goce espiritual de nuestra riqueza natural.
El camino hacia la paz es un gran reto de todas y todos los que nacimos en este terruño y estamos en estos lares, o partimos hacia otras latitudes, de quienes tienen múltiples vínculos con la historia y el futuro de nuestra patria, de quienes creemos que el sueño bolivariano es un reto que debemos materializar. Es oportuno ir poniendo las cartas sobre la mesa, las ideas deben fluir con absoluta libertad, las propuestas deben discutirse ampliamente, las reflexiones deben permitirse sin limitantes. Sin duda la oportunidad que se pone de presente, es un escenario que debe aprovecharse con la mayor inteligencia y con la abierta participación de todas y todos. No se trata de una tarea fácil, estaremos colocando las bases para un gran diálogo nacional, es un gran esfuerzo el que debemos hacer y aprovechar. El pueblo tiene la palabra, la misma que escrita dice que es el soberano, pero en la práctica es el gran sometido y explotado.
Armando Palau Aldana – Izquierda Liberal en Marcha